Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-Abogados de la Coalición Contra la Impunidad (CCI), tras revisar expedientes del proceso legal del conflictivo proyecto minero instalado en la comunidad de El Guapinol, Tocoa, Colón, concluyen que los diputados al Congreso Nacional cometieron un fraude legislativo al aprobar el Decreto Legislativo 252 – 2013.
En diciembre de 2013, el diputado del Partido Nacional por el departamento de Colón, Ricardo Díaz, introdujo un proyecto de decreto para reformar el Decreto 127-2012, que contiene la declaratoria del Parque Nacional Montaña de Botaderos como área protegida.
El decreto fue presentado fraudulentamente bajo la idea de la necesidad de ampliar la zona de amortiguamiento, sin embargo, la finalidad oculta de la reforma se hace evidente al comparar la nueva redacción del artículo con la anterior. La Zona núcleo se redujo de 24,223.7 hectáreas a solo 24,006.36, es decir 217.34 hectáreas menos, mismas que coincidentemente fueron entregadas al proyecto minero ASP y ASP 1, ahora en poder de la empresa “Inversiones Los Pinares”, propiedad de Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé, hija del terrateniente fallecido Miguel Facussé.
El decreto presentado por el diputado Ricardo Díaz, se aprobó con la dispensa de dos debates y se aprobó de manera inconstitucional. El proyecto legislativo fue presentado ante el pleno del Congreso el 5 de diciembre del año 2013, meses después de que la empresa había solicitado la concesión y que los dictámenes del Instituto de Conservación Forestal (ICF) y unidades de Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) ahora MiAmbiente, habían establecido que la concesión no era viable porque el proyecto estaba en la zona núcleo del Parque Nacional.
En virtud de lo anterior “los diputados corrieron en 23 días a cambiar el decreto de constitución del Parque Nacional Montaña de Botaderos”, dijo el abogado Edy Tábora.
El miembro del CCI explicó que los congresistas actuaron de esa manera porque tenían montado un fraude constitucional para aprobar el decreto. Aun y con todos los abusos, nuevamente en diciembre de 2014, distintos dictámenes de la Serna y del ICF, establecieron que el proyecto seguía siendo inviable. Sin embargo, esos dictámenes fueron revocados posteriormente y el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Ingeomin) procedió a otorgar la concesión.
De acuerdo a una denunciada presentada el 21 de febrero pasado por la CCI, los funcionarios que participaron en el acto irregular, cometieron los delitos de abuso de autoridad y omisión de los deberes de los funcionarios.
Recurso de inconstitucionalidad
En virtud de las incongruencias legales, la CCI, actuando en nombre del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Colón, presentó ayer lunes ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucional contra el Decreto Legislativo 252 – 2013.
A partir de ayer lunes la Corte tiene un plazo de tres días para darle trámite al recurso, enviando en primera instancia una solicitud al congreso Nacional para que este Poder del Estado envíe un informe sobre todo el proceso legislativo y luego pedir la opinión del Ministerio Público, para después emitir una sentencia.
De acuerdo a Tábora, el proceso no debería tardar más de un mes y medio. “El trámite constitucional es sumamente ágil para resolver estos temas, así que hemos depositado en la Sala de lo Constitucional la solución de un conflicto tan importante como este”, manifestó el defensor de los derechos humanos.
El conflicto minero ha dejado la criminalización contra decenas de personas, que se han organizado alrededor del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Naturales. Como muestra de ese estigma 13 personas están en prisión—12 hombres y una mujer— acusados por los delitos de privación injusta de la libertad, robo, incendio agravado y asociación ilícita.
3 comentarios
LAMENTABLEMENTE ESTAMOS EN ESTE PAIS DONDE LO ILEGAL LO HACEN LEGAL…
Que novedad!
Baiya