El coordinador de ARCAH señaló que fue hasta diciembre de 2022, que el Mecanismo Nacional de Protección respondió a sus denuncias. Sin embargo, una de las dos medidas consistía en asignar un enlace militar sin tomar en cuenta que 25% de los ataques están relacionados a integrantes de la institución castrense.
Tegucigalpa.- “El Estado no ha respondido durante seis años ante el contexto de amenazas y lo que ha hecho es trasladarnos la carga de medida [de protección] a ARCAH”, expresó el coordinador de la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH), Christopher Castillo.
Criterio.hn conversó con Castillo luego que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a once integrantes de ARCAH ante la continua situación de vulnerabilidad a la que han estado expuestos a lo largo de los años por su labor de defensoría ambiental y territorial.
Entre las acciones violentas contra once de las personas que integran ARCAH, citadas en la resolución, están: amenazas a muerte, actos de intimidación, vigilancia, seguimiento y persecución. Así como agresiones físicas, atentados, intento de secuestro contra uno de los integrantes y campañas de desprestigio en el marco de actividades de denuncia pública.
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El coordinador de ARCAH sostuvo que fue hasta el año pasado, 12 diciembre de 2022, que el Mecanismo Nacional de Protección otorgó dos medidas a la organización, que consistían en una nota donde se notificaba que la organización estaba en proceso de medida de protección y un enlace militar.
“Creo que es evidente que si hemos dicho que más del 25% de los ataques que tenemos son por parte de militares, no es una medida lógica ni correspondiente tener guardaespaldas militares”, compartió.
A esto, agregó que ARCAH no tiene la capacidad económica para cubrir la medida, y aunque la tuvieran, la responsabilidad del Estado es integral, “más con una organización que está defendiendo que este Estado no desparezca”.
ARCAH ha tenido una posición opositora contras las ciudades modelo, conocidas bajo la figura de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), que buscan gozar de autonomía funcional y administrativa, así como un régimen fiscal especial y jurisdicción especial. Esto les ha enfrentado con algunos de sus promotores e inversores.
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Las ZEDE fueron impulsadas por las administraciones de los presidentes Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández, el segundo actualmente privado de libertad y en espera de juicio en Estados Unidos por cargos relacionados al tráfico de drogas y armas.
UN ESTADO QUE NO PROTEGE A LAS PERSONAS DEFENSORAS
En el proceso de solicitud de medidas cautelares, Castillo mencionó, que la Comisión consultó al Estado hondureño qué medidas se habían tomado para las once personas, a lo que respondieron que “ARCAH no tenía, no reunía los criterios para otorgar medidas”, respuesta, aclaró, que fue realizada por la actual administración de Xiomara Castro del Partido Libertad y Refundación (Libre).
Castillo compartió que las acciones que se implementarán a partir de la medida cautelar de la CIDH deberán ser acordadas entre el Estado y ARCAH teniendo en cuenta los últimos ataques contra la organización. “Solo la semana pasada y esta, hemos tenido siete intentos de hackeo de la página, hemos tenido vigilancia vehicular en las comunidades donde hemos estado”, relató.
El coordinador de ARCAH cuestionó la ausencia de formalidad en lo que respecta a las reuniones del Comité Técnico, así como las solicitudes especiales y consultas, las cuales son notificadas por mensajería instantánea y no por correos electrónicos institucionales. Esto, dice, es relevante porque las medidas no son únicamente para él, sino para diez miembros más por lo que debe dirigirse de forma institucional.
“El Estado tiene que formalizarse, debe tener la seriedad que amerita el caso y no vamos a aceptar un trato menor a lo que coherentemente debe ser, y mínimamente es notificar las cosas en tiempo y forma y por los canales oficiales de la organización”, afirmó.
Agregó, que ARCAH ha estado en una situación de riesgo que ha incrementado con el paso de los años. “Hemos tenido problemas serios de criminalización, intentos de secuestros, campañas de hostigamiento en especial por parte de las ZEDE, ha habido atentados también contra la vida de algunos compañeros y compañeras y una permanente persecución física y psicológica también de parte de algunas empresas nacionales y transnacionales”, compartió.
Castillo recordó que él personalmente ha pasado por dos procesos de criminalización impulsados desde el Ministerio Público, en el último de los cuales le vincularon como participe de maras y pandillas, con el agregado que desde la Corte Suprema de Justicia se le vinculó por medio de un escrito como “una amenaza para la seguridad interna del Estado de Honduras”.
Esto último causó alerta, declaró Castillo, debido a que ARCAH no solamente enfrenta proyectos extractivos en los territorios, sino que además tiene una apuesta contracultural, que atraviesa la denuncia a la dictadura de Juan Orlando Hernández y los vínculos en los proyectos que apoyaban personajes como Ebal Díaz, otrora mano derecha del expresidente Hernández y presidente de la Comisión Permanente del CAMP, entidad que en teoría debe supervisar las actividades de las ZEDE.
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ARCAH se define como un espacio de articulación de comunidades, que se identifica en un movimiento social anticapitalista, antirracista, anti patriarcal, anticolonialista y anti clasista. Establece su función, según la resolución 47/2023 de la CIDH, como “la defensa de los territorios y de los bienes comunes de la naturaleza, de todo proyecto de dominación que amenace con la paz y cosmovisión de las comunidades y del pueblo hondureño en general”.
Castillo cuestionó que, si bien el año pasado lograron articular una mesa interinstitucional para dar seguimiento integral a los casos denunciados por ARCAH y las comunidades, hay un “silencio abrumador” por parte de la Secretaría de Derechos Humanos (Sedh), el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y la Procuraduría General de la República (PGR) pese a denunciar en tiempo y forma los ataques recibidos.
Ilustró esta situación manifestando que “las líneas de emergencia, por ejemplo, del mecanismo no respondían desde el 17 de diciembre del 2022 hasta hace una semana o dos semanas”.
Si bien las medidas cautelares de la CIDH visibilizan la vulnerabilidad de las personas o grupo de personas bajo amenazas y da pie a que el Mecanismo Nacional de Protección otorgue medidas urgentes de protección, estas no son un blindaje.
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Un ejemplo de esta situación fue el asesinato, la noche del 2 de marzo de 2016, de la lideresa indígena y ambientalista, Berta Isabel Cáceres, quien tenía medidas cautelares al momento de su asesinato. El crimen fue organizado por grupos de poder económico como una medida de acallar la oposición del pueblo Lenca al Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca en el occidental departamento de Intibucá.
De igual forma, el hecho que la protección asignada por el Mecanismo Nacional involucre a policías y militares, hace que la efectividad de esta sea puesta en duda. Como lo expuso a Criterio.hn la defensora de derechos humanos, Hedme Castro, quien tiene medidas cautelares de la CIDH, ella vive en “terror”, tras el nombramiento de Juan Manuel Aguilar, como nuevo director de la Policía Nacional.
Aguilar participó el 7 de septiembre de 2017 en un ataque de represión y tortura policial que involucró, entre otras acciones, el lanzamiento de bombas lacrimógenas al interior de un bus en el que las y los defensores de derechos humanos trasladaban en calidad de resguardo a estudiantes universitarios.
