Certeza.

Estados mesoamericanos deben resolver crisis migratoria de la población cubana en Costa Rica

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Por: Redacción CRITERIO

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San José, Costa Rica Ante la situación de la población cubana que se encuentra en tránsito por Costa Rica, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM) instan a los Estados mesoamericanos a garantizar que las personas migrantes reciban un trato digno, independientemente de su situación migratoria y aseguren el respeto de sus derechos humanos.

Alrededor de 1,800 cubanos están varados en Costa Rica
Alrededor de 1,800 cubanos están varados en Costa Rica

La semana anterior se hizo pública la crisis que hoy enfrentan cerca de 2500 hombres, mujeres, niños y niñas cubanas, quienes esperan en la frontera de Costa Rica con Nicaragua el aval de este último país para seguir su ruta hacia los Estados Unidos.

Considerando que estas personas han manifestado que están saliendo de su país por razones humanitarias o de protección, exhortamos a los Estados mesoamericanos a permitir que puedan ingresar y transitar por sus territorios a través de canales regulares, con el objetivo de evitar el uso de vías clandestinas que agravan su situación de vulnerabilidad y les expone a ser víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos.

Los flujos migratorios por la región Mesoamericana son del conocimiento de las autoridades estatales, por lo que es imperativo que los Estados actúen en forma coordinada y respetando las obligaciones internacionales en la materia, de manera que se garanticen los derechos de estas poblaciones. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que El respectivo Estado debe, en toda circunstancia, respetar tales derechos puesto que ellos [en referencia a las personas migrantes] tienen su fundamento precisamente en los atributos de la persona humana, es decir, más allá de la circunstancia de que sea o no su nacional o residente en su territorio o se encuentre transitoriamente o de paso en él o esté allí legalmente o en situación migratoria irregular”.

Al abordar esta crisis, los Estados también deben tomar en cuenta el Principio de No Devolución (non-refoulement). Para ello, es preciso considerar lo establecido por la citada Corte IDH en cuanto a que “en el sistema interamericano está reconocido el derecho de cualquier persona extranjera, y no solamente a los asilados o refugiados, a la no devolución indebida cuando su vida, integridad y/o libertad estén en riesgo de violación, sin importar su estatuto legal o condición migratoria en el país en que se encuentre”.

Apoyamos todas las gestiones que tengan como objetivo facilitar el tránsito de esta población de manera digna, estable y segura, así como las medidas que prevengan la intervención de traficantes ilícitos de migrantes. En tal sentido, es importante que los Estados valoren el otorgamiento de visas humanitarias como mecanismo de protección para regularizar la permanencia de personas que no califican como refugiadas pero cuyo retorno no es posible o recomendable por razones humanitarias u otras de especial relevancia. Asimismo, al aplicar esta figura u otra similar, los Estados deben garantizar sus derechos humanos (entre estos, salud, alimentación), y en el caso de los niños y niñas se requiere una protección especial a la luz de la Convención Americana y la Convención sobre los Derechos del Niño.

Respecto de aquellas personas que soliciten protección internacional (asilo o refugio), tal y como se comprometieron en la Declaración de Brasil y en su Plan de Acción, los Estados deben asegurar el acceso efectivo a procedimientos de determinación de dicha condición, respetuosos del debido proceso legal y de los estándares regionales e internacionales.

Instamos a los organismos internacionales de protección, como la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que se dirijan a los Estados que correspondan y exhorten a las autoridades a resolver esta crisis humanitaria en pro del bienestar de la población cubana en tránsito.

Respetuosamente hacemos un llamado a los gobiernos mesoamericanos para que se abra un diálogo franco, constructivo, inclusivo y participativo, que permita tomar acciones efectivas para la protección de la población migrante así como cumplir con la debida diligencia en las investigaciones relacionadas con las actuaciones de actores estatales y no estatales que violentan los derechos de estas personas.

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