Directivos del IPP sostienen que aportes del Estado son una mera liberalidad del gobierno

Por: Redacción CRITERIO

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Eduin Romero, presidente del IPP.
Eduin Romero, presidente del IPP.

TEGUCIGALPA.- La junta directiva del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP) asegura que la aportación del Estado a ese ente ha sido una «liberalidad» de los presidentes que han autorizado este pago, al que intentan renunciar ilegalmente huyendo de una eventual  auditoría de parte de la Comisión de Bancos y Seguros (CNBS).

Pero la verdad es que la contribución es un derecho establecido en el decreto 190-85 de creación del IPP,  que establece que el Estado contribuiría con una cuota de 2.5 por ciento, en los años 1985-1986, y de un 5 por ciento a partir de 1987,  de los impuestos aplicados a los servicios de publicidad y propaganda comercial escrita, radial y televisada.

«El Estado participaba en el Instituto como colaborador del Sistema por mera liberalidad; por tanto es una entidad de derecho público no estatal», dice el presidente del IPP, Eduin Romero, en un mensaje enviado  a algunos afiliados del ente, tratando de justificar su intención de renunciar a un promedio de más de 2.3 millones de lempiras aportados en los últimos 14 años por el Estado.

Sin embargo, si lo que dice Romero en esta misiva fuera cierto, los ex presidentes José Azcona, ya fallecido, Rafael Callejas, Carlos Roberto Reina, ya fallecido, Carlos Flores Facussé, Ricardo Maduro, José Manuel Zelaya, Porfirio Lobo y Juan Hernández ya habrían sido reparados  por la Contraloría General de la República por no existir un decreto que les autorice a realizar estas transferencias que se programan año con año en el presupuesto nacional.

El gobierno de Juan Hernández, que asumió el poder a principios del 2014, cumpliendo la ley del IPP, asignó fondos en los presupuestos nacionales del 2014 y 2015 para contribuir al sistema de previsión social de los periodistas.

La aportación estatal no es un privilegio de los periodistas porque igual, fundamentados en una ley tienen los afiliados del Instituto de Previsión del Magisterio, el Instituto Hondureño de Seguridad Social, el Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos y el Instituto de Previsión Militar, con la salvedad de que sus directivos no han procedido a renunciar a esos fondos.

Pero la junta directiva del IPP, en un intento de seguir operando sin ninguna supervisión y fiscalización de la CNBS, se ha abstenido de retirar las aportaciones del año 2014 y lo que va del 2015, ya que con la  nueva normativa en materia de previsión social todo ente que reciba fondos públicos estará sujeto a la fiscalización de sus operaciones.

La aportación estatal al IPP sumó entre 1987 y el 2013, la cantidad de 53.2 millones de lempiras, asistencia que ha permitido la financiación de varios beneficios a los periodistas afiliados.

Miembros de la junta directiva del CPH.
Miembros de la junta directiva del CPH, quienes la vez integran el IPP.

El IPP es el único organismo de previsión social en Honduras, entre públicos y privados, que está exento de la vigilancia de la CNBS, lo que ha permitido a los directivos y al gerente del organismo administrar con suma discrecionalidad los fondos aportados por el Estado, los periodistas afiliados, los medios de comunicación y las utilidades generadas por inversiones.

La cúpula del IPP rechazó los fondos estatales que servían para financiar los seguros de vida, seguro hospitalario y auxilio funerario y parte de las jubilaciones y pensiones, en una increíble determinación que sólo se explica por  la desesperación en que han caído sus directivos ante una inminente auditoría de las operaciones por parte de la CNBS.

La arbitraria disposición de la junta directiva del IPP de desistir del beneficio de los fondos estatales, solamente para evitar una auditoría de la CNBS, atenta contra la sostenibilidad del organismo de previsión de los periodistas, que no fueron consultados para tomar la ilegal decisión, opinan actuarios y economistas.

    A continuación publicamos íntegramente el inciso A del artículo 27 de la Ley del Instituto de Previsión Social del Periodista contenida en el decreto número 190-85, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 4 de Diciembre de 1985, que establece la aportación del Estado.

     Artículo 27.- Los recursos del Instituto de Previsión Social del Periodista son:

  1. a) Una contribución del Estado equivalente al 2.5 % del Impuesto recaudado en 1985, estableciéndose el mismo porcentaje de lo que se recaude en 1986, y a partir de 1987 el porcentaje será del 5 %, en virtud del decreto 85-84, Artículo 17 aplicado a los servicios de publicidad y propaganda comercial escrita, radial y televisada. El Estado transferirá trimestralmente al Instituto esta recaudación”.

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