Aunque no se trata de una propuesta oficial ante el Congreso Nacional, el análisis impulsado por María José Sosa busca recopilar fundamentos jurídicos que sustenten una eventual acción contra Libre, en medio de cuestionamientos sobre su viabilidad legal y sus implicaciones para la democracia.
Sin embargo, analistas políticos consultados por Criterio.hn califican la iniciativa como “improcedente” y advierten que intentar suprimir a un partido con representación política debilita el sistema democrático y el equilibrio de poderes.
Además, advierten que la Ley Electoral de Honduras establece causales específicas para cancelar la personería jurídica de un partido, condiciones que —afirman— no se cumplen en el caso del Partido Libertad y Refundación (Libre).
Tegucigalpa, Honduras. – La diputada del oficialista Partido Nacional, María José Sosa, anunció que realiza una investigación orientada a determinar si existen causales legales para solicitar la cancelación de la personería jurídica del Partido Libertad y Refundación (Libre), una iniciativa que ha desatado reacciones encontradas entre analistas y actores políticos, en un contexto marcado por la polarización.
Durante la sesión del miércoles 28 de abril de 2026, Sosa explicó que, por ahora, no se trata de una propuesta formal presentada ante el Congreso Nacional, sino de un proceso de recopilación de información que permita sustentar jurídicamente una eventual acción.
Insistió en que su planteamiento no responde a motivaciones personales o políticas, sino a lo que calificó como una demanda ciudadana. “No es un tema personal, ni una vendetta o persecución. Es responder al clamor de los hondureños que no se les falte el respeto desde la institucionalidad”, sostuvo la legisladora.
Entre los argumentos que, según Sosa, podrían sustentar la iniciativa, mencionó el supuesto uso de la violencia, faltas a la democracia y financiamiento de dudosa procedencia por parte de los candidatos del Partido Libre en el pasado proceso electoral de 2025.
También hizo alusión a hechos que, aseguró, son de conocimiento público, como el denominado “narcovideo” –que fue publicado en septiembre de 2024 por el medio Insight Crime— en el que aparece el exsecretario del Congreso Nacional y hermano del expresidente Manuel Zelaya, Carlos Zelaya, negociando dinero para financiar la campaña política del Partido Libertad y Refundación (Libre) para el proceso electoral de 2013.
Zelaya, cuñado de la expresidenta Xiomara Castro, mencionó que el dinero se distribuiría para la campaña electoral en los departamentos de Colón, Olancho (región de origen de la familia Zelaya Castro) y Santa Bárbara.
Al hablar de la distribución del dinero Carlos Zelaya mencionó que “la mitad sea para el comandante”, sobrenombre con el que se le conoce al expresidente Manuel Zelaya.
En el vídeo también se observa al exalcalde de Tocoa, Colón, Adán Fúnez; los narcotraficantes Devis Leonel Rivera Maradiaga, Carlos El Negro Lobo, Héctor Fernández Rosa Don H, en prisión en Estados Unidos y Juan Ramón Matta Waldurraga, exconvicto de la justicia de Estados Unidos por tráfico de drogas y absuelto, en 2023, por la justicia de Honduras tras ser enjuiciado por el delito de lavado de activos.
No obstante, la diputada reconoció que cualquier decisión sobre la cancelación de la personería jurídica de un partido político no recae en el Legislativo, sino que debe “llegar hasta la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que es la que tendría que hacer las evaluaciones correspondientes”.
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INICIATIVA DE CANCELAR PERSNERÍA JURIDÍCA A LIBRE ES ANTIDEMOCRÁTICA
La propuesta, sin embargo, ha sido cuestionada por analistas políticos y sociólogos. El director ejecutivo del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), Gustavo Irías, calificó la iniciativa como “improcedente” y “profundamente antidemocrática”.
Durante una entrevista brindada a Criterio.hn el integrante de sociedad civil argumentó que la Ley Electoral de Honduras establece con claridad las causales para la cancelación de la personería jurídica de los partidos, entre ellas no alcanzar al menos el 2% de los votos válidos en elecciones presidenciales o no obtener representación política, condiciones que —según señaló— no se cumplen en el caso del Partido Libertad y Refundación (Libre).
El artículo 148 de la citada normativa establece seis (6) causales para suprimir o cancelar la inscripción de los partidos políticos entre ellos: por no haber obtenido por lo menos un (1) diputado al Congreso Nacional o un (1) alcalde a nivel municipal en las elecciones generales.
“Estamos muy lejos de una situación que permita aplicar ese criterio. La normativa es clara”, subrayó el analista, quien advirtió además que este tipo de planteamientos podrían reflejar una tendencia a suprimir fuerzas políticas disidentes.
A su juicio, la eliminación de partidos de oposición debilitaría el pluralismo político, un elemento esencial para el funcionamiento de la democracia. “Una sociedad donde solo existen partidos de un solo signo se acerca a formas autoritarias de gobierno”, apuntó.
En tanto, el sociólogo y analista Engels López interpretó la iniciativa como parte de una estrategia política más amplia, que se enmarca en una “reconfiguración de la derecha bipartidista” —integrada por el Partido Nacional y el Partido Liberal— que buscaría consolidar poder y reducir el espacio de la oposición.
López sostuvo que este tipo de acciones responden a un intento de imponer un nuevo orden político basado en el control institucional, el uso de mecanismos legales y la exclusión de actores disidentes. “El objetivo es desaparecer todo rasgo de oposición política y social”, dijo a este medio digital el analista.
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Desde la bancada del Partido Libre rechazan las declaraciones de la diputada del Partido Nacional, María José Sosa, calificándolas como parte de una estrategia de persecución política.
En pláticas con Criterio.hn la legisladora del Partido Libre, Clara López, aseguró que la propuesta carece de fundamento y responde a una intención de debilitar a su partido.
“Es una estrategia política muy mal diseñada. Intentar siquiera hablar de quitarle la personería jurídica a Libre es una amenaza vacía”, expresó la legisladora, quien además cuestionó la credibilidad de Sosa frente a la opinión pública.
López defendió la legitimidad del Partido Libre como fuerza política, destacando su base electoral y representación institucional. “Somos un partido con más de un millón de votantes, con 68 alcaldías y una bancada significativa en el Congreso Nacional”, afirmó.
Asimismo, advirtió que este tipo de iniciativas podrían poner en riesgo la estabilidad democrática del país, al intentar limitar la participación de la oposición. “Solo en las dictaduras se persigue sistemáticamente a la oposición política”, señaló López.
El planteamiento de Sosa surge en un contexto de creciente confrontación política en el Congreso Nacional, donde los enfrentamientos entre las principales fuerzas han sido constantes y han escalado en los últimos meses.
Además, se ha eliminado la representación del Partido Libre en órganos electorales –que, pese a que la ley no dice que los partidos políticos deben tener cuotas de poder en ellos, por años los pactos entre fuerzas políticas convirtieron en una práctica común—.
Para analistas consultados por Criterio.hn este tipo de propuestas no solo reavivan la polarización ideológica, sino que también reflejan tensiones derivadas de la actual correlación de fuerzas en el poder y la disputa por el control de las instituciones del Estado.
