Por: Redacción CRITERIO/INFORPRESS
BANRURAL de Guatemala, nace de la quiebra de Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANDESA) y apoyado por el gobierno del expresidente Álvaro Colom y curiosamente en Honduras nace de la quiebra del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) y en ambos países su principal socio es el estado a través de los gobiernos de turno.
Historia
El Banco de Desarrollo Rural, Sociedad Anónima (Banrural) es un banco guatemalteco, perteneciente a una sociedad anónima de carácter mixto.
Cuenta con 9,629 empleados y 1,151 agencias, 1,000 puntos de cajeros automáticos (ATM) y 2,000 cajas rurales alrededor del país. Registra, en moneda nacional, 1.3 millones de cuentas en depósitos monetarios y 5.3 millones de cuentas de ahorro, en Guatemala. En 2014, Banrural extendió sus servicios a Honduras.
Inició formalmente sus operaciones el 2 de enero de 1998, desde el principio buscó atender al área rural, más allá del sector agropecuario, ofreciendo una serie de servicios financieros diversos.
En Guatemala, en 1997, surge el Banco de Desarrollo Rural, S.A. – Banrural – como un banco de desarrollo orientado a la población del interior del país, con especial atención a micro, pequeños y medianos empresarios, que en ese tiempo, no eran sujetos de crédito en la banca tradicional.
Banrural surge de la transformación de Banco de Desarrollo Agrícola (Bandesa), un banco estatal creado en 1971, el cual fue liquidado mediante Decreto Número 57-97 del Congreso de la República de Guatemala, documento donde se otorgó el respaldo legal para la liquidación de Bandesa y la creación de Banrural; asimismo esto abrió el espacio, para que la capitalización del banco se hiciera con recursos provenientes de diferentes sectores económicos y sociales del país.
Bajo esta modalidad, la aportación del Estado se redujo y se incrementó la de integrantes de Cooperativas, de Organizaciones Mayas, Xincas y Garífunas, organizaciones de mujeres, grupos de trabajadores, organizaciones no gubernamentales y pequeños empresarios.
El saldo de la cartera crediticia, en moneda nacional, equivale a 3.2 millardos de dólares, lo que duplica la cartera del banco situado en segundo lugar.
Implicaciones con el sonado Caso Rosenberg
“Mi nombre es Rodrigo Rosenberg Marzano, lamentablemente si usted está viendo este mensaje es porque fui asesinado por el Presidente Álvaro Colom…” Esas fueron las primeras palabras que dijo el malogrado profesional del derecho en el video que dejó para ser presentado a los medios de comunicación por si era asesinado, como efectivamente lo fue.
El abogado Rodrigo Rosenberg Marzano, fué asesinado el 10 de mayo de 2009 de tres impactos de arma de fuego cuando hacía deporte en la zona 14 de la ciudad. El ahora fallecido era abogado del empresario Khalil Musa, asesinado el mes pasado junto a su hija en la zona 12 de ciudad Guatemala.
El caso del asesinato del abogado Rosenberg seguido de su insólita denuncia, grabada en video para el país y el mundo, ha entrampó a Guatemala en un intrincado laberinto político, que aún se mantiene y no ha sido aclarado.
El periodista Juan Hernández Pico, realizo una profunda pesquisa publicada en el semanario INFORPRESS, que la dividió en hilos de investigación y el primero de estos es la disputa entre el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y los cooperativistas.
El asesinato del anciano empresario Khalil Musa y su hija Marjorie, de cuyo testamento e investigación se estaba ocupando el abogado Rosenberg -asesor jurídico de los Musa en varias de sus actividades comerciales- nos lleva a uno de los hilos con el que hemos de esforzarnos por encontrar el camino para interpretar la situación.
A Musa le habían solicitado que ocupara un puesto en la dirección de BANRURAL para representar al Presidente Colom. Finalmente no consiguió ese puesto. Según “Inforpress Centroamericana”, el gobierno del Presidente Álvaro Colom aduce que fue por un mal procedimiento administrativo, mientras que Rosenberg en sus acusaciones en el video señala que la causa fue que Musa se negó a encubrir “los negocios ilegales y millonarios que se negocian día a día en BANRURAL”.
BANRURAL, sucesor de BANDESA, una entidad bancaria estatal para el desarrollo, de corte autónomo, se convirtió en 1997 durante la presidencia de Álvaro Arzú en un banco mixto, de capital estatal y privado para el desarrollo rural, donde el movimiento cooperativista, especialmente cafetalero, participó suscribiendo una parte importante de su capital.
El video de Rosenberg alega que BANRURAL se ha vuelto con el tiempo una entidad donde se lava dinero del narcotráfico y se cometen otras actividades ilegales y fraudulentas.
El asesinado abogado Rosenberg alegaba que, el actual presidente del grupo, el ex-presidente de ANACAFÉ, José Ángel López Camposeco, huehueteco de Jacaltenango, habría hecho la vista gorda permitiendo al presidente del Consejo de Administración, Fernando Peña, esos manejos delictivos.
En BANRURAL depositan sus fondos también los sectores cooperativos del país, especialmente cafetaleros (FEDECOCAGUA). Hace algún tiempo, la representación del sector privado en la Junta Monetaria fue ocupada por un miembro del sector cooperativo por acuerdo de CONFECOOP, causando gran molestia al representante tradicional, el CACIF. La Corte de Constitucionalidad resolvió a favor del CACIF un amparo de esta confederación empresarial.
Control de espacios en la Junta Monetaria, manejo de ANACAFE, y control de negocios en BANRURAL, serían los objetos de disputa entre los empresarios tradicionales y los cooperativistas, con un pensamiento capitalista y neoliberal similar. Intereses tan importantes como para poder haber llevado a la comisión de delitos como el que quitó la vida a los Musa.
Según “Inforpress”, el BANRURAL, segundo banco más sólido del país, se encuentra hoy amenazado de que le ocurra lo sucedido a otros bancos en años recientes: una corrida de depósitos y su potencial quiebra, lo que a la postre beneficiaría a otros banqueros. Esto conduce a pensar si con el caso Rosenberg se montó la oportunidad de liquidar a un banco estratégico para redistribuir el capital financiero y político que controla.
Una hipótesis aventura que el asesinato de Musa pretendía impedir definitivamente su presencia en la Junta Directiva de BANRURAL. Se suponía su honradez y se temía que se opusiera a los manejos fraudulentos de lavado de dinero, presuntamente coordinados por el director ejecutivo, Fernando Peña. El asesinato de los Musa podría, pues, estar relacionado con las luchas de intereses entre los capitales tradicionales del CACIF y los capitales cooperativistas, especialmente en el rubro del café.
Un segundo hilo nos lleva hacia la salida del laberinto por un camino distinto, pero relacionado con el anterior y entra en juego las aspiraciones de Sandra Torres, esposa de Alvaro Colom. En BANRURAL se depositan habitualmente más de 30 fideicomisos del Estado, entre ellos los del sector del Consejo de Cohesión Social, dirigido por la Primera Dama, Sandra Torres de Colom.
Parece que este último fideicomiso se ofreció al Banco Industrial, pero esta entidad financiera no lo aceptó, aparentemente como consecuencia de una decisión interbancaria de no facilitarle el camino sociopolítico a Torres. Se depositó en BANRURAL. El monto asciende a más de mil quinientos millones de quetzales.
Según “Inforpress Centroamericana”, pocos días después de asumir la Presidencia de la República, Álvaro Colom hizo la presentación del Plan de Desarrollo Rural en el municipio de Ixcán, Quiché, acompañado de las dos principales figuras de BANRURAL, hoy cuestionadas: José Ángel López Camposeco, presidente del grupo financiero BANRURAL y Fernando Peña, presidente del Consejo de Administración del mismo BANRURAL. Colom fue enfático al declarar que “BANRURAL será el brazo financiero de nuestra administración” y López Camposeco agregó: “Estamos al servicio del Estado, con la idea de que las comunidades mejoren su calidad de vida”.
Dado que el Estado es el principal accionista en BANRURAL, no fue raro escuchar que las utilidades correspondientes al Estado, y los impuestos que BANRURAL debe pagar, serían utilizados para programas de desarrollo social, actividades que estarían coordinadas por la esposa del presidente, Sandra Torres, hoy coordinadora del Consejo de Cohesión Social. La importancia de BANRURAL para los programas sociales, pilar de la administración de Colom y fuente de capital político de Sandra Torres, de la que insistentemente se dice que aspira a la candidatura presidencial, queda demostrada. Por ello los ataques y acciones contra BANRURAL pueden tener objetivos de amplio espectro. Tanto más cuanto que se afirma que BANRURAL controla el 75% de las remesas de emigrantes que llegan al país.
En la “lista gris” del lavado de dinero
El caso BANRURAL también tiende a cuestionar la institucionalidad financiera, cuando los empresarios han sembrado dudas sobre las investigaciones que deben realizar la Superintendencia de Bancos (SIB) y la Intendencia de Verificación Especial (IVE), encargada de velar porque se cumpla la Ley contra el lavado de dinero u otros activos.
El CACIF pidió al gobierno una auditoría de BANRURAL, que estuviera a cargo de una firma internacional independiente: “El mismo día del video, le hicimos el requerimiento al Presidente. El video menciona el tema de BANRURAL, cosas de corrupción y malos manejos. Para desvanecer estas dudas es que pedimos la auditoría forense”, declaró el vicepresidente del CACIF, Carlos Amador.
Sin embargo, lo que en el fondo se cuestiona es el estrecho nexo entre el Superintendente de Bancos, Edgar Barquín, con el gobierno. La petición del CACIF se dio en el contexto de la reunión en Guatemala entre la SIB y una delegación del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), brazo regional para Centroamérica y el Caribe del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI). El objetivo es evaluar los avances en el combate al lavado de dinero y la lucha contra el terrorismo en el país.
Guatemala, si bien salió de la “lista negra” del GAFI, que incluía a países que no cooperaban en la lucha contra el lavado de dinero, todavía permanece en una “lista gris”, donde están los países que han demostrado avances en el cumplimiento de las 40 recomendaciones que el GAFI solicita. Es decir, el sistema bancario nacional todavía padece, en general, la enfermedad que hoy se le achaca exclusivamente a BANRURAL.
Una olla descomunal
Añade “Inforpress” -el semanario que tal vez ha analizado más adecuadamente el caso Rosenberg laberinto guatemalteco- que la columnista Carmen Escribano de León, se expresó así en un artículo reciente en “El Periódico”: “Creo que en el afán de quebrar a BANRURAL, tras el cobarde asesinato del Licenciado Rosenberg, hay gato encerrado”. Más fuertemente aún se expresó en el mismo diario la columnista Dina Fernández, aludiendo a la quiebra de BANCAFÉ que acabó en 2006 con las aspiraciones presidenciales de Eduardo González, en aquel entonces secretario privado del Presidente Oscar Berger e hijo del fundador de BANCAFÉ: “De ahí que no se pueda descartar tampoco que en todo esto se arrastren colas de las sordas tensiones que han habido entre banqueros desde la liquidación de BANCAFÉ. Al parecer, el Secretario Privado de la Presidencia, Gustavo Alejos le pidió al señor Musa que se parara en medio de esos vientos huracanados. La investigación debe abrir esa olla descomunal. Da miedo qué se pueda encontrar”.
El segundo hilo nos llevaría a la segunda hipótesis: las ambiciones de algunos sectores de apoderarse de BANRURAL, en sí mismo un premio suficientemente apetecible, que además cortaría de raíz la base del fideicomiso de Cohesión Social, en cuyo manejo rentable fundamentaría Sandra Torres de Colom sus aspiraciones a presentarse como candidata a la Presidencia de la República en 2011.
