Comité Pro-Liberación de Presos Políticos exige amnistía para 174 encarcelados

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- El Comité Pro-Liberación de Presos Políticos exigió este martes la liberación de los 174 hondureños que están privados de su libertad por protestar contra el fraude electoral de noviembre de 2017.

El Estado debe aprobar amnistía general e incondicional a las 174 personas acusadas en el contexto post electoral de 2017 y algunos que solo pasaban por el lugar de la protesta.

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Exigieron además que se cumplan con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos /CIDH) al Estado de Honduras, de asegurar el debido proceso, aplicar recursos idóneos a sus casos y agilizar los mismos, hasta la fecha hay dilaciones indebidas y limbos jurídicos que no permiten que los expedientes avancen a otra etapa.

Pidieron la creación de un módulo especial para los presos políticos; atención y tratamiento médico urgente, especializado a los presos políticos, en especial a Edwin Espinal que presenta pérdida auditiva de un oído por una infección contraída en el Centro Penal de Morocelí mejor conocido como La Tolva. Y no ha recibido el tratamiento idóneo.

Pidieron libertad inmediata para Gustavo Cáceres, el Juzgado que conoce su causa en El Progreso, Yoro, ha demorado de forma inexcusable la audiencia de trámite.

También solicitaron al Comité de la Cruz Roja Internacional, presente en el país, que supervise las condiciones de detención de los presos políticos en las diferentes cárceles.

Los Presos políticos son objeto de abuso de autoridad y se encuentran indebidamente en prisión, deben obtener su libertad en forma inmediata y el Estado está obligado a reparar el daño causado.

En el plantón realizado frente a la Corte Suprema de Justicia se denunció que el el gobierno de Juan Hernández envió a los encausados a cárceles de máxima seguridad y se aseguró de castigar no solo a los manifestantes, también a sus familiares al denegarles por varios meses el acceso a visitarlos.

Denunciaron además que en las cárceles se han practicado vejámenes contra las mujeres familiares de los presos políticos, humillándolas y sometiéndolas a registros indebidos y en las aduanas, incluso a desnudarse y tocar su cuerpo en forma inapropiada. No obstante, que han sido sometidas al escáner.

Además, se hizo énfasis que el Ministerio Público en forma subjetiva, sin diligencias de investigación técnico científicas a las que está obligado conforme a la Ley Penal y su propia Ley, presentó 174 requerimientos fiscales contra manifestantes y contra algunos transeúntes, más grave aún contra personas que se encontraban fuera del País como el caso de Eduardo Enrique Urbina Ayala.