Tegucigalpa, Honduras. –Tras la destitución del consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon David Ochoa, en medio de un cuestionado juicio político, y la renuncia de la consejera suplente Karen Rodríguez, el Congreso Nacional recibió 60 autopostulaciones para ocupar las vacantes en el máximo órgano electoral, en un proceso marcado por la diversidad de perfiles y la presencia de figuras con antecedentes políticos y administrativos en distintos gobiernos.
Entre los aspirantes figuran exfuncionarios de las administraciones de la presidenta Xiomara Castro (2022-2026) y del expresidente Juan Orlando Hernández, quien fue sentenciado a 45 años de prisión por delitos de narcotráfico y posteriormente indultado por el mandatario estadounidense Donald Trump en diciembre de 2025. La lista también incluye profesionales del derecho, médicos, académicos, exdiputados y técnicos electorales.
El Congreso Nacional, a través de una comisión especial multipartidaria, inició el proceso de revisión de documentos y audiencias públicas para evaluar la idoneidad de los postulantes, en medio de cuestionamientos sobre la transparencia, los criterios de selección y la despolitización –que nuevamente queda en el discurso, ya que gran parte de los aspirantes tienen vínculos a partidos políticos—.
El secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, informó que las audiencias comenzarán el miércoles 29 de abril y se extenderán en jornadas de 12 horas, de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche, durante cinco días.
“Esperamos que estas audiencias sean acompañadas por la ciudadanía, organizaciones y medios de comunicación, para garantizar la transparencia del proceso”, expresó el congresista.
Según el cronograma legislativo, primero se evaluará a los aspirantes al CNE y posteriormente a los del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), quienes deberán someterse además a pruebas toxicológicas y psicométricas como parte del proceso de selección.
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DIPUTADOS, ABOGADOS Y EXFUNCIONARIOS JUDICIALES
Criterio.hn realizó una exhaustiva revisión de los perfiles, antecedentes y experiencia de los 60 aspirantes a consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE). En el listado se observó el nombre de Francisco Edgardo Pascua Cantarero, apoderado legal del exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) Mario Zelaya, uno de los principales actores en el desfalcó de 7 mil millones de lempiras a esa institución, y de la exjueza Ruth Anabella Cruz Zamora, acusada por violación de los deberes de los funcionarios y abuso de autoridad.
Entre los aspirantes destaca Germán Oswaldo Altamirano, actual diputado del partido Libertad y Refundación (Libre). También figura Alfredo Enrique Laínez, abogado e ingeniero en sistemas, con experiencia técnica en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
Según su perfil en LinkedIn ha trabajado en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), el Registro Nacional de las Personas (RNP) y recientemente como director de sistemas en la Secretaría de Desarrollo para el Seguimiento de Proyectos y Acuerdos.
En la lista también aparece José Arnulfo Lagos Argeñal, quien en 2022 presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la junta directiva del Congreso liderada por Jorge Cálix, que derivó en una crisis política y la división en la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre), alegando violaciones a derechos constitucionales en la elección legislativa de ese año.
Vilma Clementina Zúñiga de Vicente, abogada con experiencia en litigios electorales, también figura entre las aspirantes. Ha actuado como apoderada legal de excandidatos a alcaldes Santiago Sabillón Madrid (Petoa, Santa Bárbara) y David Castro Núñez (Cedros, Francisco Morazán), ambos del Partido Liberal, en recursos presentados ante el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
En 2023 fungió como encargada de la Unidad de Cumplimiento Normativo y Veeduría de Programas y Proyectos de la Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (Sedespa), institución a cargo de Fabiola Abudoj, quien participó en la campaña electoral de 2025 en el movimiento de Jorge Cálix.
Actualmente ocupa un cargo gerencial en el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), siendo esta una de las cuotas de poder otorgadas a figuras ligadas al diputado liberal Jorge Cálix.
Entre los perfiles políticos resalta Rossel Renán Inestroza Martínez, exdiputado del Partido Nacional, quien votó a favor de la salida de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) en 2021 y ha participado en procesos anteriores de selección de cargos públicos.
Asimismo, Mirtha Claudina Gutiérrez Reyes, exviceministra de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), durante la administración de la presidenta Xiomara Castro.
Gutiérrez, militante del Partido Libre, durante su gestión fue cuestionada de caer en la vieja práctica del nepotismo, ya que es cuñada de la entonces vicepresidenta del Congres Nacional y actual diputada Scherly Arriaga.
Walter Jeremías López Flores, fungió como regidor municipal en la alcaldía de Santa Rosa de Copán, Copán por el Partido Liberal. El listado también incluye a Walter Alex Banegas Aguilera, exdiputado del Partido Anticorrupción (Pac) y actual comisionado municipal de transparencia en San Pedro Sula.
A estos nombres se suma Jennifer Bonilla, cuya postulación también ha generado atención pública debido a su vínculo (esposa) con Santos Rodríguez Orellana, exoficial que fue dado de baja deshonrosa por las Fuerzas Armadas tras denuncias relacionadas con presuntos actos contrarios a la ética institucional.
Rodríguez Orellana denunció en su momento supuestos vínculos de altos mandos con estructuras del narcotráfico, además de haber participado en la incautación de un helicóptero vinculado al narcotraficante Juan Antonio Tony Hernández –condenado a cadena perpetua por tráfico de drogas en Estados Unidos— hermano del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado.
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FÁTIMA MENA, RESUENA COMO LA UNGIDA POR EL BIPARTIDISMO
La abogada y exdiputada Fátima Mena Baide ha comenzado a figurar en como la ungida del bipartidismo –Partido Nacional y Partido Liberal— a ocupar la vacante dejada en el Consejo Nacional Electoral (CNE), tras la destitución del consejero Marlon Ochoa en el marco de un controvertido proceso de juicio político.
Mena Baide, nacida en noviembre de 1982 en San Pedro Sula, Cortés, es abogada de profesión y cuenta con estudios en derechos humanos realizados en Suecia. Su trayectoria legislativa incluye dos periodos como diputada en el Congreso Nacional: primero entre 2014-2018 por el Partido Anticorrupción (Pac), y posteriormente en el periodo 2022-2026 por el Partido Salvador de Honduras (PSH).
En medio de la reconfiguración del CNE, su nombre ha comenzado a circular en versiones extraoficiales como una posible opción de consenso impulsada desde sectores del bipartidismo. Sin embargo, la exdiputada ha negado haber recibido una propuesta formal para integrar el órgano electoral.
“Pues, esos votos de confianza, a través de las diferentes redes sociales, más que todo, porque no hay nada oficializado hasta este momento. Lo que sí está claro es que estamos en un proceso de juicio político, donde incluso hay una suspensión para el consejero del Consejo Nacional Electoral”, expresó Mena en declaraciones a medios de comunicación.
Además, indicó que, en caso de concretarse una vacante definitiva en el CNE, el nuevo integrante deberá enfocarse en promover reformas electorales estructurales.
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DEFENSOR DE MARIO ZELAYA Y JUEZA INVESTIGADA, SE CUELAN EN LISTADO
En el listado de aspirantes a cargos dentro de los órganos electorales también figuran perfiles vinculados a casos judiciales y controversias públicas, lo que ha generado cuestionamientos sobre los criterios de selección y la idoneidad de algunos postulantes.
Entre los nombres destaca Francisco Edgardo Pascua Cantarero, abogado penalista que ha ejercido como apoderado legal de Mario Zelaya, exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) implicado en el desfalco millonario a esa institución.
Según su perfil profesional, Pascua Cantarero también se desempeña como docente universitario y ha representado a figuras de alto perfil, lo que es respaldado por documentación judicial.
En el listado figura Ruth Anabella Cruz Zamora, abogada que se desempeñó como jueza en el Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. En noviembre de 2024, la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia presentó un requerimiento fiscal en su contra y de otras exjuezas, acusándolas de violación de los deberes de los funcionarios y abuso de autoridad, en relación con un conflicto de propiedad en la colonia Cerro Grande.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, las imputaciones se originan en la presunta omisión de resolver excepciones clave —como falta de acción e incompetencia— dentro de un litigio por tierras, así como en la orden de un desalojo ejecutado en 2010 en las zonas de Cerro Grande y El Chile. Este operativo habría derivado en la demolición de viviendas y el desplazamiento de varias familias, pese a la existencia de recursos legales pendientes y una sentencia de casación previa que reconocía derechos de propiedad a los afectados.
El caso fue posteriormente reasignado a otro tribunal en 2012, el cual concluyó que se vulneró el derecho de defensa de las familias involucradas, al no haberse resuelto oportunamente las excepciones planteadas.
En consecuencia, se determinó que la disputa debía resolverse en la vía civil. Aunque Cruz Zamora recibió inicialmente un sobreseimiento en enero de 2025, esta resolución fue revocada en febrero de 2026 por una Corte de Apelaciones, que ordenó dictar auto de formal procesamiento para continuar con la investigación.
EXFUNCIONARIOS NACIONALISTAS EN EL LISTADO
Exfuncionarios vinculados a la administración del expresidente Juan Orlando Hernández figuran entre los aspirantes a ocupar la vacante dejada por el exconsejero Marlon Ochoa en el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Entre los postulantes se encuentra Yovanny Dubón Tróchez, odontólogo y militante del Partido Nacional, quien ocupó distintos cargos durante los gobiernos de Hernández.
Entre 2014 y 2017 fungió como titular de la Dirección Nacional de Transporte (DNT), posteriormente se desempeñó como gobernador de Francisco Morazán en 2017 y también fue delegado del programa social “Vida Mejor” en ese mismo departamento.
Su trayectoria está directamente ligada a la administración del exmandatario, quien fue condenado en Estados Unidos por delitos de narcotráfico y, posteriormente, indultado en diciembre de 2025 por el presidente estadounidense Donald J. Trump.
Otro de los aspirantes es José Pompilio Ochoa Pavón, quien en 2019 se desempeñó como gerente de Recursos Humanos del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), también durante el gobierno de Hernández.
Además, ha ocupado cargos como director en la Unidad Administradora de Proyectos (UAFCE) y ha participado en procesos de selección de personal para la Secretaría de Finanzas (SEFIN). Su perfil ha sido vinculado igualmente al Partido Nacional.
En la lista figura también Erick Felipe Hernández, quien durante la administración anterior actuó como representante propietario de la Secretaría de la Presidencia, lo que lo posiciona como otro de los perfiles con cercanía a estructuras gubernamentales del periodo 2014-2022.
FUNCIONARIOS ELECTORALES BUSCAN SER CONSJEROS PROPIETARIOS
Funcionarios y exfuncionarios vinculados al instituciones electorales y administrativo del país han comenzado a perfilarse como aspirantes a consejeros propietarios del Consejo Nacional Electoral (CNE), en medio del proceso de reconfiguración de este órgano tras recientes crisis institucionales.
Entre los postulantes figura Eduardo Enrique Fuentes Cálix, abogado que actualmente se desempeña como comisionado de la Unidad de Política Limpia (Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, UFTF).
Fuentes Cálix fue juramentado por el Congreso Nacional el 10 de marzo de 2026 para completar el periodo restante del abogado Emilio Hércules, quien dejó el cargo para asumir la Secretaría de Finanzas. Previamente, entre septiembre de 2022 y septiembre de 2023, fungió como director de Organizaciones Políticas y Candidaturas. Su perfil ha sido vinculado al Partido Nacional.
El 14 de abril de 2026, Fuentes Cálix compareció como segundo testigo ante la Comisión Legislativa en el marco del juicio político contra el exconsejero del CNE, Marlon Ochoa. Durante su declaración, señaló la existencia de una supuesta interrelación entre dicho consejero, el Ministerio Público y el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, con el propósito de entorpecer y “boicotear” los procesos electorales.
Otro de los aspirantes es Allan Fernando Alvarenga, abogado que actualmente se desempeña como director electoral del CNE. Alvarenga también ha ocupado cargos en otras instituciones del Estado, como la dirección ejecutiva del Instituto Nacional de Migración (INM), función que abandonó para reincorporarse al ámbito electoral.
En junio de 2025 enfrentó una recusación legal que buscaba apartarlo de los procesos operativos electorales, bajo el argumento de un presunto vínculo de afinidad con una candidata a designada presidencial por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Angélica Álvarez.
En la lista también aparece Belkis Lizeth Amador Pérez, abogada que desde septiembre de 2024 se desempeña como asesora técnica legal en la Dirección Superior Ejecutiva del CNE, contratación realizada durante la presidencia de la consejera Cossette López Aguilar.
Asimismo, se menciona a Laura Victoria Salgado Carías, quien ha tenido participación en distintas instancias del sistema electoral. Salgado Carías se desempeñó como secretaria del Consejo Departamental Electoral de Francisco Morazán y ha sido vinculada al Partido Liberal.
De acuerdo con registros públicos, también fungió como asesora legal del CNE en 2020, durante la presidencia de Rixi Ramona Moncada, y previamente trabajó en el Tribunal de Justicia Electoral en 2017.
Las postulaciones de estos perfiles evidencian la continuidad de figuras con trayectoria dentro del aparato electoral y político del país, en un contexto marcado por cuestionamientos sobre la independencia, transparencia y credibilidad de las instituciones encargadas de organizar los comicios.
