Denuncian arbitrariedades y falta de garantías en los traslados ordenados por el Instituto Nacional Penitenciario, mientras organismos internacionales llaman a respetar los derechos humanos de las personas privadas de libertad
Tegucigalpa, Honduras. – Organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado “abusos y arbitrariedades” en los recientes traslados de personas privadas de libertad en diversos centros penitenciarios del país. A razón de ello, se ha presentado un Habeas Corpus.
Alba Mejía, directora del Comité para la Prevención de la Tortura (CPTRT), fue enfática al señalar que “hay que corregir, no podemos vivir en la arbitrariedad, debemos hacer valer la ley y los derechos humanos”
Mejía destacó que los traslados masivos ordenados por el Instituto Nacional Penitenciario (INP) han derivado en violaciones fundamentales, como el acceso restringido al aire, la luz, la alimentación, el descanso y el contacto con familiares. “Si cualquiera estuviera privado de libertad, nos gustaría tener una cárcel que nos acoja para rehabilitarnos con respeto a los derechos humanos”, puntualizó.
La representante del CPTRT también criticó la decisión del gobierno de ceder la administración del sistema penitenciario a las Fuerzas Armadas –concedida en junio de 2023, después de la masacre donde perdieron la vida 46 privadas de libertad—. “Ha sido un grave error del presente gobierno ceder la administración del Sistema Penitenciario a los militares. Ellos hacen un gran trabajo en sus cuarteles cuidando la soberanía, pero ninguna institución nacional o internacional los ha capacitado para gestionar la vida de tantas personas que son tan diferentes”, manifestó.
Mejía aclaró que las organizaciones no están defendiendo a personas u organizaciones delictivas, como han insinuado autoridades penitenciarias. “Estamos velando por el respeto a los derechos humanos, no estamos protegiendo a ninguna persona u organización delictiva”, subrayó.
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HABEAS CORPUS CORRECTIVO ANTE TRASLADOS
Los traslados masivos de personas privadas de libertad en Honduras comenzaron a realizarse de manera sistemática desde mayo de 2025, cuando el Instituto Nacional Penitenciario (INP) inició un proceso simultáneo de que denominaron de “clasificación y reubicación” en varios centros penitenciarios del país.
Mildred Meléndez –seleccionada por la sociedad civil ante el Comité Nacional de Prevención Contra Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes (CONAPREV) pero que hasta la fecha no ha sido nombrada como tal—, denunció que el habeas corpus correctivo presentado responde a “todos los excesos y abusos” cometidos en el marco de los traslados. “Estos traslados ordenados y efectuados por el director del INP son ilegales, arbitrarios e ilegítimos”, afirmó Meléndez, quien también señaló que el CPRTRT ha documentado condiciones inhumanas y múltiples violaciones a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.
Meléndez insistió en que los traslados deben realizarse bajo criterios individuales, considerando el nivel de riesgo, la situación jurídica y las condiciones de salud de cada persona, tal como lo recomiendan los tratados internacionales. “Presentamos esta garantía para que la Sala ordene un juez ejecutor que constate las condiciones en los centros de detención y emita un informe con recomendaciones jurídicas, técnicas, psicológicas, de salud y trabajo social”, explicó.
Las organizaciones esperan que las autoridades judiciales tomen medidas urgentes para frenar los traslados colectivos y garantizar el respeto a los derechos humanos en el sistema penitenciario nacional.
Ante los cuestionamientos de organizaciones y organismos internacionales por los traslados masivos, Ramiro Fernando Muñoz, presidente de la Junta Interventora del Instituto Nacional Penitenciario (INP), defendió las acciones de la entidad.
Muñoz afirmó que se respetan los derechos humanos dentro de los centros penitenciarios, garantizando alimentación y la ausencia de maltratos físicos, pero enfatizó que su prioridad es “velar por los derechos de los diez millones de hondureños que están fuera” de las cárceles y que, según él, suelen ser ignorados por las organizaciones de derechos humanos. “Yo nunca he visto un ente de derechos humanos protegiéndole la vida a una de las víctimas afuera o viendo qué pasó con ellos”, refirió.
OACNUDH CUESTIONA ARBITRARIEDADES EN PLAN DE CLASIFICACIÓN PENITENCIARIA
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) expresó su preocupación por los traslados masivos de personas privadas de libertad dentro del plan de clasificación penitenciaria.
Aunque reconoce la importancia de esta medida recomendada por organismos nacionales e internacionales, advirtió que su implementación ha generado violaciones a derechos fundamentales, como la falta de evaluaciones individualizadas que consideren la situación jurídica, social y de salud de los internos, la ausencia de mecanismos para impugnar decisiones de traslado, condiciones precarias en los centros de destino, y la falta de notificación previa a los afectados y sus familias.
Además, recordó que las personas privadas de libertad mantienen plenamente sus derechos humanos y no deben ser sometidas a tratos punitivos o degradantes.
OACNUDH hizo un llamado al Estado hondureño para que los traslados y reclasificaciones se realicen con base en criterios técnicos objetivos, planificación adecuada y respeto a estándares internacionales de derechos humanos. Además, Subrayó que esta tarea debe ser permanente, individualizada y contar con personal capacitado para garantizar su legitimidad.
Asimismo, respaldó el trabajo de organismos como CONAPREV y Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), en la defensa de los derechos humanos y reiteró su disposición a colaborar con las autoridades para encontrar soluciones sostenibles centradas en la dignidad de las personas privadas de libertad y el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y seguridad ciudadana.
