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Antes de junio prometen aprobar nueva forma de elección de magistrados de la Corte Suprema

nueva forma de elección de magistrados de la Corte Suprema

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Por: Viena Hernández

Tegucigalpa. – La Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para proponer candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) podría ser aprobada en sesión legislativa en los próximos días antes de finalizar mayo.

El reglamento fue enviado por el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción para establecer una normativa más transparente para elegir a los 15 magistrados de la Corte.

El nuevo proceso de elección quitaría la facultad de nominar a los integrantes de la Junta Nominadora y disminuye los tiempos para su instalación.

El proyecto de ley enviado al Congreso Nacional se antepondría a la antigua Ley Orgánica de la Junta Nominadora vigente desde el 2001, basándose en mejores prácticas para la elección de candidatos a magistrados del Poder Judicial, con la promesa de dar paso a una nueva forma de organización y funcionamiento de la Junta Nominadora.

En el documento de exposición de motivos del anteproyecto, señalaron que lo ideal hubiera sido una reforma constitucional, sin embargo, el tiempo para seleccionar a los magistrados ya no lo permite.

Entre los puntos a destacar, también mencionaron que se descarta la posibilidad que las siete organizaciones integrantes de la Junta Nominadora propongan una lista de candidatos como se hizo en el pasado, puesto que esto los coloca en una posición de “juez y parte”. Explican que esa permisión fomenta que los postulantes busquen formas para ser favorecidos.

El diputado por el Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, apuntó que las organizaciones que tendrán representación en la Junta Nominadora, deben cumplir con su responsabilidad de elegir a las mejores mujeres y hombres, para lograr una lista depurada de los aspirantes a magistrados.

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LOS REQUISITOS PARA JUNTA NOMINADORA

La convocatoria e instalación de la Junta Nominadora se realizará en los primeros 15 días del mes de julio, además los entes convocados deberán acreditar a sus representantes a más tardar el 31 de agosto de 2022.

No podrán integrar la Junta Nominadora quienes formen parte de litigios judiciales activos por violaciones de derechos humanos, corrupción, lavado de activos y narcotráfico.

Lo anterior, incluye a quienes ejerzan o hayan ejercido la representación legal o procesal de las personas imputadas. Sin embargo, resaltan que se excluye de la prohibición a quienes hayan ejercido dicha representación en calidad de defensores públicos.

También quedan excluidos de participar en la Junta Nominadora quienes sean miembros directivos de partidos políticos u ostenten al momento de su designación cargos públicos de elección directa. De igual forma, las personas que al momento de su designación tengan contratos incumplidos con el Estado o sean deudores morosos de la Hacienda Pública.

Respecto a la convocatoria a postulaciones, explicaron que, durante la primera quincena de octubre, la Junta Nominadora emitirá una convocatoria general. De tal forma, los abogados que cumplan con los requisitos legales y complementarios definidos en el perfil que se elaborará presenten su auto postulación.

Cabe resaltar que, la convocatoria se publicará en el Diario Oficial La Gaceta, en tres medios de comunicación impresa o digital, incorporándose en las plataformas digitales de las instituciones y organizaciones integrantes de la Junta que cuenten con esos recursos. Los interesados en postular deberán entregar la documentación exigida por la convocatoria a más tardar el 31 de octubre.

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REQUISITOS PARA ASPIRANTES A MAGISTRADOS

Los candidatos que se auto postulen para magistrados, deberán cumplir primero con los requisitos básicos para ser magistrado de la Corte establecidos en el artículo 309 y que no difiera con el artículo 310 de la Constitución de la República de Honduras.

Sin embargo, agregan que ahora también deben cumplir con los siguientes requisitos:

-No haber sido sancionado por faltas graves en el colegio de abogados, la contraloría del notariado o los órganos disciplinarios de las instituciones u organizaciones en la que haya trabajado.

-No haber sido condenado por delitos dolosos, por violencia doméstica o por incumplimiento de deudas alimentarias.

-No ser miembro, titular o suplente de la Junta Nominadora.

-No tener vínculo de parentesco en el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con miembros de la Junta Nominadora o con diputados del Congreso Nacional.

-No haber sido condenado por delitos de corrupción, lavado de activos o por narcotráfico.

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La evaluación será del 30% en lo que corresponde a la comprobación de la integridad, otro 30% costará la evaluación de la ética profesional y la ponderación objetivo de sus méritos académicos, profesionales y proyección social, incluyendo la prueba escrita sobre criterio jurídico, la capacidad de análisis, cantidad de sentencias dictadas y las que fueron anuladas se evaluarán con el 40%.

Una vez culminado el proceso, la Junta Nominadora, a más tardar, en los primeros 15 días de enero de 2023 deberá entregar la nómina de los 45 aspirantes a magistrados. En el proceso de votación nominal y público no se podrá elegir a ninguna persona que no esté comprendida en la lista entregada por la Junta Nominadora.

Según la diputada y vicepresidenta del Congreso Nacional, Fátima Mena, la normativa permitirá realizar los procesos con mayor transparencia, sin embargo, apuntó que es esencial realizar los filtros para esta elección de manera cuidadosa para que los mejores notarios sean quienes aspiren a los cargos.

“Después de casi 16 años de control en la Corte Suprema de Justicia, hay que hacer un análisis para poder depurar el censo de notarios y dejar a quienes realmente cumplan con todos los requisitos”, dijo Mena.

Según el Congreso Nacional, antes de junio tendrán listo el dictamen para la selección de candidatos a magistrados del Poder Judicial. La normativa estaría compuesta por los mejores puntos o de una fusión de los tres proyectos antes entregados por la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, un grupo de parlamentarios y por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).

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