Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-De delincuentes calificó el abogado penalista, Ramón Barrios, a los diputados que emitieron el Decreto Legislativo 252-2013, mediante el cual se aprobó el proceso de concesión del proyecto minero ASP y ASP 1, ahora en poder de la empresa “Inversiones Los Pinares”, propiedad de Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé, hija del terrateniente fallecido Miguel Facussé.
“Resulta que los delincuentes que emitieron este decreto, que violaron el proceso legislativo, y digo así y asumo las consecuencias, los delincuentes, los delincuentes que concesionaron primeramente esta parte de la tierra y después quitaron, fueron los que hoy están criminalizando a los compañeros”, expresó el miembro de la Coalición Contra la Impunidad (CCI).
En diciembre de 2013, el diputado del Partido Nacional por el departamento de Colón, Ricardo Díaz, introdujo un proyecto de decreto para reformar el Decreto 127-2012, que contiene la declaratoria del Parque Nacional Montaña de Botaderos como área protegida.
El decreto fue presentado fraudulentamente bajo la idea de la necesidad de ampliar la zona de amortiguamiento, sin embargo, la finalidad oculta de la reforma se hace evidente al comparar la nueva redacción del artículo con la anterior. La Zona núcleo se redujo de 24,223.7 hectáreas a solo 24,006.36, es decir 217.34 hectáreas menos, mismas que coincidentemente fueron entregadas al proyecto minero ASP y ASP 1.
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El conflicto minero ha dejado la criminalización contra decenas de personas, que se han organizado alrededor del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Naturales. Como muestra de ese estigma 13 personas están en prisión—12 hombres y una mujer— acusados por los delitos de privación injusta de la libertad, robo, incendio agravado y asociación ilícita.
“Esta criminalización de los compañeros y de la compañera no se circunscribe solamente a la audiencia de declaración de imputado. Esta es una acción que desde el Estado se fraguó, el Estado dio una concesión a un grupo a una población y posteriormente, en menos de un año, ese mismo Estado en el Congreso Nacional le quita la concesión para entregarle las tierras de todos y todas a un grupo particular, a una empresa privada que nos está despojando de los recursos naturales”, reprochó Barrios.
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En Honduras hay dos derechos penales
El procurador valoró la forma cómo el Estado hondureño ha procesado judicialmente y mandado a prisión a 13 líderes ambientalistas de la comunidad de El Guapinol que están en contra de la minera porque está contaminando el agua potable que llega a sus hogares y a la zona núcleo y alrededores del Parque Nacional Montaña de Botaderos, conocido ahora como Parque Nacional “Carlos Escaleras”.
Barrios dijo que las personas que fueron enviadas a prisión solo están haciendo acopio de un derecho constitucional, porque están defendiendo los bienes comunes. Sin embargo, dijo que lamentablemente en Honduras existen dos derechos penales, uno para favorecer a los poderosos y otro para afectar a los pobres que luchan por sus derechos.
Finalmente, cuantificó que en Honduras hay 23,000 privados de libertad y de esos, el 96 % son pobres y “en este caso los que están defendiendo el derecho a la tierra son los presos y los delincuentes están legislando”.
7 comentarios
Que descarro de esos politicos. Ya ni disimulan.
Esos diputados son lo peor de Honduras!!
NO HAY DUDA, EL PAIS ESTA GOBERNADO POR UNA ORGANIZACION CRIMINAL. ESTAMOS GOBERNADOS POR DELINCUENTES
Que diera Honduras de que este hombre fuera el presidente de la Corte Suprema de Justicia. TENDRÍAMOS JUSTICIA Y NO LEGULEYADAS.
Asi es, y de hecho esta secuestrada la entera institucionalidad, MUCHOS ACTOS DE ESTE GOBIERNO CRIMINAL SON NULOS POR SU ILICITUD.
Pero se puede anular? Hasta donde se es violacion a la Constitución de la Republica.
Bien dicho…!!!