Ante continua situación de vulnerabilidad, CIDH otorga medidas cautelares a integrantes de ARCAH

La CIDH solicita a Honduras adoptar medidas para la protección del derecho a la vida e integridad personal, así como medidas necesarias para que las personas beneficiarias desarrollen sus actividades de defensa de derechos ambientales sin ser objeto de amenazas u otros actos de violencia

Tegucigalpa, Honduras.- Frente a un “incremento exponencial en las situaciones de riesgo” contra las personas integrantes de la organización Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a su favor.

El anunció se realizó este miércoles 23 de agosto a través de la página web de la CIDH, pero la resolución 47/2023 fue emitida el domingo 20, señalando que en el artículo 25 del Reglamento de la Comisión, esta “otorga medidas cautelares en situaciones que son graves y urgentes, y en cuales tales medidas son necesarias para prevenir un daño irreparable a las personas”.  

Entre las acciones contra las once personas que integran ARCAH, citadas en la resolución, están: amenazas a muerte, actos de intimidación, vigilancia, seguimiento y persecución. Así como agresiones físicas, atentados, intento de secuestro contra uno de los integrantes y campañas de desprestigio en el marco de actividades de denuncia pública.

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Protesta de los jovenes de ARCAH en los bajos del Congreso Nacional. Foto: Horacio Lorca/Criterio.hn

Las personas integrantes de ARCAH beneficiarias de medidas cautelares por la CIDH, son: (1) Christopher Joshua Castillo Sánchez, (2) Ana Patricia Godoy Valladares, (3) Jeffry Alexander Suazo Girón, (4) Maria Teresa Valladares Canales, (5) Gloria Marcela Licona Banegas, (6) Donaldo España Matute, (7) Misael Martínez Flores, (8) Michael Josué Aguilar Espinal, (9) Martha Teresa Espinal Valladares, (10) Mayra Lesty Banegas Ruiz, y (11) Carlos Fernando Lopez Godoy.

La evidencia presentada ante la CIDH por persecución y ataques en contra de quienes conforman ARCAH, involucra el papel de defensoría ambiental y territorial frente a la Empresa Avícola El Cortijo, así como las ciudades modelo instaladas en Honduras bajo la figura de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). Estas incluyen a Ciudad Morazán en Choloma, Cortés; Próspera en Roatán, Islas de la Bahía; y Orquídea en San Marcos de Colón en Choluteca.

RESOLUCIÓN ADVIERTE QUE SITUACIÓN DE RIESGO CONTRA ARCAH SE HA MANTENIDO E INCREMENTADO

“La Comisión considera de especial preocupación que los eventos alegados se hayan mantenido en el tiempo, habiéndose alegado su incremento de manera reciente. […] En ese sentido, la CIDH observa que los hechos reportados se han presentado cuando las personas propuestas beneficiarias se encontraban en sus casas, en la calle o en el marco de sus actividades como defensores ambientales, y buscarían intimidarles en sus actividades de denuncias”, especifica la CIDH en el documento.

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La Comisión advirtió que, si bien el Estado aplicó medidas de protección en el 2020 al colectivo de ARCAH, las cuáles alcanzaron medidas provisionales de carácter “extraordinario” en diciembre de 2022, estas medidas –según los solicitantes—no estarían siendo implementadas a la fecha.

Los miembros de ARCAH interponiendo denuncia contra las ZEDE en el Ministerio Público. Foto: Horacio Lorca/Criterio.hn

Aunado a esto, la CIDH “observa que no resulta controvertido” por las partes, el hecho que no se ha realizado el Comité Técnico que debió definir las medidas de protección correspondientes al análisis de riesgo de enero de 2023, transcurriendo ocho meses desde la última actualización sobre el estado del proceso de evaluación de riesgo por parte del Mecanismo Nacional.

“La Comisión Interamericana considera que el presente asunto reúne prima facie los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 de su Reglamento”, concluyó la Comisión Interamericana.

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En consecuencia, la CIDH solicita a Honduras adoptar medidas para la protección del derecho a la vida e integridad personal, así como medidas necesarias para que las personas beneficiarias desarrollen sus actividades de defensores de derechos ambientales sin ser objetos de amenazas u otros actos de violencia, concertar las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes. Así como la presentación de informe sobre acciones encaminadas a investigar los hechos alegados, para evitar la repetición de estos.

  • Marcia Perdomo
    Amante de la historia y la lectura, en permanente búsqueda del ritmo en las narrativas. Soy una periodista incisiva, las contradicciones son una invitación a investigar y la normalidad está sobrevalorada. Me rehúso a sobrevivir dentro de los pensamientos erróneos de una sociedad asfixiante. Investigo y construyo reportajes sobre el modelo extractivista y su impacto en los derechos humanos de los pueblos ancestrales, grupos vulnerabilizados y sociedad en general. marciaperdomo@criterio.hn

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