Defensores instan al Estado a cumplir las recomendaciones emitidas por la convención contra la tortura, del cual Honduras es parte, además piden que se brinden informe de los resultados tras la militarización en centros penitenciarios
Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto Nacional Penitenciario (INP), emitió un comunicado en el que confirma la veracidad de un video que ha circulado en redes sociales en el que aparecen dos agentes penitenciarios sometiendo a un acto de tortura a un privado de libertad en el Módulo de máxima seguridad del Centro Penal de Támara, Francisco Morazán.
En este sentido, anuncian que tras la identificación del responsable se procedió a la suspensión inmediata del cargo, al tiempo que informan que ya se remitió el informe de los hechos al Ministerio Público (MP).
Será este ente quien determine el grado de participación de los agentes, de esta manera se les respetará el derecho de presunción de inocencia como lo establece la constitución de la República.
“Todo acto contrario a la ley, cometido por cualquier miembro de la institución, será denunciado y puesto a la orden de las autoridades judiciales”, reza el texto.
Lo anterior surge en torno al video que se difundió en las redes sociales en el que se observa cómo dos agentes penitenciarios encierran en un cuarto a un privado de libertad y posteriormente le lanzan una bomba de gas lacrimógeno.
En su intento de salir el hombre se acerca a la puerta, pero es separado por los agentes, luego que se nubla totalmente la imagen, y el privado desaparece de escena.
Aunque el video salió a la luz en fecha reciente las cámaras de seguridad indican que fue grabado el 25 de agosto del presente año.
Sobre los hechos, el comandante de la Policía Militar de Orden Público (PMOP), coronel Ramiro Muñoz, informó en fecha reciente que el responsable del área ya fue suspendido y además ya se iniciaron las investigaciones sobre los hechos.
“En las próximas horas el responsable del hecho será puesto a las órdenes de la fiscalía que corresponda”, dijo Muñoz este jueves (14.09.2023).
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RECOMIENDAN INVESTIGACIÓN
Emprender una investigación con el fin de deducir responsabilidades es la recomendación del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles e inhumanos o Degradantes (Conaprev).
Mediante un comunicado la organización instó a la unidad adscrita de la Policía Nacional de Orden Público a realizar una minuciosa investigación para castigar a los responsables de cometer el acto de tortura.
De acuerdo al Conaprev, este hecho no es aislado, debido a que ya han recibido varias denuncias refiriendo casos similares al expuesto.
“Preocupa al Conaprev las diferentes denuncias recibidas en donde tales hechos se enmarcan en la violación a la integridad personal y psicológica lo cual es consecutivo de tortura y malos tratos hacia la población privada de libertad”, dicta el texto.
A raíz de todo este panorama también recomiendan investigar a los agentes penitenciarios implicados en la introducción ilegal de artefactos a los centros penitenciarios como ser teléfonos celulares.
Del mismo modo, piden que Comisión Interventora del Sistema Penitenciario presente los avances realizados tras la intervención a los centros penitenciarios del país, con el fin de abonar a la transparencia y rendición de cuentas en los procesos.
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SE DEBE INVESTIGAR QUIÉN DIO LA ORDEN
La comisionada del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura y Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes (Conaprev), Melissa Escoto, lamenta que en Honduras se estén implementando mecanismos de tortura.
“Independientemente la falta del privado de libertad, nada justifica la tortura porque ante una falta, existe un reglamento disciplinario que dicta que se tiene que poner a la orden competente de investigación, pero no someterlo a esas acciones”, expresa Escoto en entrevista con Criterio.hn
La investigación que desde ya anunciaron las autoridades del INP que harían, dice, que deben de ir más allá de solo castigar a los autores materiales, también se debe identificar y castigar a los autores intelectuales.
“Se debe investigar, a través del departamento de inspectoría, quien emitió la orden de realizar el acto, porque en este ámbito nadie actúa solo porque existe una cadena de mando”, expresa la entrevistada.
Ante este panorama manifiesta la urgencia que la comisión interventora de los centros penitenciarios emita un informe en el que detalle el diagnóstico y la estrategia a implementar en los recintos carcelarios.
“La presidente debería solicitar el informe en que se detalle cuáles van a ser los siguientes pasos, porque eso también hablaría de procesos de transparencia”, opina Escoto.
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LEGISLACIÓN QUE PROHÍBE LA TORTURA
De acuerdo al artículo 2 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes del que Honduras es parte, todo Estado miembro debe tomar medidas legislativas, administrativas y judiciales o de otra índole para impedir los actos de tortura en el territorio que este bajo su jurisdicción.
Del mismo modo el artículo 4 de la misma legislación, dicta que todo Estado parte castigará esos delitos con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad.
Y, si tras analizar la información se encuentra que la persona acusada de realizar un acto de tortura, es responsable, se procederá a su detención y las demás medidas se llevarán a cabo conforme a las leyes del Estado el cual impondrá el castigo penal.
En tanto, el artículo 59 de la constitución de la República dicta que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado tiene la obligación de respetarla y protegerla. Para cumplir este mandato invoca que se deberá realizar la creación del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
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BRINDAR RESULTADOS TRAS INTERVENCIÓN
“El Estado de Honduras está suscrito a tratados que establecen el no aplicar tortura bajo ninguna circunstancia, ni siquiera a los privados de liberad que pierden algunas garantías ciudadanas” recuerda la integrante de la Articulación Ciudadana Transparencia y Justicia (ACTJ), Jimena García Merino.
Si el Estado no adopta las recomendaciones ya establecidas en los tratados internacionales, se podría llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien emitirá una sentencia desfavorable en contra del Estado de Honduras.
Posteriormente se podría dictar una sentencia y se pedirá resarcir los daños, y, la institucionalidad deberá adoptar medidas para garantizar que este tipo de tratos crueles e inhumanos no se vuelva a repetir.
“Estos agentes no aplicaron los protocolos existentes y generaron una violación del Estado, que es el que tiene que garantizar el bienestar de los privados de libertad”, expresa García en entrevista con Criterio.hn.
En este sentido, recuerda que nada justifica la tortura porque en caso de una falta grave de un privado se tiene que aislar o tomar las medidas correspondientes.
Finalmente, destaca que un control de centros penitenciarios va más allá de frenar el movimiento de dinero y drogas, sino que también pasa por evitar heridos, torturas y muertes de privados de libertad.
