La propuesta de recategorización de área protegida a parque nacional genera alertas por posibles beneficios a intereses privados y exclusión a comunidades en El Merendón, siguiendo el modelo del Parque Marino Cayos Cochinos y el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras.
Tegucigalpa, Honduras. – La reserva de El Merendón produce el 67% del recurso hídrico que sostiene a San Pedro Sula, pero se encuentra amenazada por la expansión urbanística y ahora su recategorización a Parque Nacional, lejos de salvaguardarla, podría beneficiar a inversionistas externos.
Así lo expuso Diana Betancur, ingeniera civil y especialista ambiental, quien participó el 30 de abril en el foro “¿Quién decide el futuro de El Merendón?”, organizado por el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).
“Al haber un parque nacional se estarían abriendo las puertas para que inversiones externas se aprovechen y usufructúen los recursos naturales que tiene la zona de reserva. Con el inminente peligro que las comunidades […] no van a ser beneficiadas”, planteó Betancur.
De acuerdo con el abogado Víctor Fernández, integrante del MADJ y coordinador del Bufete Estudios para la Dignidad (BED), en El Merendón residen más de 17 mil personas en 44 comunidades, muchas de las cuales no tienen acceso al agua, tampoco sistemas de recolección de basura, y mucho menos servicios de salud, pese a que actores industriales facturan millones del área.
Por su riqueza hídrica, intentos de proteger el área iniciaron desde principios del siglo pasado hasta alcanzar la aprobación del Decreto No. 46-90 –39,500 hectáreas– que declaró la Zona de Reserva El Merendón, bajo el resguardo de la Alcaldía de San Pedro Sula.
Sin embargo, 23 años después mediante el decreto legislativo 334-2013 la reserva –por intervención de diputados– habría perdido más de 2,500 hectáreas, y no sería hasta en 2024, tras afectaciones por el desarrollo de un proyecto urbanístico que fue derogado y mediante el Acuerdo del Instituto de Conservación Forestal (ICF) 092-2025 se redefinen los límites a los del Decreto 46-90 y cambia la categoría de protección, elevándolo a Parque Nacional.
Lea también: Congreso Nacional deroga decreto que permitió construcción de proyecto habitacional en El Merendón
Según Betancur y el ingeniero Sergio Gutiérrez, bajo este esquema de recategorización, se habría recuperado en teoría 1,100.7 hectáreas, quedando un total de 37 mil hectáreas. Sin embargo, objetó que en el área recuperada se concentran en el sector llamado Cerro Will, frontera con Choloma, además, se estaría dejando por fuera áreas verdes que a futuro podrían estar disponibles para ser urbanizadas.
EL RIESGO DE LOS PARQUES NACIONALES EN HONDURAS
“Lo que pretenden aquí es quitarle la autoridad a la municipalidad de San Pedro Sula –la principal interesada en que el agua se produzca a perpetuidad– y pasárselo al ICF”, entidad que tiene a su cargo muchos parques nacionales, pero “ineficiente” para dar cumplimiento con las medidas de protección, pormenorizo la ingeniera Betancur.
La alerta realizada por los ingenieros Betancur y Gutiérrez, no es descabellada, aunque en teoría su reclasificación debería brindar mayor protección a su resguardo, en la práctica otras áreas que han sido elevadas a categoría de parque han terminado bajo el comanejo de fundaciones en las que intervienen actores privados con intereses económicos.
Algo similar ocurre con el Parque Marítimo de Cayos Cochinos bajo la dirección de la Fundación de Cayos Cochinos, cuya creación como área natural protegida en 1994 fue cabildeada por empresarios, a través de la Sociedad de Inversiones Ecológicas (SIEC).
Reportaje relacionado: Cayos Cochinos, el paraíso del reality y la disputa territorial garífuna
Además, a través de esta empresa se financió la adquisición de varios terrenos y cayos, de acuerdo con la investigación “Cayos Cochinos, el paraíso del reality y la disputa territorial garífuna” de Criterio.hn publicado en marzo. Lo que ha provocado serias afectaciones y restricciones en el desarrollo de las comunidades garífunas que dependen de la pesca para su supervivencia, mientras se mantiene bajo opacidad los ingresos que recibe la fundación en base a la realización de programas televisivos y otros proyectos turísticos.
Betancur señaló que, si bien bajo el acuerdo se establece que las comunidades puedan generar ingresos a través del ecoturismo, esto abre las puertas a que corporaciones externas desarrollen infraestructura turística y otras inversiones, y “no es ese el espíritu de la protección de la zona del Merendón, que es producir agua, producir bienestar a las comunidades que están ahí adentro”. Otras actividades que son permitidas bajo el nuevo acuerdo, pero que son consideradas de riesgo, está la apertura de calles.
En el pasado, la remedición y recategorización de áreas protegidas y parques nacionales ha servido a intereses mercantiles. Cayos Cochinos no es el único ejemplo. Bajo el Decreto Legislativo 252 de 2013, diputados restaron 217.34 hectáreas a la zona núcleo del recién creado Parque Nacional Carlos Escaleras –bajo el decreto 127-2012– para posteriormente otorgar en esa misma zona las concesiones mineras ASP y ASP2 a la empresa Inversiones Los Pinares.
De interés: Denuncian control armado de minera sobre Parque Nacional Carlos Escaleras
Tanto en el caso del Parque Marino Cayos Cochinos como en el Parque Nacional Carlos Escaleras, quienes continúan pagando las afectaciones de la “conservación”, en muchos casos inconsulta, fueron las poblaciones que residen en las zonas intervenidas o aledañas a estas, cuyos liderazgos son criminalizados y hasta asesinados por denunciar irregularidades y contaminación.
Con respecto, a El Merendón, Betancur sí considera necesario un nuevo decreto, pero no bajo la categoría de parque nacional, simplemente redefiniendo legalmente los límites de este, a la vez que evite la intervención de externos al área.
El 29 de mayo de 2024, el Congreso Nacional aprobó un paquete de iniciativas y reformas para la protección ambiental, entre las que se incluyó el restablecimiento de los límites originales del Área Protegida Reserva de El Merendón, reducidos en 2013, y ordenó al ICF su redefinición.
La administración anterior del ICF, dirigida por Luis Soliz Lobo, realizó tres publicaciones sobre la redefinición y recategorización del área protegida los días 10, 20 y 30 de diciembre en el diario oficial La Gaceta, estableciendo un plazo de 60 días para la presentación de reclamos. No obstante, debido al contexto político postelectoral, el proceso no logró ser discutido en el Congreso Nacional.
La nueva administración del ICF, bajo la dirección de José Armando Ramírez Mejía, reimprimió el primer aviso en diarios de circulación nacional el lunes 6 de abril, reactivando el proceso.
