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Convenio agrario del Aguán no abarca conflicto sobre Guapinol y Parque Nacional Carlos Escaleras

El convenio agrario firmado en febrero de 2022, que continúa sin ser implementado por el Estado de Honduras, aborda la violencia del sector agroindustrial hacia los grupos campesinos, no así el conflicto generado por el extractivismo minero en el Parque Nacional Carlos Escaleras

Tegucigalpa.- La Secretaría de Derechos Humanos afirmó el domingo 8 de enero, tras el asesinato de dos defensores de Guapinol, que «ante la grave situación de violencia heredada en el departamento de Colón se adoptaron medidas para la solución de la conflictividad».

Entre estas citan en el comunicado publicado, la firma del convenio firmado el 22 febrero de 2022 entre el gobierno de Honduras y las organizaciones campesinas del Valle del Aguán en el departamento de Colón.

Campesinos del Aguán exigen al gobierno cumplimiento de acuerdo

No obstante, la firma del convenio agrario de febrero de 2022 «no aborda el tema extractivo, es decir el tema de las operaciones mineras corruptas y violentas como la que opera en Guapinol, la que opera en Sabá y todas las que operan sobre el Parque Carlos Escaleras o Montaña de Botaderos», aclaró el abogado y coordinador del Bufete Estudios para la Dignidad, Víctor Fernández, quien representa a los grupos campesinos involucrados.

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Fernández apuntó que es necesario aclarar y precisar, para que no se use indiscriminadamente un tema sobre otro, puesto que a su conocimiento, el convenio no abarcó a Guapinol ni participaron sus liderazgos y tampoco el gobierno se motivo a trasladarse al Valle del Aguán a causa de la violencia y el conflicto de Guapinol.

El profesional del derecho aclaró que el convenio agrario continua sin ser implementado. Además, afirmó a Criterio.hn que si bien el acuerdo tiene una perspectiva de derechos humanos y pretende abordar la violencia que está instaurada en la zona para la ocupación violenta de las tierras por parte del sector agroindustrial, en ninguno de sus apartados se menciona a las comunidades de Guapinol o San Pedro o el conflicto generado por el extractivismo minero en el parque nacional.

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Es decir, el gobierno «se motivo a trasladarse al Valle del Aguán porque el sector empresarial corrupto violento pretendía que las autoridades de gobierno ejecutaran desalojos indiscriminados de las cooperativas agropecuarias que están en franco y legitimo proceso de recuperación de la tierra, pero no aborda el tema extractivo», explicó.

ABORDAJE DE VIOLENCIA QUE GENERAN GRUPOS ECONÓMICOS EN EL VALLE DEL AGUÁN DEBE SER INTEGRAL

El abogado Víctor Fernández no desconoce que el abordaje a la violencia que generan los grupos económicos en el Valle del Aguán y otros territorios, debe ser integral, especialmente en los territorios donde las comunidades y las organizaciones tienen procesos legítimos de reivindicación de derechos y de confrontación en contra de la corrupción y la violencia de dichos grupos económicos, pero esto no está reflejado en el convenio que suscribió el gobierno con las bases campesinas del Bajo Aguán.

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«Estos hechos de violencia que marcan un asesinato de dos liderazgos de la comunidad de Guapinol, le preceden una escalada de violencia en contra de las cooperativas del sector reformado en el Aguán, le precede otros asesinatos como el que se produjo contra uno de los campesinos de la Cooperativa El Chile, el desalojo violento y corrupto que ordenó un juez.

Víctor Fernández

La demanda para la actual administración es que asuma con coherencia, con prontitud, con diligencia y con determinación la solución a estos conflictos» señaló Fernández.

El coordinador del Bufete Estudios para la Dignidad planteó que el sector organizado del Valle del Aguán, así como quienes representan y forman parte de la lucha del Aguán, han tenido un papel propositivo frente a la nueva administración: explicando, brindando argumentos y fundamentos para que se tomen decisiones enmarcadas en el Estado de derecho y que sometan a los grupos criminales, empresariales y sicariales al imperio de la Constitución y las leyes. Sin embargo, desconocen qué fuerzas ocultas y violentas están constriñendo a los funcionarios del Estado.

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«No sabemos la capacidad de maniobra que están desarrollando el sector empresarial y tampoco advertimos la fuerza necesaria que tiene que tener el Estado para solventar este tipo de hechos. Primero, con fundamentos en la Constitución, en los convenios y en las leyes, y además, con toda la claridad que en el Valle del Aguán operan grupos criminales, dirigidos por grupos que navegan con bandera empresarial y agroindustrial», concluyó Fernández.

  • Marcia Perdomo
    Amante de la historia y la lectura, en permanente búsqueda del ritmo en las narrativas. Soy una periodista incisiva, las contradicciones son una invitación a investigar y la normalidad está sobrevalorada. Me rehúso a sobrevivir dentro de los pensamientos erróneos de una sociedad asfixiante. Investigo y construyo reportajes sobre el modelo extractivista y su impacto en los derechos humanos de los pueblos ancestrales, grupos vulnerabilizados y sociedad en general. marciaperdomo@criterio.hn

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