El Copinh y la familia de Cáceres esperan que la acción del MP pruebe la participación de Atala Midence en el crimen y no sea una exhibición mediática
Tegucigalpa. – A dos años y ocho meses de que su nombre fuese vinculado en el asesinato de Berta Cáceres, el sistema de justicia hondureño emitió requerimiento fiscal con orden de captura contra Daniel Atala Midence por suponerlo responsable del asesinato de la lideresa Lenca, Berta Isabel Cáceres Flores.
La información fue confirmada a través de publicaciones en la red social “X” tanto por el coordinador del Bufete Estudios para la Dignidad, Víctor Fernández, quien conoce la causa, y la hija de la defensora indígena asesinada la noche del 2 de marzo de 2016, Berta Zúniga quien actualmente funge como coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
Inicialmente, el Ministerio Público informó sobre un “requerimiento fiscal con orden de captura en contra de un nuevo involucrado en el crimen” de Cáceres sin mencionar nombres.
No obstante, el nombre de Daniel Atala fue filtrado a medios de comunicación corporativos de la capital, y posteriormente confirmado tanto por familiares de Cáceres, el abogado que sigue la causa como parte acusadora privada y el Copinh.
USD 1.2 MILLONES, ENTRE PRUEBAS QUE VINCULARÍAN A DANIEL ATALA
En abril de 2021, durante el juicio contra Roberto David Castillo Mejía, expresidente de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), el nombre de Daniel Atala Midence salió a relucir tras la exhibición de un nuevo medio de prueba que involucró una millonaria transferencia.
La coordinadora del Copinh e hija de Cáceres, Bertha Zúniga, comunicó, en ese momento, que el nuevo medio de prueba implicó la transferencia de USD 1.2 millones entre la empresa Concretos del Caribe S.A. (Concasa) de Daniel Atala, y Potencia y Energía de Mesoamérica S.A. (Pemsa) de David Castillo, dos días antes del asesinato de la defensora indígena.
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Al momento de estos movimientos bancarios, Daniel Atala era gerente financiero de DESA, empresa a la que fue concesionada de forma ilegal e inconsulta el proyecto hidroeléctrico Aguazarca en el occidental departamento de Intibucá y contra el cual se oponía parte del pueblo indígena Lenca, con el acompañamiento del Copinh y Berta Cáceres, entonces coordinadora de la organización.
En abril de 2021 durante el juicio contra Castillo, Bertha Zúniga expresó: “despierta grandes suspicacias de que se pueda tratar de un pago para la comisión del delito por las pérdidas que les estaba significando la lucha de Río Blanco, liderada por mi madre”.
Mientras que el abogado de la causa Berta Cáceres, Víctor Fernández, subrayó, que la importancia del medio de prueba “relaciona movimientos financieros de la empresa con una acción material directa de dos sujetos importantes en la ejecución del crimen de Bertita, en este caso Roberto David Castillo y Douglas Geovanny Bustillo. Pero es más importante que la autorización de esta transacción financiera millonaria la hace el señor Daniel Atala Midence”.
Fernández sostuvo, en abril de 2021, que este medio de prueba por si sólo no resuelve todo, pero “constituyen un indicio de mucho peso para hacer la vinculación entre la estructura sicarial que ejecutó el crimen de Bertita y la estructura empresarial que lo decidió, que lo pensó y como se ha dicho pagó por la ejecución del crimen”.
Durante el juicio contra David Castillo, la acusación privada de la causa Berta Cáceres llamó a Daniel Atala Midence a testificar. Sin embargo, este se excusó de brindar testimonio amparándose en el artículo 88 de la Constitución de la República, que establece que nadie puede ser obligado a declar contra sí mismo. Lo que a su vez obligó al Ministerio Público a admitir que también Atala era investigado en conexión al asesinato de Berta Cáceres.
El 5 de julio de 2021, David Castillo, expresidente de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) fue declarado culpable de ser coautor del asesinato de la lideresa Berta Cáceres. La lectura de la sentencia de Castillo a 22 años y seis meses de prisión fue emitida el 20 de junio de 2022, a pocos días de que se cumpliera un año de la condena, luego de repetidas postergaciones.
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FAMILIARES Y ORGANIZACIONES REACCIONAN
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) confirmó a través de la red X que Daniel Atala era la persona contra quien se presentaba el requerimiento fiscal “por su participación en el crimen contra Cáceres”.
Agregando que tanto la organización como las hijas e hijo esperaban que la acción no fuera únicamente una “exhibición mediática”, por lo que esperaban que el Ministerio Público cumpla responsablemente en probar la participación de Daniel Atala en el crimen contra Cáceres y la violencia contra la resistencia Lenca al Proyecto Hidroeléctrico de Agua Zarca.
La coordinadora del Copinh, Bertha Zúniga, también recurrió a redes sociales a establecer que el “requerimiento sólo es un desafío” al Ministerio Público, “que debe propiciar la condena a Daniel Atala por ser parte de la estructura criminal que arrebató violentamente la vida de mi madre y compañera Berta Cáceres”.
De igual forma, Laura Zúniga, hija menor de Cáceres, afirmó que como hija continuará exigiendo justicia para su madre, agregando “este pueblo merece ver a los asesinos tras las rejas”.
El Bufete Estudios para la Dignidad, que actúa como acusador privado en la causa Berta Cáceres, señaló en Facebook que tanto la familia de Cáceres, el Copinh, el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) y los abogados que acompañan la causa Berta Cáceres, han denunciado desde 2018 a Daniel Atala como parte de la autoría del crimen contra la líderesa y defensora indígena.
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Por el asesinato de Berta Cáceres, el 2 de marzo de 2016, han sido sentenciadas ocho personas. Estas son: David Castillo, Mariano Díaz Chávez, Douglas Geovanny Bustillo, Sergio Ramón Rodríguez, Elvin Heriberto Rápalo, Henry Javier Hernández, Edilson Duarte Meza y Óscar Torres Velásquez. Se mantienen en impunidad los autores intelectuales del crimen.
