Tegucigalpa.- Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) observamos con preocupación que, en el marco del proceso penal por el asesinato de Berta Cáceres Flores, el Ministerio Público continúe negando el acceso de las víctimas a la información sobre las diligencias de investigación realizadas hasta la fecha e incumpla así con lo ordenado por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional Territorial en Materia Penal en el proceso penal que se sigue en contra de Sergio Ramón Rodríguez Orellana y otros.
Desde que inició el proceso penal, el COPINH y los familiares de Berta Cáceres Flores han denunciado que no conocen la totalidad de la prueba en poder del Ministerio Público. Aunque se han realizado numerosas solicitudes e inclusive el Tribunal de Sentencia ordenó entregarles la información, el Ministerio incumple abiertamente esta orden, lo cual constituye un evidente obstáculo para que se pueda conocer la verdad.
Como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), “la participación de la víctima en procesos penales no está limitada a la mera reparación del daño sino, preponderantemente, a hacer efectivos sus derechos a conocer la verdad y a la justicia ante tribunales competentes”.
En concordancia con los estándares internacionales, el Código Procesal Penal hondureño prevé de manera amplia el derecho de las víctimas a participar en todas las etapas del proceso y tener acceso a la información.
“Con su actuación, el órgano investigador hondureño no sólo violenta la normativa interna, sino también lo estándares internacionales y la orden de un tribunal interno. Es lamentable que se limite de forma arbitraria el acceso a la información y se condicione la efectividad de los esfuerzos de las víctimas en la búsqueda de justicia y verdad”, declaró Marcia Aguiluz, directora del Programa para Centroamérica y México de CEJIL.
Hoy se estará celebrando en Tegucigalpa una audiencia para proponer prueba, sin haberse subsanado la omisión del Ministerio Público. Desde CEJIL instamos a las autoridades judiciales a ejercer un adecuado control judicial respecto de las actuaciones del Ministerio Público, así como asegurarse el cumplimiento de sus propias decisiones.
El proceso judicial por el asesinato de Berta Cáceres es una oportunidad indiscutible para avanzar en la lucha contra la impunidad en Honduras pero deben existir garantías suficientes que demuestren que este se ha llevado de manera diligente y con el propósito de dilucidar la responsabilidad de todas las personas involucradas, tanto autores materiales como intelectuales.
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