Tegucigalpa.- En una carta abierta a la presidenta Xiomara Castro, Amnistía Internacional reconoció avances puntuales de la administración, sin embargo, señaló que aún falta atajar problemas urgentes en materia de derechos humanos que fueron abordados en su plan de gobierno 2022-2026.
La misiva que fue escrita con motivo del primer aniversario del gobierno de Castro, valoró los adelantos realizados para la completa derogación de la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) con sus posibles riesgos en derechos humanos, así como el progreso en las discusiones para la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), y los pronunciamientos reconociendo la importancia de las labores de los personas defensoras de derechos humanos.
La organización instó a la administración Castro a demostrar voluntad y resultados en temáticas como la protección de la personas defensoras de derechos humanos, desmilitarizar las calles, la construcción de una sociedad igualitaria y libre de prejuicios, y garantizar una vida digna para las y los hondureños.
Al respecto, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, aludió que en los últimos años, Honduras se ha caracterizado por la violencia estatal, la represión y la impunidad, con gobiernos que han ignorado por completo los derechos humanos.
“La llegada del gobierno de Xiomara Castro, hace un año, representó una oportunidad histórica para cambiar el rumbo del país y poner los derechos humanos en el centro, pero el cambio no ha sido suficiente para atender la grave crisis que enfrenta la población en Honduras. Ya es hora de rectificar el rumbo”, manifestó Guevara Rosas.
PROTECCIÓN A DEFENSORES DE DD HH
Amnistía Internacional señaló que las personas defensoras de derechos humanos, especialmente quienes defienden la tierra, el territorio y el ambiente, continúan enfrentando altos niveles de violencia.
En la misiva, recordaron que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Honduras (OACNUDH) registró al menos 224 personas defensoras víctimas de agresiones en 2022, incluidos 12 asesinatos.
Cifras a las que se suman las muertes de los defensores de Guapinol Aly Magdaleno Domínguez Ramos y Jairo Bonilla Ayala, así como el presidente de la Cooperativa Los Laureles de Tocoa, Omar Cruz Tomé, junto a Andy Martínez Murillo en las primeras semanas de 2023.
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Entre las recomendaciones para la protección a defensores de derechos humanos, destacan: garantizar que autoridades no utilicen indebidamente el sistema de justicia para intimidar, hostigar y desacreditar; investigar activamente cualquier, ataque bajo un enfoque que reconozca su labor como defensor; propiciar la reforma de la normativa penal y adecuar a estándares de derechos humanos; garantizar la protección mediante estrategias y planes integrales; abordar las causas estructurales de los conflictos socio ambientales; y la adhesión al Acuerdo de Escazú.
DESMILITARIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS
Amnistía Internacional alude a la implantación del estado de excepción el 3 de diciembre de 2022 y su consecuente ampliación temporal y expansión territorial el 6 de enero de 2023, decretos que instan a las fuerzas policiales y militares a participar en la implementación de la suspensión de garantías constitucionales.
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Remarcan que la suspensión que derechos en la región ha derivado en violaciones a los derechos humanos como detenciones arbitrarias, malos tratos, discriminación, restricciones al ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a defender derechos humanos. A la vez que recuerdan que el Estado debe recurrir a este mecanismo únicamente en última instancia y asegurando las obligaciones bajo derecho internacional.
Sugieren la revisión de la idoneidad del estado de excepción; garantizar un retiro ordenado de las fuerzas militarizadas de las labores de seguridad pública; disposición de salvaguardas efectivas para la prevención de violaciones a los derechos; y garantizar investigaciones imparciales, independientes y efectivas en todos los casos en los que se sospeche abuso por agentes públicos.
CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD IGUALITARIA Y LIBRE DE PREJUICIOS
La organización recuerda a la presidenta Castro que durante su campaña, abanderó los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, comprometiéndose a realizar avances sustanciales en el cumplimiento de estos derechos. No obstante, el aborto sigue estando prohibido y el uso de la Pastilla Anconceptiva de Emergencia (PAE) está restringido únicamente a sobrevivientes de violencia sexual.
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De igual forma, saluda el reconocimiento de la responsabilidad del Estado de Honduras en el asesinato de Vicky Hernández, una mujer trans asesinada la noche del golpe de Estado de 2009, pero apunta que las muertes violentas de las personas LGBTIQ+ continúan siendo altas y tampoco se ha aprobado legislación para la identidad de género o el matrimonio entre personas del mismo sexo.
En esta materia, aconsejan: despenalizar el aborto en todas las circunstancias y garantizar el acceso al aborto seguro; acceso a métodos anticonceptivos, incluida la PAE en todas las circunstancias; realizar investigaciones exhaustivas e imparciales que involucren a la población LGBTIQ+; y la adopción de legislación que reconozca los matrimonios y uniones entre parejas del mismo sexo, y la identidad de género.
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GARANTIZAR UNA VIDA DIGNA
La pobreza, la desigualdad sumado al cambio climático y la degradación medioambiental, afecta negativamente al disfrute de un amplio abanico de derechos humanos en Honduras, y cómo las comunidades más afectadas son aquellas en vulnerabilidad social, exclusión y marginación histórica, establece la carta.
Además, apunta que Honduras tiene uno de los mayores índices de pobreza y de desigualdad en ingresos de América Latina y que el 82% de la población en área rural vive en pobreza. Pese a esto, el financiamiento de recursos públicos para el sistema de salud, es de los más bajos de la región.
En este aspecto, recomiendan: la adopción e implementación de medidas de mitigación compatibles con los derechos humanos que protejan a la población y reduzcan el riesgo de desastres; garantizar el derecho a la información y participación sobre todo en las comunidades más afectadas por la crisis climática; inversión transparente de los recursos con miras a la consolidación de un sistema de salud sólido; y salvaguardar los derechos humanos de las personas desplazadas o en riesgo de desplazamiento.
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Guevara Rosas apuntó que “miles de personas siguen desplazándose fuera y dentro del país, huyendo de los estragos de la crisis climática, la violencia, la pobreza y las desigualdades. Atender las causas estructurales de estas problemáticas con una perspectiva de derechos humanos es clave para que las personas puedan vivir dignamente en Honduras.”
