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Escándalo de las elecciones, ha empeorado la crisis en Honduras

Honduras

El uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado ha sido irracional, según los organismos de derechos humanos.

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Tomado de Amerika21

El escándalo del fraude de las elecciones en Honduras ha empeorado la crisis. Ha aumentado las tensiones entre el liderazgo político de Honduras y la organización regional OEA. El proceso de diálogo falla. Las tensiones entre el gobierno hondureño y la Organización de Estados Americanos (OEA) se están intensificando.

La OEA ha solicitado que se envíe un Representante Especial a Honduras para investigar las circunstancias de las 34 muertes registradas después de las elecciones. Además, la situación de las protestas en el terreno debería ser monitoreada y debatida con los detenidos que fueron arrestados por su participación en las protestas.

La Misión de Observación Electoral de la OEA había enumerado en su segundo informe las numerosas irregularidades antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 26 de noviembre.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, recomendó convocar a Twitter para convocar nuevas elecciones. La posición crítica de la OEA con sede en Estados Unidos ha sorprendido a muchos observadores, especialmente porque la UE y sus Estados miembros han permanecido pasivos ante el presunto fraude electoral. El gobierno hondureño rechaza tanto la moción como el informe de la OEA sobre las elecciones.

A pesar de las masivas protestas e irregularidades, la Suprema Autoridad Electoral declaró al presidente titular, Juan Orlando Hernández, ganador. Su reelección es ilegal según la Constitución hondureña, pero fue autorizada por la Corte Suprema, que está dominada por el gobierno. El 27 de enero de 2018, la toma de posesión oficial debería tener lugar. Un proceso de diálogo convocado por Hernández es rechazado por la oposición política. La convocatoria de una asamblea constituyente y la consecuente restauración del estado de derecho pueden corregir la crisis política como resultado del golpe de estado de 2009, dice desde esta página.

En las próximas semanas, las protestas en este contexto aumentarán presumiblemente nuevamente. La situación de los derechos humanos sigue siendo precaria. En los últimos días, se acumulan los informes de persecución política de manifestantes por parte de la policía y la policía militar. Los detenidos son acusados ​​de incendio y posesión de equipo policial.

Martín Fernández, coordinador del grupo de derechos humanos Movimiento Amplio, también retrata la persecución en San Juan Pueblo en el departamento de Atlántida norte: Hay folletos con fotos y nombres de personas supuestamente líderes de la alianza  electoral surgió la oposición.

Las personas representadas en él deberían ser responsables de organizar los bloqueos callejeros en las comunidades después de que se conozca el fraude electoral. Se le pide a la población que muestre estas personas. También describió personas que no estuvieron involucradas en los bloqueos. Fernández sospecha que detrás de esta acción están los miembros del partido gobernante.

Guadalupe Ruelas, director de la organización de derechos humanos Casa Alianza, expresa su preocupación por la «búsqueda sistemática de manifestantes» que protesta contra el fraude electoral. «Estas son reacciones, tácticas y estrategias para diseminar el terror y contrarrestar la posible resistencia». Sin embargo, hasta ahora no se ha arrestado a ningún culpable en relación con una de las 34 muertes.

Durante las protestas mayoritariamente pacíficas, se ha informado en varias ocasiones que especialmente la policía militar vence las violaciones graves de los derechos humanos, utiliza gases lacrimógenos e invoca municiones reales contra los manifestantes.

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Desde Alemania, Heike Hänsel, vicepresidente del Partido de la Izquierda, dijo en un comunicado de prensa sobre los resultados de las elecciones y las graves violaciones de los derechos humanos. También señaló que el reconocimiento del gobierno federal de los resultados de las elecciones agravaría la crisis política en el país centroamericano. Además, el gobierno federal lo haría cómplice de un régimen autoritario.

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