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reformas que criminalizan la lucha popular

Acusación por asociación ilícita contra familias campesinas del Aguán es absurda, asegura abogado Víctor Fernández

“Esta criminalización es una muestra indubitada del modelo de corrupción con el que operó y sigue operando el despojo de las tierras de las cooperativas del Valle del Aguán”, declaró el abogado Víctor Fernández

Tegucigalpa. El abogado del Bufete Estudios Para la Dignidad, Víctor Fernández, calificó como absurda la acusación del Ministerio Público por asociación ilícita contra familias campesinas organizadas en cooperativas, que buscan reinvindicar su derecho a la tierra y su dignidad.

Criterio.hn busco la opinión del bufete legal que representa a la Plataforma Agraria del Aguán y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) luego que trascendió la semana pasada la criminalización contra campesinos y campesinos en el Aguán.

Víctor Fernández, abogado del Bufete Estudios Para la Dignidad

Agregó, que es ofensivo que les acusen de usurpar el territorio cuando cuentan con un titulo otorgado por el Instituto Nacional Agrario (INA), de tierras que pueden ser únicamente destinadas por las y los beneficiarios de la reforma agraria.

“Esta criminalización implica la continuada subyugación del sistema de justicia por las mafias económicas, lamentablemente operando hoy en tiempos de la esperada ‘refundación’ del país”, expuso el abogado y defensor del territorio, Víctor Fernández.

ACUSACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

Las personas contra quienes se libró ordenes de capturas son: Marcos Ovidio Martínez, Damaris Paola Lemus Cuba, Miguel Ángel Lemus Cuba, Óscar Manuel Cubas Gutiérrez, Jeery Alexander Villeda, Jery Ventura Morales Reyes, Rúben Dario Hernández, Emanuel Antonio Molina y Jaime Adaly Cabrera del Cid.

El Ministerio Público acusa a estas nueve personas por supuestamente haber participado en los delitos de: Asociación para delinquir, usurpación agravada, privación ilegal de la libertad.

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De acuerdo a la relación de hechos realizada en el escrito presentado por el Juzgado de Letras Penal de Jurisdicción Nacional, afirman que el jueves 24 de noviembre a las 5:00 de la madrugada en la aldea Quebrada de Arena en Tocoa, Colón, unas 150 personas habrían ingresado a la finca El Chile y la planta extractora de aceite de palma del Aguán.

Refieren que las personas se tomaron los portones de acceso de la Exportadora de Atlántico y Corporación Dinant, acción a través de la cual supuestamente habrían cometido el delito de privación de manera ilegal de la libertad a todo el personal que se encontraba laborando de madrugada.

MODELO DE CORRUPCIÓN Y DESPOJO SIGUE OPERANDO

Víctor Fernández, quien también coordina el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), señaló que “esta criminalización es una muestra indubitada del modelo de corrupción con el que operó y sigue operando el despojo de las tierras de las cooperativas del Valle del Aguán”.

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Además, apuntó que “en esta práctica de crimen organizado, participan siempre los actores de poder económico, como los dueños de Dinant y los otros terratenientes que se adueñaron criminal e impunemente de las mejores tierras del país, incluyendo las del Aguán, apoyados por sus estructuras armadas que aterrorizan, desplazan y asesinan a las familias campesinas. El otro brazo de esta sucia maniobra es el funcionariado del Estado, en primera fila los fiscales convertidos en perros de garra de la mafia económica, haciendo comparsa con jueces, policías y militares”.

El profesional del derecho señaló que las acciones tomadas desde el Poder Judicial implican un desafío crucial para el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, quien por años fue respaldada por los grupos campesinos organizados, incluyendo las pasadas elecciones de 2021.

Las acciones de criminalización contra las y los campesinos “es una burla más al estado de derecho y a la seguridad jurídica de lo cual son víctimas las familias campesinas”, especificó.

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Además, sostuvo que es un desafío y burla para las organizaciones y comunidad que apoyan los discursos y estándares de derechos humanos.

Fernández, apuntó que los hechos de la acusación ocurren mientras algunas de estas personas atendían a las delegaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Unión Europea. Mientras el Ministerio Público afirma que estaban ejecutando los delitos por los que son acusados.

URGE INSTALACIÓN DE COMISIÓN TRIPARTITA

Contrarrestando este oscuro panorama, el abogado señala que también es una oportunidad para que los actores honestos y justos hagan causa común y eviten que continue imperando la violencia y la injusticia implantada por grupos criminales disfrazados de empresas mercantiles en el Valle del Aguán.

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Bajo Aguán para conocer in situ la problemática del sector

En cuanto al convenio firmado el 22 de febrero de 2022 entre el gobierno de Honduras y las organizaciones campesinas, Fernández contó que continua la espera para que el ejecutivo retome el cumplimiento de todo lo contemplado en el documento.

Para el abogado, es urgente que se instale de inmediato la comisión tripartita integrada por el Estado y sus instituciones, las familias campesinas víctimas de violación de sus derechos y la OACNUDH.

“Falta que el Estado, con todo el argumento jurídico que se ha construido, empiece a tomar decisiones orientadas a devolver las tierras de la reforma agraria a las familias campesinas y someta al imperio de la ley a todos los ejecutores del despojo. Falta que avance con la política y reforma agraria integral, que apoye y nunca más exponga al desamparo a las familias y organizaciones campesinas, como las del Valle del Aguán”, concluyó.

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  • Marcia Perdomo
    Amante de la historia y la lectura, en permanente búsqueda del ritmo en las narrativas. Soy una periodista incisiva, las contradicciones son una invitación a investigar y la normalidad está sobrevalorada. Me rehúso a sobrevivir dentro de los pensamientos erróneos de una sociedad asfixiante. Investigo y construyo reportajes sobre el modelo extractivista y su impacto en los derechos humanos de los pueblos ancestrales, grupos vulnerabilizados y sociedad en general. marciaperdomo@criterio.hn

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