Por: Viena Hernández
Tegucigalpa. – La fuerza laboral y de crecimiento de un país es la juventud, pero en Honduras la mayoría de esta población vive con la única aspiración de migrar, al encontrar factores atroces que obstaculizan su crecimiento económico y una vida plena con el goce de derechos y un futuro para sus familias.
Así, los hondureños migrantes se han convertido en parte de la fuerza laboral que sostiene a los países que eligen como destino, mayormente de Estados Unidos y España. Según estimaciones oficiales, más de un millón de hondureños viven en Estados Unidos de forma irregular y, en España, hasta enero de 2022 se contabilizaban 130, 119.
Hasta ahora en Honduras continúan sin existir verdaderos programas o proyectos gubernamentales capaces de disuadir su decisión de migrar de manera irregular.
Un estudio reciente del Foro Social de la Deuda externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), destaca que el 69% de los migrantes retornados de Honduras volverán a intentar cruzar la ruta migratoria con rumbo a Estados Unidos. Además, los jóvenes de primaria y secundaria aceptan en un 55% y 60% respectivamente que ya han considerado la opción de migrar.
Este estudio revela que, de 400 encuestados al momento de su retorno, un 77% tenían 1 y 2 veces de haber intentado llegar a Estados Unidos. En efecto, si esta situación se proyecta a los próximos años, probablemente serán muchos más los compatriotas que desearán abandonar el país en comparación con los que deciden quedarse.
Cabe destacar que, de los encuestados, sobre todo mujeres y hombres entre los 15 y 30 años, no perciben como incentivo suficiente para olvidar la probabilidad de migrar la expectativa de concluir su ciclo educativo y lograr algún empleo.
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SOLICITUDES DE ASILO
De enero a junio de 2021, países como Haití, Cuba, Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Chile y Nicaragua habían realizado más de mil solicitudes de asilo al gobierno de México, el más alto de estos fue Haití con 9,323 peticiones. Sin embargo, Honduras supero a todos con creces con 22,826 solicitudes hechas a México.
Las personas desplazadas exponen que la situación del país los obliga a buscar oportunidades y una mejor calidad de vida que en Honduras no pudieron encontrar. No obstante, los que son deportados reciben trato inhumano, lo cual es visto como un problema de relaciones exteriores en vez del grave problema social que representa.
Entre las propuestas mencionadas está procurar una modalidad de atención integral para los deportados y retornados, aunque siempre el problema sea puesto de relieve como una gran disfunción nacional de creciente malestar social, el cual requiere de estrategias, planes de corto y mediano alcance, nuevas políticas y, además, una asignación presupuestaria consecuente en 2022 y años subsiguientes.
Las cifras son alarmantes, en los últimos 11 años (2010-2021), 591 mil hondureñas y hondureños han sido deportados. Sin embargo, tras esas deportaciones masivas también existe una gran cantidad de personas que migran de forma irregular y logran llegar a sus destinos.
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LAS REMESAS SOSTIENEN A LOS HONDUREÑOS
Es oportuno mencionar que, Honduras recibe un imponente flujo de remesas gracias a los compatriotas que llegaron a su destino, lo cual al parecer hace opacar o neutralizar el establecimiento de políticas para atacar el problema integral de la migración.
A inicios de 2022, el Banco Central de Honduras (BCH) destacó que Honduras cerró el 2021 con un alza del 28,3 % en las remesas familiares recibidas, las cuales alcanzaron los 7.370 millones de dólares. Además, las remesas familiares, enviadas principalmente por los inmigrantes hondureños residentes en Estados Unidos, superaron en 1.628,9 millones a los 5.741,1 recibidos durante 2020.
Agregaron en un documento que las remesas representan la principal fuente de divisas del país, superando las exportaciones de café, los productos de la maquila, el camarón y otros. De tal forma, representan alrededor del 20 % del producto interno bruto (PIB) transformándose en uno de los principales sustentos de muchas familias de Honduras.
El alto flujo de remesas que el país recibe pareciera neutralizar y olvidar las concepciones políticas necesarias para una atención integral del problema. La atención vigente de vulnerabilidad social en general y de los migrantes deportados es muy marginal y abiertamente desarticulada. Las cifras mostradas de deportación 2010-2021 son contundentes sobre la naturaleza real de un gran problema que permanece invisible.
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AL ALZA LAS CIFRAS DE DESPLAZADOS
En pleno año del inicio de la pandemia Covid-19, en 2020, en número de personas desplazadas abarcó 270 municipios de 298 del país. Los 34,124 deportados del año 2020 se originaron en el 90.6% de todos los municipios, abarcando los 18 departamentos con que cuenta el país. Por lo anterior, se podría afirmar que tal comportamiento indica que prevalece la percepción colectiva que realmente el bienestar humano se puede alcanzar fuera del país.
Según cifras oficiales recabadas de Census Bureau U.S.A. y de la organización CONMIGO, los años entre el 2010 y 2021 donde se detectó mayor migración son: 227, 625 en 2015, con una cantidad de retornados de 75,875 y con una estimación de que lograron llegar unos 151,750. Otra cifra alta es la de 2018, con 225,837 con 75,279 deportados y, al menos 150,558, llegaron a su destino.
Para los tres últimos años, las cifras revelan que en 2019 hubo otro repunte de personas desplazadas de 327,555, con 109, 185 retornados y 218,370 que lograrían llegar al país de destino. Mientras que, en 2020 hubo una baja, quizás por motivos de pandemia, pero siempre alarmante cifra de 109,764 personas migrantes, con 36,588 retornados y 73, 176 que lograron llegar y se arraigan.
En 2021, la cifra bajó, se detectaron 75,222 hondureños desplazados, 25,074 retornados y 50, 148 que llegaron a sus destinos.
Es importante recalcar que, el 74% de los migrantes mujeres y hombres son jóvenes, según encuestas aplicadas a 400 personas en 2021, el informe indica que la mayoría tiene menos de 30 años y cuentan con baja escolaridad.
Pese a que Honduras en Honduras se impuso en modelo económico neoliberal y se ha insistido en continuar bajo este modelo cuyas características son el libre mercado, la reducción del gasto público, la privatización y la desregulación económica, en el país permanece la escasa generación de empleo, la pobreza y la miseria, falta de oportunidades, poco acceso a la salud y educación.
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El verdadero rostro del país lo reflejan las aflicciones de los grupos vulnerados, entre ellos los deportados que ven con preocupación su regreso a Honduras, resaltando que saben que su país no ha mejorado e incluso las condiciones podrían ser peores que cuando partieron. La población más predispuesta a salir del país percibe que la corrupción pública y privada, difícilmente se erradicará y ello supone una barrera adicional para alcanzar prosperidad.
Se suele reconocer como factores de expulsión en Honduras: una elevada presión demográfica, falta de acceso a la tierra, bajos salarios, bajos niveles de vida, falta de libertades políticas, represión y violencia generalizada; y como factores de atracción: mejores salarios y condiciones de vida en general, como salud, educación, seguridad en países como Estados Unidos.
El estudio indica que la salida masiva de migrantes es mayor cada año porque crecen los factores de expulsión y se alimentan, cada vez más, los factores de atracción, puesto que lo que una persona puede ganar en Honduras en seis años fácilmente lo alcanza en un año de trabajo en Estados Unidos.
La ley de protección del hondureño migrante y sus familiares, Decreto 106-2013, contiene la intencionalidad principal de los legisladores consistente en proteger al hondureño migrante en calamidad, bajo acusación o en situación de encarcelamiento. Se omite, en las leyes vigentes, el contexto de vulnerabilidades socioeconómicas acumuladas antes de la decisión propiamente de salida migratoria.
Asimismo, se omite la nueva complejidad que enfrentan los retornados y deportados cuando regresan a sus familias, es decir, prevalece, por disposición gubernamental, tanto un estado social de omisión o invisibilidad de la migración irregular, como de indefensión de los retornados en tanto la ley no contempla la necesidad de ofrecer un contexto facilitador de su inserción laboral en condiciones apropiadas.
