Tegucigalpa.- El gobierno de Xiomara Castro afronta una división interna que se contrapone a dar soluciones efectivas a la multi crisis que heredó tras la dictadura de doce años del Partido Nacional en el poder y genera atraso en la solución a demandas sociales que se agudizan en apenas seis meses de gestión.
La alianza política que pactó con el actual designado presidencial, que permitió destronar al Partido Nacional, en la actualidad genera desazón sumado a las posturas de afines al Partido Libertad y Refundación (Partido Libre) que promueven mayor resquebrajamiento.
Recientemente, el viceministro de comunicaciones, Carlos Estrada, se refirió a la problemática y asegura que un segmento contrario al Partido Libre, pero que votó por ellos pretende desestabilizar el gobierno de Castro al compararlo con el régimen ilegal y arbitrario que instauró el extraditado exmandatario Juan Orlando Hernández.
“Esa insistencia por querer igualar al gobierno de Xiomara Castro con la dictadura de JOH (como se le conoce a Hernández), es solo una burda línea que busca recomponer las fuerzas perdidas en el núcleo del golpismo. El segmento antiLibre que votó por Libre, hoy busca destruir el gobierno desde adentro”, cuestionó Estrada.
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Lo anterior, surge por las declaraciones de Nasralla quien asevera que la alianza con Castro prácticamente fue un fiasco al no cumplirse los acuerdos políticos que se pactaron siendo excluido del gobierno que integra.
“Hicimos alianza por necesidad de sacar un delincuente y se logró el objetivo; si yo no hubiera hecho esa alianza, el presidente en este momento sería Juan Orlando Hernández y no Nasry Asfura como algunos ingenuos creen. No cumplieron lo que firmamos, ya no puedo ir en alianza nuevamente cuando no cumplieron, ellos prometieron que tomaríamos las decisiones juntos y no cumplieron”, lamentó.
Nasralla reprocha que los designados presidenciales de Castro pese a ser parte del gobierno no tienen decisión ni voto en las determinaciones de nación, sin embargo, olvida que uno de sus diputados del Partido Salvador de Honduras (PSH) fue ungido presidente del Congreso Nacional, también el ministro de salud, Manuel Matheu, el ministro de desarrollo económico, Pedro Barquero y varios embajadores son parte de su partido.
Cabe recordar que Nasralla fue agredido por militantes del Partido Libre cuando participaba en una conferencia en las instalaciones de la Villa Olímpica en Tegucigalpa, días antes se había pronunciado en contra de las determinaciones de Castro.
Además, el gobierno ha tenido que abordar la división en la bancada del Partido Libre, más de una veintena de sus diputados han sido considerados insurgentes por actuar en contra de las posiciones y acuerdos a los que se comprometió Castro generando crisis en el Congreso Nacional que repercute en la ingobernabilidad.
Asimismo, las bases del Partido Libre reiteradamente mantienen y protagonizan protestas en diversas instituciones de Estado exigiendo un contrato laboral y, en otros casos, la destitución de autoridades, como las protestas violentas que ejecutó el propio diputado Mauricio Rivera quien agredió y amenazó a la delegada presidencial del programa Ciudad Mujer, Tatiana Lara, para lograr puestos de trabajo a sus afines.
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A criterio de Lester Ramírez, director de gobernanza y transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), no existe una crisis que genere ingobernabilidad, sin embargo, señala que estos conflictos internos repercuten en la administración de la nación obstaculizando resultados para atender los problemas históricos del país.
Para Ramírez, la división en el gobierno repercute debido a la agenda política del Partido Libre que promueve temas como una Asamblea Nacional Constituyente o patrocina candidaturas de sus funcionarios para optar a ser candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), esto genera sisma más no ingobernabilidad.
Similar valoración tiene la analista y defensora de derechos humanos, Reina Rivera, que considera el gobierno de Castro enfrenta “dificultades por el proceso de transición” aunado a que existe una polarización del país lo que aletarga la implementación de políticas públicas y programas sociales que atiendan las prioridades.
Además, indicó que se debe analizar el papel que representa la figura de designado presidencial debido que la propia Constitución no contempla sus funciones y es la figura presidencial quien define qué labores desarrollará dentro del gobierno.
Rivera valora que Nasralla “ya no está en campaña electoral” y sus alegatos no generan una desestabilización, por el contrario, retrasa el accionar del gobierno del cual forma parte.
“Ha habido dificultades porque el proceso de transición ha sido bastante largo, hay instituciones que no han recibido presupuesto, ministros sin recibir salarios justamente porque fue un proceso de transición muy a ciegas por todos los señalamientos de narco Estado, esto le quita tiempo al gobierno de organizarse y resolver temas de transcendencia nacional”, añadió.
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Más allá de una campaña para desestabilizar la gestión de Castro, Rivera considera que son “temas que ejercen presión y distraen la atención del gobierno”.
De igual manera, el sociólogo y catedrático universitario, Marco Tinoco, expone que las posturas de Nasralla, las protestas de simpatizantes del Partido Libre y posibles fraccionamientos en la bancada rojinegra solo “debilita algunas acciones del gobierno”.
Al igual que los demás entrevistados, Tinoco coincide que hay otros temas trascendentales que pueden generar ingobernabilidad, pero no de parte del gobierno sino determinaciones de otros poderes del Estado como la elección a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia o acciones de estructuras criminales que ocasionan incremento de la violencia.
