Tegucigalpa, Honduras. – La masacre perpetrada en la penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), de acuerdo con analistas fue el gancho perfecto para darle el control del Sistema Penitenciario Nacional a la Policía Militar de Orden Público (PMOP).
Luego de una reunión de emergencia convocada por la presidenta Xiomara Castro al Consejo de Defensa y Seguridad, la mandataria determinó que a partir del 1 de julio de 2023 las PMOP asumirá el control penitenciario.
Esta decisión –aplaudida por unos y cuestionada por otros— forma parte de las medidas drásticas que la mandataria anunció a través de su cuenta de Twitter el martes 20 de junio –día de la tragedia en PNFAS —
Luego de la masacre en la que murieron 46 mujeres privadas de libertad, víctimas de un incendio provocado y otras acribilladas, un hecho catalogado como feminicidio, por la falta de acción del Estado al estar bajo su custodia”.
Estas medidas, incluyen ceder el control del sistema penitenciario a los militares, ampliar el estado de excepción –instaurado desde el 6 de diciembre de 2022—, la destitución del ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, y cesár en el cargo a los miembros de la Junta Interventora del Instituto Nacional Penitenciario, entre otras medidas.
El sistema penitenciario ha estado en manos de diversos actores: militares, policías, sociedad civil, e interventoras en medio de crisis, sin embargo, para analistas y defensores de derechos humanos, el fracaso sigue siendo el mismo.
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¿DÓNDE QUEDÓ LA PROMESA “ENVIAR LOS MILITARES A SUS CUARTELES”?
Durante la campaña política de mandataria hondureña aseguró enviar a los militares a sus cuarteles”, una promesa que está quedando únicamente en la memoria de los hondureños y hondureñas que han sido víctimas de las arbitrariedades y constantes violaciones a los derechos humanos por este ente armado del Estado.
Esta decisión de Castro, es “una bofetada terrible a la promesa de campaña de eliminar a la policía militar” señaló a Criterio.hn el doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía.
Además, añadió que representa una contradicción porque “la policía militar es la misma policía asesina, es la misma policía sicaria que en el marco de la crisis postelectoral asesinó a personas”.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), durante la crisis postelectoral del 2017, registró la muerte de 16 víctimas que perecieron por herida de bala disparadas por fuerzas de seguridad del Estado.
Además, en esa misma crisis el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), recibió 183 quejas por lesiones y 253 agentes de seguridad heridos.
Por su parte, organizaciones de sociedad civil contabilizaron 232 personas heridas entre el 29 de noviembre y el 31 de diciembre de 2017 y más de mil personas detenidas.
De igual forma, la OACNUDH documentó denuncias por allanamientos ilegales de vivienda por parte de elementos de las fuerzas de seguridad.
Por su parte, el analista político Luis León, director del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, cuestionó en entrevista con Criterio.hn, “la Policía militar no va a ser la gran solución, el gran enemigo de Libertad y Refundación fue la policía militar y ahora lo venden como el salvador de las cárceles”.
Pese a que en términos pragmáticos la decisión es contradictora, para Lester Ramírez, director de Gobernabilidad y Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa, “siendo superrealistas en la única decisión que podían tomar”.
Además, Ramírez, mencionó que estas acciones pasan porque “a los militares hay que mantenerlos felices y eso es lo que está haciendo este gobierno”.
También, refirió que la incorporación de los militares en actividades de seguridad civil –al igual que los gobiernos anteriores— “es un tema ideológico, meramente político”.
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¿MILITARES REALMENTE SON LA SOLUCIÓN DE LA CRISIS DEL SISTEMA PENITENCIARIO?
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el informe preliminar de 2018, señaló que “en un sistema democrático es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la policía y la defensa nacional como función de las fuerzas armadas”.
Sin embargo, en la misiva que trascendió ayer desde Casa de Gobierno se señala que el control de los 21 centros penitenciarios estará en manos de la Policial Militar del Orden Público durante un año, en este tiempo, además estarán encargados de “reclutar, capacitar, y formar a por lo menos 2,000 nuevos custodios de centros penales”.
Joaquín Mejía, señaló que cuando existen escenarios donde las estructuras y grupos criminales tienen “un poder de fuego y un control territorial que no es posible contrarrestar sólo con las capacidades de la policía”, la Constitución de la República permite la participación de los militares.
Pero, Mejía advierte que estas intervenciones deben de ser “excepcionales acotadas y transitorias en el tiempo y bajo un estricto control civil judicial y parlamentario”.
Por su parte, la investigadora en temas de seguridad, Mirna Flores, del Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), ve con preocupación el retroceso de la desmilitarización de la seguridad ciudadana, porque “el imaginario del gobierno –que se traslada a la ciudadanía— es que los militares tienen más capacidad para resolver estos problemas e inclusive, que los civiles no tienen capacidad”.
Mirna Flores, es del criterio que la Policía Militar del Orden Público “no está preparada frente a temas penitenciarios”. Por consiguiente, “pensar que este problema se va a resolver, a través de las Fuerzas Armadas, es difícil”.
Por su parte, Luis León, refirió que la crisis del sistema penitenciario es porque “El problema es que seguimos con los mismos errores de no tener una estrategia de seguridad y una estrategia en materia de justicia”.
En Honduras, la mora judicial ronda el 20% según declaraciones brindadas por el vocero de la Corte Suprema de Justicia, Melvin Duarte el pasado mes de enero.
Además, la OACNUDH, en su informe “Situación de derechos humanos en Honduras 2022”, destacó que en el Sistema Nacional Penitenciario el 51.6% de los privados de libertad no cuentan con sentencia firme, situación que arrecia el problema del hacinamiento, que hasta diciembre de 2022 alcanzó un 34.2%.
