Por: Jackie McVicar
El primer juicio relacionado con el asesinato de la activista ambiental Berta Cáceres en Honduras en 2016, está programado para abrirse el 10 de septiembre, pero los fiscales admitieron el 14 de agosto que no habían analizado evidencia clave que incautaron durante arrestos múltiples dos meses después del crimen.
El tribunal ordenó a los fiscales que proporcionen un análisis de esta evidencia a los abogados que representan a la familia de la señora Cáceres antes del 29 de agosto, brindándoles solo dos días para revisarla antes de una audiencia probatoria el 31 de agosto.
Los abogados y los familiares de Berta Cáceres han denunciado que no se han
analizado todas las evidencias por parte del Ministerio Público
El grupo internacional ambientalista Global Witness calificó a Honduras como «el país más peligroso para ser un defensor del medio ambiente». Debido a la atención centrada en el asesinato de la Sra. Cáceres, líder mundial del pueblo indígena Lenca, existe la preocupación de que, si la impunidad persiste en este caso, habrá más violencia contra los líderes de derechos humanos en Honduras.
Dos miembros de la organización cofundada por Berta Cáceres, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas (Copinh), fueron asesinados y otros informaron intentos de asesinato en las semanas y meses posteriores al asesinato de Cáceres. Bertha Zúniga, hija de Berta Cáceres y ahora coordinadora general de Copinh, fue blanco de un ataque de machete en julio de 2017. Otros miembros de Copinh han denunciado el acoso de las autoridades hondureñas.
Antes de su asesinato, Berta Cáceres dijo que había recibido numerosas amenazas debido a sus esfuerzos para detener el proyecto de una presa hidroeléctrica, Agua Zarca, que se construiría en el río Gualcarque, que se considera sagrado para los Lencas. Tomás García, un dirigente lenca, fue asesinado a tiros por militares hondureños durante una protesta contra el proyecto en 2013. Global Witness informa que otro opositor al proyecto, William Jacobo Rodríguez, fue asesinado un año después.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos había pedido al Estado hondureño que protegiera a la señora Cáceres, pero el 2 de marzo la mataron a tiros en su casa. Cuatro hombres fueron acusados de llevar a cabo el asesinato; dos tenían vínculos directos con la Corporación DESA, la compañía construyó la presa y tres tenían vínculos con el ejército hondureño.
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«Hemos estado en una intensa lucha por la justicia por más de dos años», dijo Berta Zúniga Cáceres en una conferencia de prensa en la ciudad de Guatemala el 21 de agosto, donde hizo un llamamiento a la comunidad internacional para vigilar los procedimientos legales. «Es un crimen del estado que ha trascendido las fronteras hondureñas», dijo. «Hay poca voluntad de encontrar una justicia integral». La estructura criminal que ordenó su asesinato debe ser descubierta «. Bertha Zúniga reiteró una demanda para que se investigue a los «autores intelectuales» del crimen, nombrando a la poderosa familia Atala Zablah en Honduras, que intervino como financiera principal en 2011 con fondos multimillonarios para la Corporación DESA.
El juicio explorará las circunstancias que condujeron al asesinato de Berta Cáceres, será difícil mostrar el vínculo entre quién ordenó el asesinato y quién lo llevó a cabo sin pruebas, como los teléfonos celulares y las computadoras que los fiscales tienen en su poder. Antes de su asesinato, Cáceres dijo que había recibido numerosas amenazas debido a sus esfuerzos para detener la construcción de un proyecto de presa hidroeléctrica, Agua Zarca, en el río Gualcarque. tuitea esto El 2 de mayo de 2016, «cuatro hombres fueron capturados y acusados del asesinato de Berta Cáceres por parte de la policía hondureña. (Entre mayo de 2016 y febrero de 2017, los otros cuatro hombres que esperaban juicio en septiembre fueron arrestados por el crimen.) Dos de los hombres habían trabajado con DESA, y los otros tenían papeles importantes en el ejército hondureño.
El teniente retirado del ejército, Douglas Geovanny Bustillo, había sido el jefe de seguridad de la empresa hasta julio de 2015, cuando se fue a trabajar para la empresa que brinda seguridad a las tiendas Walmart en Honduras. La Sra. Cáceres lo acusó de enviarle un mensaje de texto amenazando con una agresión sexual en diciembre de 2013. En DESA, el Sr. Bustillo trabajó estrechamente con Sergio Rodríguez Orellana, un ingeniero ambiental, en actividades de extensión en las comunidades cercanas al sitio propuesto para la represa. Además del Sr. Bustillo y el Sr. Rodríguez, dos miembros activos del ejército, Mariano Díaz Chávez y Atilio Edilson Duarte Meza (acusados de ser uno de los sicarios) también fueron arrestados.
Durante los arrestos de 2016, las autoridades hondureñas confiscaron pruebas de las casas del acusado, que incluyen computadoras, memorias USB, teléfonos celulares y cámaras, así como cartuchos y un revólver Colt. El mismo día, la policía llevó a cabo un registro en las oficinas de DESA Corp. en Tegucigalpa, donde confiscaron USB, computadoras, tabletas y documentación en papel.
El equipo legal que representa a la familia Cáceres ha solicitado oficialmente que se revisen las pruebas en poder de los fiscales estatales más de 35 veces en los últimos dos años. Pero a pesar de las cuatro órdenes judiciales para entregar la información, la fiscalía, bajo la dirección del Fiscal General Oscar Chinchilla, se había rehusado antes de la orden judicial de la semana pasada. La mayoría de las pruebas no se habían sometido a ningún tipo de análisis, y algunas de ellas ni siquiera se habían extraído de dispositivos celulares. «El 23 de agosto, que se suponía que sería el primer día de la vista probatoria, la oficina del Sr. Chinchilla confirmó formalmente lo peor: a pesar de tener material relacionado con el crimen en su posesión por más de dos años, la mayoría de las pruebas no tenían se sometieron a cualquier tipo de análisis, y algunos de ellos ni siquiera se habían extraído de dispositivos celulares.
Rodil Vásquez, miembro del equipo de abogados de la familia de Berta Cáceres
«La actitud negligente de la fiscalía ha sido obvia», dijo a «America the Jesuit review», Rodil Vásquez, uno de los abogados que representa a la familia de la Sra. Cáceres. En lugar de comenzar la audiencia probatoria, el tribunal pasó dos días revisando todas las pruebas faltantes. El segundo día, funcionarios del gobierno bloquearon la entrada a la corte, afectando a los miembros del equipo legal que representaban a la familia de la Sra. Cáceres, así como a los miembros de Copinh que vinieron a apoyarlos.
«Finalmente nos dejaron entrar desde la calle, donde el ejército no nos estaba permitiendo. Claramente esto es una irregularidad, una actitud arbitraria, realmente intimidante para aquellos que buscan justicia en este caso «, dijo el Sr. Vásquez. El Sr. Vásquez había solicitado que la audiencia pública se transmitiera en vivo, dado el interés internacional en el caso, pero el tribunal rechazó la solicitud. Ocho hombres enfrentan juicio por el asesinato de la Sra. Cáceres y el intento de asesinato de su colega Gustavo Castro, quien estaba con el Sr. Cáceres en ese momento. Un noveno hombre, David Castillo, era el gerente general de la Corporación DESA y fue arrestado cuando intentaba abandonar Honduras el 2 de marzo, exactamente dos años después del asesinato de la Sra. Cáceres. La evidencia de que la fiscalía está reteniendo también es importante en el proceso legal contra el Sr. Castillo y otros que podría estar implicado.
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El caso Berta Cáceres, y su investigación tal vez intencionalmente fallida, arroja luz sobre cómo se investigan casos de derechos humanos en Honduras, donde, según Amnistía Internacional, «la impunidad generalizada ha seguido socavando la confianza pública en las autoridades y el sistema judicial». . «El caso también podría mostrar cómo el gobierno hondureño está abordando proyectos de desarrollo económico que afectan dramáticamente a las comunidades indígenas.
En una carta abierta con fecha del 23 de agosto, grupos internacionales y nacionales de derechos humanos le pidieron al Sr. Chinchilla que cumpliera con sus obligaciones como fiscal general, objetando las «irregularidades» en el caso que podrían conducir a su destitución. La justicia para Berta Cáceres ha sido, y continuará siendo, una lucha a largo plazo.
*Jackie McVicar ha acompañado a los movimientos sociales de derechos humanos y a los protectores de tierras en Centroamérica por más de 10 años.
