Amnistía Internacional demanda investigación por parte del Ministerio Público. Mientras instituciones que velan por la protección del medio ambiente siguen sin dar respuesta a las demandas de la población y los ambientalistas, en particular
Tegucigalpa.- El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, condenó el asesinato de los defensores ambientales Aly Domíguez y Jairo Bonilla, la semana pasada en Honduras y urgió a las autoridades a realizar una investigación rápida e independiente.
Además, recordó en su posteo realizado desde Twitter, que las vidas y los derechos de los activistas ambientales deben ser protegidas y respetadas.
La condena del secretario general de la ONU se suma a una semana llena de reprobación y censura ante el asesinato de los defensores de los ríos Guapinol y San Pedro, así como el Parque Nacional Carlos Escaleras, amenazados por proyectos mineros a cielo abierto.
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A la solicitud del secretario general de la ONU, se une la de Amnistía Internacional que dirigió una carta al fiscal general del Ministerio Público, Óscar Fernando Chinchilla, instándole a realizar una investigación inmediata, independiente, exhaustiva e imparcial para identificar a todos los responsables de los asesinatos de Aly Domínguez y Jairo Bonilla.
Desde agosto de 2022, el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT) denunció que sus liderazgos e integrantes sufrían una campaña de estigmatización y odio que, posteriormente, escaló a amenazas a muerte, acoso, vigilancia e intimidaciones, sin que las autoridades actuaran al respecto.
Zonas del Parque Nacional Carlos Escaleras, que deberían ser resguardadas fueron concesionadas a Inversiones Los Pinares, así como la instalación de la planta peletizadora de oxido de hierro de Inversiones Ecotek, ambas del Grupo Emco Holding, presidido por el empresario Lenir Pérez, casado con Ana Facussé, hija del fallecido terrateniente Miguel Facussé.
LA LUCHA POR EL AGUA Y EL TERRITORIO
La lucha por resguardar el agua y el territorio en el Valle del Aguán tiene décadas de estarse gestando. Su más reciente capítulo es ampliamente conocido bajo la causa de los defensores de Guapinol y San Pedro, que refiere a la criminalización de 32 defensores, entre ellos Aly Domínguez.
De estos 32, ocho defensores fueron privados de su libertad de forma ilegal por dos años y medio. ¿El motivo? Oponerse a la operación de los dos proyectos mineros de óxido de hierro a cielo abierto y la instalación de la planta peletizadora en el parque nacional, lo que afectaría no solamente la biodiversidad de la zona, sino que además contaminaría los ríos, de los cuales dependen para subsistir habitantes de varias comunidades.
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Si bien, estos ocho defensores fueron liberados, aún no tienen cartas de libertad definitiva, lo que ha vulnerado su situación puesto que en dos ocasiones han sido detenidos durante retenes policiales.
Por su parte, las instituciones encargadas de resguardar el medio ambiente visitaron el Parque Nacional Carlos Escaleras en una gira interinstitucional encabezada por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), sin que hasta hoy se conozca el resultado de la visita.
PARQUE NACIONAL CARLOS ESCALERAS Y LOS INTERESES EMPRESARIALES
El parque nacional, llamado hasta 2015 Montaña Botaderos, lleva el nombre de Carlos Escaleras Mejía, otro ambientalista de la zona asesinado en octubre de 1997 por oponerse a la instalación de una planta extractora de aceite de palma africana en la ribera del río Tocoa, el cual contaminaría el cause del río por el depósito de desechos tóxicos.
En la documentación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), tribunal regional que conoció el caso, se estableció que la instalación de la planta extractora de aceite de palma africana era gestionada por el empresario M.F., obviando el nombre y mencionándolo únicamente por sus iniciales. Las iniciales aluden al extinto empresario de la palma africana y terrateniente Miguel Facussé.
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Además, apuntó a que previo al asesinato del ambientalista, el empresario pidió a René Escaleras, hermano de la víctima, que hablara con Carlos Escaleras Mejía a fin que desistiera de su lucha por el medio ambiente, ya que ello le habría provocado una pérdida millonaria por no haber podido instalar la planta procesadora de palma africana.
“Al conversar con su hermano, este le indicó que continuaría dirigiendo el movimiento en pro del medio ambiente, respuesta que dio lugar a que René Escaleras fuera despedido de la empresa de M. F. Tres meses después de este hecho, Carlos Escaleras Mejía fue ejecutado”, lee la documentación.
