Nación

Expediente de Teodoro Bonilla está blindado

Teodoro Bonilla, vicepresidente del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial.

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Por: Redacción CRITERIO

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El expediente judicial número 225-2015, que contiene la acusación criminal contra el vicepresidente del Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla, está “blindado”, por instrucciones del juez natural, el magistrado Víctor Manuel Lozano.

Teodoro Bonilla y Víctor Manuel Lozano se han puesto de acuerdo para manosear los fondos de la licitación del edificio.
Teodoro Bonilla y Víctor Manuel Lozano 

Se conoció que el expediente fue blindado desde que se presentó el requerimiento fiscal el pasado 5 de octubre del presente año.

Ante el mencionado blindaje, la Sala de lo Constitucional está investigando cómo se fugó la información sobre las comprometedoras conversaciones telefónicas entre el ahora juez natural Lozano y el concejal Bonilla que ya han trascendido en varios medios de comunicación.

Actualmente los documentos están en manos de uno de los asistentes del magistrado Lozano, quien lo deberá mantener bajo llave hasta que la corte especial penal de apelaciones resuelva el recurso de recusación presentado contra el magistrado Lozano.

En ese expediente se registra  todas las acusaciones que el ente acusador le impuso al concejal, allí se detallan alrededor de unas 30 conversaciones,  entre Teodoro Bonilla y el magistrado Lozano.

Además se registra  otra conversación “íntima” y comprometedora entre el concejal y varias funcionarias del Poder Judicial.

Se maneja que la corte penal especial de apelaciones, compuesta por los magistrados: Silvia Santos, Germán García y José Elmer Lizardo, no se ha reunido.

Se maneja que no lo harán y al parecer lo dejarán para que los nuevos magistrados que estarían asumiendo en la CSJ en enero de 2016, tomen la determinación si decretan medidas cautelares o prisión preventiva al vicepresidente del Consejo de la Judicatura Teodoro Bonilla.

Además se espera que el congreso nacional tome la decisión de suspender a ambos funcionarios porque han faltado a las normas de la moral, la ética y han violado la ley judicial.

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