Tegucigalpa, Honduras. – En los últimos años la impunidad en femicidios, y en las diferentes violencias hacia las mujeres ha incrementado notablemente, esto de acuerdo con las organizaciones de mujeres por el poco o nulo interés del Ministerio Público de Honduras para promover la persecución penal, ejercer la acción penal pública y dirigir la investigación de los delitos especialmente de los cometidos en contra de las mujeres y niñas.
Con el nombramiento polémico e impuesto –por la Comisión Permanente del Congreso Nacional, integrada por nueve diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre) y el presidente, Luis Redondo— de las autoridades interinas del Ministerio Público, que ubican a la cabeza de la entidad investigativa a Johel Antonio Zelaya y Mario Alexis Morazán como fiscal adjunto, las expectativas y dudas sobre si serán capaces de atender las demandas de las mujeres para el acceso a la justicia no se han hecho esperar.
Merly Eguigure, del Movimiento Mujeres por la Paz «Visitación Padilla», señaló que cómo organización “esperamos que las nuevas autoridades del MP le den la importancia que las violencias contra las mujeres tienen, de manera particular los femicidios”.
Las organizaciones de mujeres destacan que la impunidad en femicidios pasa el 96 % y el 90 % en casos de las diferentes violencias en contra de las mujeres.
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CAMBIO NECESARIO
Ana lucia Pérez expresó a Criterio.hn que, pese a las dudas sobre la legalidad del nombramiento de los fiscales, “era necesario cambiar la cabeza del MP porque veíamos que estaba parcializada junto al Partido Nacional, por eso no presentó requerimientos fiscales en grandes casos de corrupción”.
Con relación a la legalidad de dicho nombramiento, sugirió Ana Lucia Pérez, sugirió que hay que revisar la Constitución de la República.
De acuerdo con Wendy Cruz, coordinadora de la Vía Campesina en Honduras, la época de mandato en el Ministerio Público de Oscar Chinchilla, fiscal general y de Daniel Sabrían, fiscal adjunto, fue un periodo de “negación total de acceso a la justicia para hombres y mujeres de este país”.
En ese sentido, Cruz refirió “Ojalá que tengan [nuevas autoridades del MP] un compromiso de refundar la institución para mejorar el esquema de acceso a la justicia a nivel de la demanda de las mujeres”. Dicho esquema de debe ver reflejado, tanto en atención a las víctimas que acuden al MP, como en el compromiso de los fiscales para reducir la mora judicial.
Este cambio, se vería materializado con el nombramiento de la candidata mejor evaluada de la extinta Junta Proponente, Jenny Almendarez, quien de acuerdo con las organizaciones de mujeres fue la víctima visible de la violencia política que le impidió formar parte de la entidad encargada de ejercer la acción penal en el país centroamericano.
Por su parte, Lara Bohórquez del Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), es de la opinión que el aumento desmedido en las múltiples violencias hacia las mujeres y niñas que generan los altos índices de impunidad, parte por la falta de procesos de investigación.
En ese sentido, Lara Bohórquez, enfatizó que es necesaria la investigación certera, misma que no debe desconocer las realidades que enfrentan las mujeres.
En este mismo orden de ideas Jessica Sánchez, del Grupo Sociedad Civil, señala que el reto de las autoridades es la reducción de la mora judicial por medio de una investigación de calidad que aporten a la resolución de casos y condenas.
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DEUDA HISTÓRICA
Un análisis de datos de Criterio.hn con relación a la violencia doméstica, encontró que, de enero de 2022 a septiembre de 2023, el Ministerio Público (MP) recibió 14,414 denuncias por violencia doméstica y el sistema de emergencia del 911 registró 57,473 denuncias en el mismo periodo de tiempo.
Sin embargo, ante el elevado número de denuncias, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), únicamente emitió, en ese mismo periodo, 13,217 resoluciones judiciales.
Con relación a los femicidios, el Centro de Derechos de la Mujer (CDM), constató que, en los últimos tres años, de 1,014 casos de femicidios ingresados al Ministerio Público, sólo 29 tuvieron resolución condenatoria.
La situación de los femicidios es preocupante, pese a la instauración del estado de excepción en diciembre de 2022, las muertes violentas de mujeres no reducen y no existe ninguna medida que atienda la problemática de manera directa.
Al cierre de octubre, el Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres del CDM, contabiliza 341 mujeres asesinadas. Una cifra que ya supera las 297 muertes violentas de mujeres que se registraron en 2022.
En ese sentido, Merly Eguigure insta a las nuevas autoridades del Ministerio público a fortalecer la unidad de investigación de femicidios y, además, que se cree una unidad élite de investigación en femicidios, así como existe para temas de narcotráfico, extorsión y otros delitos.
