Aunque la posibilidad de que el Poder ejecutivo intervenga cualquier institución del Estado fue impulsada y materializada por el expresidente Juan Orlando Hernández, el actual gobierno se ha valido de ello
Tegucigalpa, Honduras.- El 28 de febrero de 2024, en el Consejo de Secretarios de Estado, la presidenta Xiomara Castro creó la Comisión Nacional para la Construcción del Ferrocarril Interoceánico, un ente dirigido por un presidente ejecutivo y los titulares de cuatro secretarías de Estado y la gerencia de la Empresa Nacional Portuaria (ENP).
El decreto ejecutivo 08-2024, mediante el cual se creó la comisión, indica que el presidente ejecutivo, de libre nombramiento y remoción de la presidenta Xiomara Castro, cargo que recayó en su hijo y secretario privado de la Presidencia, Héctor Manuel Zelaya, tendrá amplios poderes de decisión dentro de la comisión.
Estos incluyen nombramientos técnicos, contratación de estudios y proyectos, elaboración de leyes específicas, obtención de permisos, gestión de financiamiento, desarrollo de reglamentos y socialización con la sociedad.
El presidente ejecutivo estará a cargo de formar equipos técnicos especializados, nacionales e internacionales, para apoyar en la planificación y ejecución del proyecto, y también será responsable de firmar contratos para realizar estudios preliminares, gestión de financiamientos y otros aspectos necesarios para la elaboración del proyecto.
Asimismo, el presidente ejecutivo deberá cumplir con cualquier otra función asignada por su madre, la presidenta Xiomara Castro, ya sea directamente o a través de decretos del Consejo de Secretarios de Estado.
A consideración del investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), Joaquín Mejía Rivera, la comisión era necesaria, pero no así el nombramiento del hijo de la presidenta como titular de la misma.
«La decisión de nombrar a su hijo obviamente genera un dilema ético. Se debió haber considerado el impacto de nombrar al hijo de la presidenta. Hay muchas personas en el país con capacidad técnica en esa área. Esa decisión debió haber sido analizada, pese a su facultad constitucional de nombrar a cualquier persona en esa posición», dijo Mejía Rivera a Criterio.hn.
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Sumado a la suspicacia que genera el nombramiento del hijo de la presidenta Castro dentro de la Comisión Nacional para la Construcción del Ferrocarril Interoceánico, los dos años y dos meses del actual gobierno se han caracterizado por el nombramiento de comisiones especiales o interventoras en distintas instituciones.
¿DE DÓNDE SURGEN LAS COMISIONES?
La creación de estas comisiones se fundamenta en el artículo 13 de la Ley para Optimizar la Administración Pública, y las comisiones interventoras del Poder Ejecutivo se basan en las reformas a los artículos 98, 99 y 100 de la Ley General de Administración del Estado, dos normativas que impulsó a finales de 2013 Juan Orlando Hernández como presidente del Congreso Nacional, meses antes de asumir como presidente de la República.
Y aunque este tipo de comisiones fueron altamente cuestionadas en años previos por quienes ahora gobiernan, se han convertido en una práctica común dentro de la Administración Xiomara Castro.
De hecho, una de las primeras acciones de la presidenta Xiomara Castro en 2022 fue nombrar la Comisión Interventora al Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema), que sufrió dos ampliaciones y que culminó sus labores el pasado 29 de febrero.
Seguidamente, designó comisiones interventoras para la Dirección General de Servicio Civil, que culminó en la creación de la Administración Nacional de Servicio Civil, y la Oficina Administrativa de Bienes Incautados (OABI), que recientemente recomendó reestructurar o liquidar dicha institución.
Otra comisión interventora se efectuó en el Sistema Nacional de Emergencias 911, que se creó para revisar un contrato de cámaras de videovigilancia y realizar una reestructuración de personal. Dicha comisión interventora sigue ejerciendo funciones.
En 2023, además, se crearon dos comisiones interventoras al sistema penitenciario nacional. Producto de varios amotinamientos, el 10 de abril se instaló una comisión interventora presidida por la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva.
Sin embargo, solo unos meses después, tras los sucesos violentos en la Penitenciaría Femenina de Adaptación Social (PNFAS), que dejaron 46 privadas de libertad muertas, el liderazgo de la intervención del Instituto Nacional Penitenciario (INP) lo asumieron las Fuerzas Armadas a partir del 1 de julio de ese año.
A través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), cuya normativa heredada del régimen de Juan Orlando Hernández no ha sido derogada por el Congreso Nacional, también se creó el 6 de junio de 2023 la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, cuyos resultados han sido cuestionados por favorecer el desalojo injusto, mientras el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) también ha cuestionado sus resultados.
SIN SUPERVISIÓN NI EVALUACIÓN DE RESULTADOS
A criterio del exdiputado del Partido Anticorrupción y analista político, Aníbal Cálix, las comisiones interventoras son carentes de supervisión y tampoco brindan certeza a los procesos de la administración general del Estado.
«El problema de las comisiones interventoras es que son ciertamente antojadizas, muchas de ellas no están integradas en el presupuesto general de la república», dijo Cálix a Criterio.hn.
Por su parte, Joaquín Mejía Rivera declaró que en varias ocasiones las comisiones interventoras no son evaluadas basándose en resultados, y únicamente reflejan la incapacidad gubernamental para solventar problemas.
«Las comisiones interventoras deben evaluarse en función de los resultados, en un tiempo determinado, pero en la mayoría de los casos las comisiones interventoras vienen a servir para avalar lo incorrecto que se ha hecho», añadió Mejía Rivera en conversación con este medio digital.
Entre 2014 y 2022, el Gobierno de Juan Orlando Hernández nombró 31 comisiones interventoras, valiéndose de la Ley para Optimizar la Administración Pública y las reformas a la Ley General de Administración del Estado.
