Tegucigalpa.- La directora del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, afirmó durante un foro virtual que los medios de comunicación están cooptados por las redes de corrupción y advirtió que estos incidirán en la elección del nuevo Fiscal General de la República y la Corte Suprema de Justicia.
Castellanos dijo que “con los medios de comunicación tenemos como países un gran desafío. Ya Claudia [Paz y Paz] nos hablaba sobre lo que causa la corrupción y cómo vemos su mecanismo o las redes de corrupción en nuestros países. Parte de esas redes es la cooptación de los medios de comunicación, precisamente. No podemos hablar en su totalidad o de manera universal pero sí en su gran mayoría”
Las declaraciones de Castellanos responden a la pregunta sobre el rol de los medios de comunicación en la elección del fiscal general de la República y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Hoy más que nunca como sociedad civil y cuando digo sociedad civil no estoy hablando solamente de organizaciones, sino que estamos hablando de la empresa privada, precisamente del mismo medio de comunicación”, señaló la directora del CNA, quien participó en el foro virtual «¿Cómo mejorar los procesos de selección de magistradxs y fiscales en Centroamérica para combatir la corrupción y la impunidad?», auspiciado por la Seattle International Foundation (SIF).
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“Tenemos que repensar, replantearnos ciertas estrategias para que no siga pasando lo que ya hemos discutido en esta mañana y creo que es parte de nuestra responsabilidad poder aportar y no solamente señalar al órgano [Congreso Nacional] que al final selecciona a estos altos funcionarios”, pormenorizo.
La titular del Consejo Nacional Anticorrupción cerró su intervención en relación con la pregunta planteada, señalando que “hay una gran responsabilidad por parte de todos”.
El cuestionamiento realizado por Castellanos no es nuevo. De hecho, otras organizaciones y ciudadanía han disputado el rol que juegan los medios de comunicación en la información o desinformación en la cobertura de temas de interés nacional.
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Incluso el capitán en calidad de retiro, Santos Orellana Rodríguez, expulsado de la institución castrense por haber denunciado por narcotráfico en 2016 a Tony Hernández y ahora en prisión acusado por lavado de activos, dijo en 2019 que dueños de medios de comunicación en Honduras estarían involucrados en el narcotráfico.
Mientras que en 2018, la Unión Europea denunció la parcialidad de los medios de comunicación de Honduras a favor del entonces presidente y ahora extraditado por narcotráfico, Juan Orlando Hernández. Esto en el contexto de las fraudulentas elecciones de 2017.
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A juicio de la Unión Europea, la práctica con la que manejaron la campaña política los medios de comunicación mostró la falta de independencia con la que trabaja la prensa hondureña.
Esta pleitesía de los medios de comunicación al poder no es casualidad y tiene su raíz en la aprobación en el Congreso Nacional del decreto 86-2013 que contempla la Ley del Programa Voluntariado de Rescate, Promoción y Fomento del Sector de las Comunicaciones, el cual permite que los medios de comunicación acogidos a un régimen especial canjear sus deudas concernientes al pago de impuestos y de servicios públicos y sus obligaciones presentes y futuras por dichos conceptos.
Esta ley fue señalada por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), que en su informe “Perfiles Macrofiscales de Centroamérica” de 2015 hizo hincapié y lo catalogó como un abuso y la fomentación de clases privilegiadas en detrimento del resto de la sociedad hondureña.
El ahora designado presidencial y en ese entonces candidato presidencial de la Alianza Opositora Contra la Dictadura, Salvador Nasralla, dijo que al hacer un análisis del contexto ha llegado a la conclusión que el gobierno está pagando a los medios “para ensalzar la figura del presidente Juan Hernández e impulsarlo en una eventual reelección presidencial y por eso no cuestionan nada, ni critican lo malo”.
