Tegucigalpa. – Diversas entidades han desarrollado reuniones para abordar la propuesta de Ley de Desarrollo Inclusivo para las Personas con Discapacidad, en la cual especifican diversos derechos que debe reconocer y cumplir el Estado de Honduras para garantizar el derecho a la vida, el trabajo, el desplazamiento y la inclusión de las personas con discapacidad.
Ante la falta de mecanismos y planificación urbanística para facilitar el desplazamiento de las personas con discapacidad, entre los puntos establecidos en el documento, definen las limitantes que presentan las ciudades en cuánto y cómo deberían ser resueltas.
Las barreras físicas, actitudinales y comunicacionales, son los obstáculos y barreras ambientales, físicas, arquitectónicas, urbanísticas, intelectuales, culturales y de comunicación implantados por la sociedad.
El arquitecto Ricardo Calderón Deras, especialista en restauración urbana y arquitectónica, explicó a Criterio.hn que, es un reto que todas las ciudades sean de Honduras sean accesibles para las personas de la tercera edad y las personas con discapacidad, quienes solo se enfrentan a las carencias económicas también a las limitantes físicas, urbanas y arquitectónicas de lugares públicos y privados.
A las autoridades les debía surgir como prioridad la atención de esos puntos, para hacer más fácil la convivencia, el acceso y uso de los espacios y el desarrollo de las personas con limitantes visuales, auditivas, cognitivas, de movimiento y otros.
Entre los principales criterios para una ciudad accesible está garantizar la continuidad de rutas libres de obstáculos al interior, exterior de la edificación y de los espacios abiertos.
El arquitecto sostuvo que “todo permiso de construcción emitido por las alcaldías debería ser validado tomando en cuenta que sean accesibles a todo tipo de espacios, definiendo una serie de medidas y criterios constructivos para el diseño y mobiliario garantizando el acceso a un número más grande de personas”.
Para apoyar las actividades y desplazamiento diario de las personas con discapacidad temporal y permanente se requiere de ayudas técnicas, como los bastones, sillas de rueda, muletas, andadores y otros.
BARRERAS FÍSICAS, ARQUITECTÓNICAS Y URBANAS
“Las construcciones deben ejecutarse basados en estudios y medidas antropométricas, revisando las leyes y normas de accesibilidad nacionales e internacionales, es ahí donde el gobierno central y los gobiernos locales, deben tener la voluntad en cumplir el compromiso de construir ciudades accesibles”, señaló Calderón.
Los arquitectos e ingenieros civiles deben ser sensibilizados para proyectar, diseñar y construir espacios eliminando las barreras físicas y sociales para facilitar su acceso y uso, libre desplazamiento y aprovechamiento de espacios, para mejoramiento de la estructura urbana en las edificaciones y ciudades.
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CIUDADES Y EDIFICIOS INCLUYENTES Y ADECUADOS
La accesibilidad universal, se crea tomando en consideración las condiciones y facilidades que deben cumplir los entornos físicos ya sean urbanísticos y arquitectónicos, servicios, productos, bienes, transporte, información, documentación y toda forma de comunicación, tanto en zonas urbanas como rurales, para las personas con discapacidad.
Además, el diseño universal, se entiende como el diseño de productos, entornos, programas y servicios que pueden utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseños especializados. El diseño universal incluye las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se necesiten.
La defensora de derechos humanos, Dina Meza, comentó en entrevista con Criterio.hn que, el Estado nunca ha asumido su responsabilidad en favor de este sector, siendo uno de los más desprotegidos quedando mayormente reflejado durante la pandemia.
En Honduras es casi obligatorio ejercer presión para poner en marcha el cumplimiento de los derechos de estas personas con discapacidad, por ejemplo, que las grandes empresas también les brinden oportunidades de empleos.
“Por ejemplo, trabajar en la infraestructura de lugares públicos y privados que no están aptos para las personas que tienen discapacidades. Hay gente que no puede visitar instituciones porque solo se puede acceder por medio de gradas y quizás se trata de una persona que utiliza silla de ruedas”, razonó Meza.
Otra labor complicada, pero de gran importancia a mejorar debido a las grandes falencias que presenta, es implementar el servicio de transporte funcional para las personas con discapacidad.
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FACILITAR ACCESO A ENTIDADES Y TRANSPORTE
En el servicio de trasporte, que es necesario garantizar su accesibilidad, de tal forma que, el ente rector del transporte, garantizará que las empresas operadoras de los diferentes servicios del rubro, público y privado, cumplan con los requerimientos adecuados para las personas con discapacidad, entre ellas:
Establecer condiciones de accesibilidad universal en las diferentes estaciones y terminales de los medios de transporte, en sus diferentes modalidades. Además, proporcionar trato digno de parte de los conductores y asistentes de medios de transporte en todas sus modalidades.
Es preocupante que este amplio sector este imposibilitado de acudir a las entidades y diferentes autoridades debido a su condición, siendo esta una forma de discriminación.
En el caso de la niñez con discapacidad, son excluidos de la educación al no existir facilidades para incorporarlos a los salones de clase y faltar personal académicos con conocimiento especializado que maneje el Lenguaje de Señas de Honduras (LESHO), y el sistema de escritura braille para no videntes, entre otros.
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En el documento, aconsejan que las unidades de transporte deben disponer como mínimo de cuatro asientos debidamente señalizados, de uso exclusivo para personas con discapacidad, los cuales deben ser ubicados contiguo a las puertas de acceso.
En la propuesta también agregan que Estado garantizará que al menos el 5% de la introducción de nuevas unidades de transporte, cumplan con los requerimientos de accesibilidad universal.
“Se debe alentar que hay personas que tienen estos retos, que hay que respetarles sus derechos, hay que ayudarles y ser solidarios con ellos, pero es Estado no ha asumido su responsabilidad, de ahí vemos que hay informes que señalan las grandes deficiencias”, dijo la defensora de derechos humanos.
En coordinación con la DIGEDEPDI, consejo consultivo y las organizaciones de sociedad civil, la revisión técnica que acredite que las unidades estén adaptadas según las normas de accesibilidad universal, siendo el incumplimiento de esta disposición suficiente para aplicar sanciones establecidas en el reglamento.
