Tegucigalpa.- El crimen organizado en Honduras se mantiene vigente y permanente en las instituciones del Estado, las propias autoridades en la administración de la presidenta Xiomara Castro lo aseguran y es ratificado con acciones criminales de fiscales del Ministerio Público involucrados en participación directa en las actividades delictivas.
La cooptación de las instituciones del Estado no solo va desde hechos criminales de violencia, patrocinio de actividades delictuosas, también desde el propio gobierno existe un boicot contra la administración de Castro que interrumpen las políticas encaminadas a atender demandas sociales.
El expresidente de Honduras, coordinador del Partido Libertad y Refundación (Libre) y asesor presidencial, José Manuel Zelaya, afirmó que los grupos criminales han cooptado el Estado y mantienen vinculación directa en sus fechorías mientras señala que deben desmontarse.
“Los grupos criminales están organizados y están instalados en el país y además tienen infiltrados muchas áreas del Estado. Muchas organizaciones del Estado tienen vinculación con diferentes sectores del Estado entonces hay que identificarlo, hay que desmontarlos… es posible que en mi propia oficina estén infiltrándome, el crimen organizado existe y hay que combatirlo”, aseveró.
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Añadió que tienen dinero y abogados, además que han infiltrado sectores de la sociedad auspiciado por el régimen criminal y dictatorial que erigió el exgobernante Juan Orlando Hernández, extraditado a Estados Unidos por delitos de narcotráfico.
El Índice Global de Crimen Organizado publicado por la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC por sus siglas en inglés) indica que Honduras es la décima nación del mundo con mayor crimen organizado superado por Afganistán, Nigeria, Irán, Iraq, Colombia y México.
Según las declaraciones de Zelaya, es un “trabajo gigantesco” desmantelar las estructuras criminales que se aliaron con la dictadura que instauró Hernández durante 12 años la cual se enraizó y afilio y, pese a perder el poder, estos se mantienen vigentes.
Un claro ejemplo que ratifica las palabras de Zelaya es el comunicado del Ministerio Público que pone en evidencia que un agente de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), de nombre Fernando López Lara, sustrajo arsenal de armas y hurtó varias evidencias de las bodegas del ente, siendo acusado por delitos de hurto continuado, tráfico de armas y asociación para delinquir lo que indica que era una actividad constante en favor de estructuras criminales.
La propia viceministra de seguridad, Julissa Villanueva, señala que los entes investigativos del Estado responden a intereses de grupos criminales a raíz de que Honduras se convirtió en un narcoestado por lo cual se están abordando estrategias para contenerlo.
El principio de objetividad y transparencia en la investigación científica del delito es imperante para llegar a el último eslabón
1.Porqué Atic/MF analizaron estas armas y no @dpi_honduras?
2.Porqué Soraya no proporcionó la lista de las armas?
3. Cuántas veces más + lo mismo ? pic.twitter.com/elFxPRRtt8— Dra.Semma Julissa Villanueva B. (@villanuevasemma) July 31, 2022
Villanueva es reiterativa en sus cuestionamientos que se heredó un narcoestado lo que implica la cooptación de las instituciones del Estado sumado a la campaña para desestabilizar el gobierno, la apuesta es desmantelarlo.
“Ya están dadas las instrucciones, debemos ser más efectivos, lo que está ocurriendo en Honduras debe ser desmantelado”.
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De igual manera, el director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez ratifica que “las estructuras criminales siguen vigentes y se resisten a dejar sus lucrativos negocios”, sin embargo, promete que “caerán”.
Para el director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, las autoridades tienen la obligación de informar a la sociedad en general y hacer las investigaciones pertinentes para que “el crimen organizado no siga penetrando las instituciones”.
“El crimen organizado penetró la política, prueba de ello es que en Nueva York hay varios políticos extraditados”, sentenció.
A juicio del analista político, Raúl Pineda, el crimen organizado corrompió y destruyó la institucionalidad y “se convirtió en el cuarto poder en Honduras”, palabras que expone se cumple en el proceso de selección de candidatos a magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en que diferentes grupos de poder, incluido el crimen organizado apunta a tener sus representantes en el Poder Judicial.
El Poder Judicial y el Ministerio Público siguen siendo la confirmación que el crimen organizado está permanente, la Comisión Especial que nombró el Congreso Nacional para investigar a operadores de justicia lo evidenció.
Se denunció que se recibió información y testimonios de detectives de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico quienes entregaron documentación con órdenes ilegales, obstrucción a su labor, relevos irregulares por parte de la actual directora Soraya Carolina Cálix.
Asimismo, develaron que tienen un informe presentado al fiscal general Óscar Fernando Chinchilla por un detective de la DLCN en el que se denuncia las acciones de Cálix en protección a la actividad criminal del cártel de los hermanos Juan Orlando Hernández y Juan Antonio “Tony” Hernández, sin resultado alguna.
“Denunciaron actos de intimidación y amenazas en su contra, la alteración de informes de investigaciones que realizaron sobre personas vinculadas con el narcotráfico y varios extraditables, también la falsificación de la firma de uno de los detectives de esa dirección”, expone el informe.
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Además, se detalla que un fiscal del Ministerio Público, que no se reveló su nombre, laboró directamente con el presidente de la Corte, Rolando Argueta, y mantiene conversaciones frecuentes asegurando que el titular del Poder Ejecutivo le consultó “¿Qué haría si le ofrecieran una fuerte suma de dinero, si la hubiera recibido dónde la guardaría?”.
Tanto Argueta como Chinchilla, son sindicados de ser parte del crimen organizado bajo el régimen de Hernández, incluso se testificó por parte del narcotraficante hondureño Geovanny Fuentes Ramírez, condenado a cadena perpetua más 30 años de prisión, que Chinchilla fue impuesto en el cargo y reelecto para proteger actividades criminales.
