Tegucigalpa, Honduras.- La falta de consensos en el Congreso Nacional, que ha estancado por más de un mes la elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público (MP), sumado a paralizar la agenda legislativa, ha profundizado las fisuras provocadas porque el abogado Daniel Sibrián es el encargado de llevar la titularidad del ente investigador de manera momentánea.
El antecedente más reciente que pone en evidencia cómo toda la institucionalidad está cooptada, es que el pasado 28 de septiembre la Cancillería, a través de un documento, en respuesta a una solicitud, desconoció a Sibrián como fiscal general del Ministerio Público, argumentando que su período constitucional terminó el pasado 31 de agosto.
De igual manera, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, desde el primero de septiembre, que tuvieron que ser juramentadas las nuevas autoridades, aseguró que el Ministerio Público estaba sin fiscal general y adjunto, dejando el mandato constitucional que obedecer Sibrián.
“Vamos contra la corrupción. El artículo 80 y el reglamento interno, no pueden delegar facultades constitucionales. Los titulares del Ministerio Público tienen vencido su mandato, por lo tanto, la titularidad del MP está acéfala. Urge elegir”, escribió Castro en su cuenta X.
Sin embargo, aunque desde el oficialismo no acuerpe esta normativa, el artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional establece que, si todavía no se han escogido las nuevas autoridades del Ministerio Público, las anteriores deben permanecer en los puestos hasta que se realice dicho proceso.
Además, el artículo 233 de la Constitución de la República avala que Sibrián ostente la titularidad de manera momentánea, puesto que establece que, en ausencia del fiscal general (en este caso Chinchilla que dejó el cargo para sumarse como magistrado de la Corte Interamericana de Justicia) el adjunto tomará el puesto, pero si este no está disponible, lo podrá hacer el director de fiscales de turno (José Mario Salgado).
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PRINCIPAL ARGUMENTO: SER MAYORÍA EN EL CN
Desde la bancada del partido Libertad y Refundación (Libre), que preside el diputado de Olancho Rafael Sarmiento, sostienen que el oficialismo no sólo tiene que escoger las nuevas autoridades del ente investigador, sino que de todas las instituciones que entre en proceso de elección en el Congreso Nacional, ya que son el partido político que predomina en número en el Poder Legislativo.
“El pueblo hondureño fue a las urnas (elecciones generales 2021) y le dio el mandato a la presidenta Xiomara, Libre y a nosotros como diputados. Entonces, las mayorías estamos proponiendo fiscal (…) siguiendo las reglas de la democracia, le toca al partido Libre proponer fiscal general”, analizó el vicepresidente del Congreso Nacional Rasel Tomé.
En palabras sencillas, Tomé, que hace poco anduvo de viaje en Rusia, junto a una docena de sus compañeros de bancada, plantea que el oficialismo, por haber ganado las elecciones generales de 2021, debe ser encargado de imponer el nuevo fiscal general, como pasó hace un poco más de un año con la instalación de la Junta Directiva de la que él forma parte y, hasta la fecha, se duda de su legitimidad.
Lo paradójico del caso, es que pese a que los diputados oficialistas son mayoría en el Congreso Nacional (50), la moción nominativa que presentaron, el pasado 31 de agosto, sólo alcanzó 52 votos, por lo que no pudo ni ser valorada por el pleno de congresistas porque se necesita la mayoría calificada (86).
Analistas sostienen que el partido de gobierno debe cambiar su estrategia en este proceso de elección de la fiscalía, ya que no están obteniendo el apoyo requerido en el Congreso y el mensaje que están dando a entender a la población es de imposición.
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POSTURA DE LOS PARTIDOS EN OPOSICIÓN
Los partidos opositores (Partido Salvador de Honduras, Liberal y Nacional) al gobierno de la presidenta Xiomara Castro reconocen, alientan y apoyan a la gestión del abogado Daniel Sibrián como fiscal general momentáneo, lo que, para varios sectores, se podría interpretar que este les está haciendo favores o terminando de atar los cabos que Chinchilla dejó sueltos.
Por ejemplo, para el analista político y exministro de Transparencia Edmundo Orellana, los que se han encargado de estancar el proceso de elección de la fiscalía por más de un mes, son los mismos que apoyan la continuidad de Sibrián en el Ministerio Público.
“El Congreso no es un órgano de decisión unánime, está dividido en sectores, uno de esos sectores no permitirá que la elección del fiscal general se haga en el tiempo establecido, mientras no se resuelve la situación personal de varios diputados con imputaciones en los tribunales”, dijo Orellana a Criterio.hn.
“Está tan arraigada la corrupción en el país que la elección de un fiscal general se volvió tan compleja y con tantas aristas, lo único que nos refleja es que hay mucho interés de los políticos por escoger a alguien que sea un amigo complaciente total, que garantice la impunidad”, agregó Orellana.
De igual manera, Orellana, que fue el primer fiscal general hondureño, aseguró que, el nuevo fiscal general que sea electo en el Congreso Nacional saldrá comprometido con los partidos políticos, ya que eso es lo que mantienen maniatado el proceso de elección.
“Como esto es una elección política, cualquiera que escojan va a salir comprometido con las fuerzas políticas oscuras que están llevando el proceso (Congreso Nacional) porque se compromete a darles la seguridad que no los va a investigar ni perseguir”, consideró.
Aunque desde la sociedad hondureña urjan no dilatar más este proceso de elección, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, programó la siguiente sesión legislativa, en la que se podría escoger a las nuevas autoridades del MP si ya hay acuerdos, hasta el 17 de octubre de este año, es decir, ese Poder del Estado estará sin trabajar casi dos meses, mientras los diputados continúan devengando sus salarios.
