La población hondureña no ha tenido buenas experiencias con la implementación de estados de excepción, especialmente porque tolera la militarización en detrimento de los derechos de la ciudadanía. Sumado a esto, la Policía Nacional enfrenta señalamientos por su participación en crímenes contra la población y extorsión en contra de migrantes de paso por Honduras.
Tegucigalpa.- Ante los fuertes cuestionamientos a su gobierno por la escalada en la inseguridad, la presidenta Xiomara Castro cedió a las presiones y anunció que preparaban el documento que sería presentado al Congreso Nacional para declarar estado de excepción en algunos barrios y colonias, con el objetivo de contrarrestar actividades ilícitas como la extorsión.
El anunció fue aplaudido por algunos sectores de la población que admiran las políticas de mano dura implementadas por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele y recibido con escepticismo por otros que recuerdan las violaciones perpetradas en el pasado por los cuerpos represivos del Estado. Ambos tienen claro que es necesario detener la escalada en actividad criminal, la forma en cómo enfrentarla es el punto de desencuentro.
No hay duda que la extorsión es uno de los negocios más lucrativos para las organizaciones ilícitas. Al menos 18 mil millones de lempiras (USD 727 millones) el 3% del Producto Interno Bruto (PIB), son producto de la extorsión en Honduras, según estimaciones del presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Marcio Sierra.
La propuesta de estado de excepción fue realizada el jueves de la semana pasada por la presidenta Xiomara Castro. Sin embargo, hasta el momento no se ha conocido que haya enviado la propuesta para su aprobación al Congreso Nacional. En redes sociales del gobierno se ha informado que la Policía Comunitaria está identificando las zonas donde se aplicará la medida, supuestamente con base a los niveles de incidencia de la criminalidad.
El director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, dijo ayer en un programa televisivo que el estado de excepción se implementará durante seis meses, pero que será el Consejo de Ministros el que determinará las medidas a aplicarse.
Más tarde, aseguró vía la cuenta de Twitter de la Secretaría de Prensa, que “basado en un análisis criminal e inteligencia” ya se había seleccionado los sectores de Tegucigalpa y San Pedro Sula donde consideran se debe aplicar el estado de excepción parcial.
POLÍTICA ANTIEXTORSIÓN PODRÍA FAVORECER MILITARIZACIÓN
El sacerdote jesuita e integrante del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC – SJ), Ismael Moreno, concordó en que es necesario ordenar la sociedad, contrarrestar el crimen, y a quiénes están provocando inseguridad y miedo en el país.
Sin embargo, le genera ruido que después de tantas acciones que han favorecido a la delincuencia organizada, ahora sea alta prioridad las respuestas represivas y que esto en lugar de contribuir a autenticas soluciones a la problemática de violencia y extorsión, se termine fortaleciendo la militarización de la sociedad.
Moreno señaló a Criterio.hn, que su mayor preocupación reside en que frente a estas políticas antiextorsión quienes salgan ganando sean los que más daño le han hecho a Honduras, que son los militares, dijo.
“La historia de Honduras, la historia de la militarización de Honduras, le ha hecho mucho daño al país, ha creado una cultura de autoritarismo, una cultura verticalista y una cultura que favorece a los caudillos y los falsos populismos”, afirmó el padre Melo, como también es conocido.
Agregó que causa “bastante preocupación que este tipo de políticas, acentúen las salidas más violentas, las salidas amenazadoras, que generen un ambiente de revancha entre los grupos criminales y que al final de cuentas quienes salen ganando son los que más daño le han hecho al país, que son los militares. Esa es mi mayor preocupación frente a estas políticas antiextorsión”.
CASOS EMBLEMÁTICOS QUE INVOLUCRAN A CUERPOS REPRESIVOS
Durante la madrugada del 18 de julio de 2020, en medio del estado de excepción decretado por la pandemia de covid, el presidente del patronato de la comunidad del Triunfo de la Cruz e integrante de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), Albert Sneider Centeno, junto a otros tres jóvenes fueron aprehendidos ilegalmente.
Los hombres responsables de la desaparición forzada de los cuatro jóvenes, estaban fuertemente armados y vestían uniformes de la Dirección Policial de Investigación (DPI). Dos años después, las autoridades guardan silencio sobre el caso y se desconoce su paradero.
Siempre de madrugada, el 7 febrero de 2021, la joven estudiante de enfermería, Keyla Martínez, fue asesinada en una celda de la Policía Nacional en La Esperanza, en el occidental departamento de Intibucá. Por el caso fue acusado únicamente un miembro de la policía, pese a que se sospecha de la participación de otros integrantes policiales.
La joven de 26 años fue detenida por la Policía Nacional, supuestamente por incumplir el toque de queda implementado durante la pandemia. Tras el femicidio, la Policía Nacional intentó hacer pasar la muerte de la joven como un suicidio, pese a las inconsistencias del relato.
Conozca más: Caso de Keyla Martínez, el rostro de la colusión dentro de las fuerzas de seguridad y los entes de justicia
Durante la crisis postelectoral ocasionada por el fraude de noviembre de 2017, siempre en un contexto de estado de excepción, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) documentó el asesinato de al menos 23 personas y alrededor de 60 personas resultaron heridas por elementos de los entes represores. Si embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos independientes estiman que el número de asesinatos podría haber ascendido a 43.
Este estado de excepción, además de violentar derechos humanos, fue ilegal debido a que fue aprobado y publicado en el diario oficial La Gaceta por el entonces vicepresidente de Ricardo Álvarez, sin que la disposición fuese conocida en el Congreso Nacional.
Conozca más: Exigen investigar y enjuiciar a quienes perpetraron los fraudes electorales de 2013 y 2017
LA POLICÍA Y SU PAPEL EN LA EXTORSIÓN
A estos casos emblemáticos, los cuales no son los únicos, el padre Melo agregó la extorsión a la que son sometidos decenas y centenares de migrantes que cruzan las fronteras de Honduras buscando llegar a Estados Unidos.
Lea también: Analistas aconsejan investigar a profundidad cada caso de extorsión a migrantes en tránsito
Para el integrante de ERIC-SJ y Radio Progreso “es evidente que la extorsión está dirigida, coordinada, impulsada por la policía”, sumado a los casos que involucran violaciones a los derechos perpetrados por sus agentes. “De manera que uno puede decir que la policía es una de las entidades armadas, entidades de seguridad, de las que más se puede sospechar de prácticas extorsionadoras y de prácticas criminales”, afirmó.
Moreno advirtió que poner a la policía en el centro, como salvaguarda de la lucha antiextorsión, puede colindar con la irresponsabilidad. Por lo que, consideró que la misma puede ser un paso en falso de parte del gobierno de la República, si se suma a que el Ministerio Público y el sistema de justicia, sigue siendo el mismo que se heredó del gobierno anterior y que “es responsable de la protección de criminales y de proteger a corruptos y promotores de la impunidad”.
CRIMINALIDAD NO ES EXCLUSIVA DE BARRIOS Y COLONIAS DE LOS POBRES
La fundadora de Honduras Resurge, Jimena García Merino coincide en este punto con el padre Ismael Moreno, y apuntó que se debe estar consciente de la cooptación de algunas instituciones estatales con el crimen organizado. “Lo cual no genera confianza como para considerar que la suspensión de garantías tendrá un efecto realmente positivo”.
García Merino, expresó a Criterio.hn que al igual que se cuestionó el estado de excepción en los gobiernos del extraditado expresidente Juan Orlando Hernández, se hace ante la nueva propuesta del gobierno, en virtud de ser medidas que dejan en la indefensión a la población.
“Considerar que el crimen esta suscrito a ciertas colonias es una falta de contexto. Las cabecillas del crimen organizado que responden a poderes fácticos y reales, se encuentran diseminados físicamente por todo el país y estructuralmente por toda la sociedad, incluidos partidos políticos y otras instituciones”, señaló.
En este aspecto, García Merino es apoyada por información publicada por medios y la misma policía, cuando ha informado sobre detenciones de supuestas cabecillas de maras y pandillas en colonias de clase media y alta, como ocurrió en febrero de 2020, cuando se detuvo a cinco personas supuestamente vinculadas a Alexander Mendoza, alias “El Porky”, quien se dio a la fuga ese mismo mes.
García Merino apuntó que el estado de excepción es un riesgo que atenta contra derechos como la libertad que tiene el pueblo de demandar y exigir a este y cualquier otro gobierno que actúe con eficiencia.
Ya lo dijo la Mesa de Derechos Humanos en un comunicado publicado el domingo 27 de noviembre: “Hay una experiencia creciente a nivel global y regional de un mal uso de los poderes de emergencia, que los ha vuelto permanente, usados para la concentración de poder, la normalización de abusos a los derechos humanos o la flexibilización de los controles administrativos contra la corrupción”.
Continúa estableciendo que uno de los usos más frecuentes de los poderes de emergencia es para luchar contra la criminalidad. Sin embargo, advierte que el combate a este flagelo requiere la existencia de políticas de seguridad integrales, que no solo aborden los efectos sino además las causas.
Conozca más: Mientras JOH tuitea su inocencia, nexos de la Policía hondureña con narcotráfico son evidenciados en Nueva York
Además de su vinculación con homicidios, la Policía Nacional ha sido vinculada en la red de narcotráfico, de hecho, fiscales del Distrito Sur de Nueva York han atribuido su participación directa en el trasiego de drogas por el territorio hondureño. Bajo este contexto Honduras se enfrentará a un nuevo estado de excepción que podría poner en mayor riesgo a los hondureños, ya que la estructura policial sigue intacta.
La situación de Honduras podría asemejarse a lo que ha venido ocurriendo en El Salvador con la implementación del estado de excepción desde marzo de 2022. En el vecino país ya se reportan al menos 60,000 detenciones, según reportes de medios de comunicación, que a la vez informan sobre detenciones arbitrarias y violaciones de derechos humanos a ciudadanos y defensores comunitarios.
