Ni audiencias públicas, ni cronogramas de actividades, ni la publicación de hojas de vida. Nada de lo anterior ha realizado la comisión especial que evalúa a los candidatos a magistrados del TSC
Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional ha demostrado opacidad y falta de transparencia en el proceso de evaluación de los candidatos y candidatas a las magistraturas del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) que ejercerán entre 2024 y 2031.
Aunque entre el 27 de noviembre y el 4 de diciembre la secretaría del Congreso Nacional recibió unas 21 postulaciones, la comisión especial encargada de la evaluación de estos candidatos continúa sin publicar sus hojas de vida, celebrar audiencias públicas, elaborar cronogramas de actividades, establecer el perfil ideal, ni aplicar matrices de evaluación.
El TSC es el ente contralor del Estado, es decir, se encarga de fiscalizar los recursos administrados por los tres poderes estatales, las instituciones desconcentradas y descentralizadas, los bancos estatales y las municipalidades.
Su máxima autoridad es el pleno de tres magistrados, cuya elección para los próximos siete años está pendiente en el Congreso Nacional, a raíz de la división que ha generado la falta de reconocimiento de la oposición hacia la Comisión Permanente que se instaló el 31 de octubre de 2023.
A pesar de la importancia que reviste la magistratura del TSC, la comisión especial que evalúa a los candidatos al cargo prefiere mantenerse en completa opacidad, al no publicar ningún resultado del proceso de evaluación desde el 21 de noviembre de 2023.
El coordinador de proyectos del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Carlos Sierra, expresó a Criterio.hn que no divulgar información acerca de las y los candidatos a magistrados solo tiene como propósito desarrollar el proceso al margen de la meritocracia.
“El Congreso Nacional está obligado a publicar esa información. Al no hacerlo, están demostrando que quieren desarrollar un proceso en el marco de una negociación político-partidaria y al margen de los méritos de las personas que están aspirando. Eso es lo que están buscando”, declaró Sierra.
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A diferencia de otros procesos similares previos, como la elección de los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) o del fiscal general, en los que hubo un proceso previo de nominación en el que no participó el Congreso Nacional, en el caso de la elección de los magistrados del TSC, todos los procesos previos a la elección los efectúan los diputados.
DOBLE AGRAVANTE
A consideración de la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, la elección de los magistrados del TSC posee un doble agravante.
“Por un lado, carecemos de una ley que regule la elección de altos funcionarios. No se ha apostado por una reforma estructural para realizar elecciones basadas en méritos; en Honduras, no se eligen altos funcionarios, sino que se reparten los cargos”, indicó Mena a Criterio.hn.
La diputada recordó que cuando inició el periodo legislativo 2022-2026, ella presentó ante el pleno del Congreso Nacional un proyecto de decreto enfocado en regular todas las elecciones de altos funcionarios que le corresponden al Legislativo.
Sin embargo, pese a que ya han transcurrido cerca de dos años, el proyecto continúa pendiente de ser dictaminado por la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales.
“La ley busca que las personas tengan capacidad técnica e integridad, no solamente conocimientos técnicos académicos. También, se procura evitar conflictos de intereses, el nepotismo y los favoritismos. Además, incluye mecanismos de participación ciudadana, permitiendo presentar denuncias o tachas contra las personas postulantes”, sintetizó Mena en conversación con este medio digital.
El coordinador de proyectos del Ciprodeh, Carlos Sierra, concordó en la importancia de que el Congreso Nacional apruebe una ley de este tipo.
“Con una ley, se podría disminuir el manoseo que hacen los partidos políticos, regular las negociaciones oscuras y reducir la opacidad y falta de transparencia”, comentó Sierra a Criterio.hn.
Por otra parte, la diputada Fátima Mena dijo que la otra agravante que enfrenta este proceso de elección de las personas que ocuparán las magistraturas del TSC radica en que los partidos opositores desconoce la Comisión Permanente, por considerar que la oposición, con 65 votos, acordó ampliar el periodo de sesiones de la segunda legislatura del período legislativo vigente.
“El llamado se hizo por una Comisión Permanente deslegitimada; por lo tanto, hay un mayor riesgo de que las personas no lleguen por mérito, sino para que Libre pueda forzar votos que no ha conseguido a través del diálogo”, cerró Mena.
A pesar de lo anterior, el oficialismo asegura que la instalación de la Comisión Permanente y sus posteriores actuaciones, están fundamentadas en la Constitución de la República y en la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
MEDIDA DE PRESIÓN
A través de la Comisión Permanente, el 1 de noviembre de 2023 se juramentó a Johel Zelaya y a Mario Morazán como fiscal general y fiscal general adjunto, respectivamente, desatando un enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición que continúa sin resolver a pocos días de que se inaugure la siguiente legislatura, el próximo 25 de enero.
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El oficial de asesoría legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Rafael Jerez, manifestó que, además de la opacidad y falta de transparencia, el proceso de elección de los magistrados del TSC se da en un contexto de anormalidad dentro del Congreso Nacional y puede ser utilizado como una moneda de negociación.
“Más allá de la importancia que reviste la elección del TSC y la falta de transparencia, una posible elección interina podría ser usada por Libre como una herramienta de presión a la oposición para elegir a la Junta Directiva del Congreso”, dijo Jerez a Criterio.hn.
Analistas han manifestado a este medio digital que la Comisión Permanente no está facultada para realizar el nombramiento interino de los magistrados del TSC, al no existir una vacancia absoluta.
