Redacción: Marcia Perdomo
Declararon que la ola de violencia desatada contra sus comunidades obedece a mecanismos de presión y hostigamiento para el despojo de sus territorios ancestrales y entrega de los mismos a “narco-empresarios».
Fotos: redes Bufete Justicia Para los Pueblos
Tegucigalpa.- La Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) presentó este miércoles un recurso de amparo contra el Fiscal General y Fiscal General Adjunto por Omisión de la Investigación del Delito de Desaparición Forzada en contra de los jóvenes del Triunfo de la Cruz en Tela, norte de Honduras.
La desaparición del presidente del patronato de la comunidad del Triunfo de la Cruz, Alberth Sneider Centeno Tomas; junto a Suami Mejía García, Gerardo Róchez Cálix y Milton Martínez Álvarez ocurrió hace más de dos años, y al día de hoy las autoridades continúan guardando un silencio hermético sobre el caso.
El Recurso de Amparo fue presentado pese a un incremento de las fuerzas de seguridad del Estado en el exterior del edificio que alberga la CSJ en la capital de Honduras, en respuesta a la movilización del pueblo Garífuna.
En las afueras de la CSJ, la lideresa Garífuna, Miriam Miranda, afirmó que continuarán viniendo a Tegucigalpa en tanto no obtengan respuestas por parte de los entes de seguridad y justicia de Honduras.
El pasado 9 de agosto, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, 46 comunidades Garífunas con el acompañamiento de otros pueblos ancestrales, exigieron una audiencia con el fiscal general de la República, Óscar Chinchilla, tras un año de mutismo pese a la solicitud de reunión en relación a los avances de la investigación por la desaparición forzada de los jóvenes del Triunfo de la Cruz.
No obstante, las puertas del despacho de Chinchilla se mantuvieron cerradas, mientras que el Fiscal Adjunto, Daniel Sibrián, reaccionó solicitando a la Secretaría de Seguridad resguardar las instalaciones y promoviendo una investigación penal contra Miriam Miranda, coordinadora de la Ofraneh; Luther Castillo, titular de la Secretaría de Ciencia y Tecnología; y Edy Tabora, abogado del Bufete Justicia para los Pueblos, que representa a la Ofraneh, entre otros líderes y lideresas.
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La noticia de la investigación se conoció el viernes 19 de agosto, no obstante la Fiscalía Contra Delitos Comunes y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) confirmaron la información desde el miércoles 17 de agosto, según informó mediante comunicado la Organización Fraternal Negra Hondureña.
Ante el accionar del Ministerio Público ese 9 de agosto, la Ofraneh afirmó hoy: “La respuesta que recibimos, como siempre, fue una burla y un notorio desprecio a la vida del pueblo Garífuna, manifestado en los reiterados llamados de odio y de violencia del Fiscal Adjunto a través de su cuenta de twitter, hostigamiento y acciones de criminalización contra las propias víctimas y sus representantes en un intento descarado de castigar a quienes exigen responsabilidades”.
Además, alertaron a movimientos sociales nacionales e internacionales, así como a las organizaciones y gobiernos solidarios a mantener la exigencia de justicia y alto a la criminalización contra los liderazgos de la Ofraneh.
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“Declaramos que el Estado es responsable de la ola de violencia desatada en contra de líderes y lideresas de nuestras comunidades como mecanismos de presión y hostigamiento para el vaciamiento y despojo de nuestros territorios lo cual ha generado masiva migración de la población Garífuna y de esta forma entregar nuestras tierras a los narco-empresarios, quienes hoy controlan y tienen intervenidas todas nuestras comunidades”, apuntó la organización en el comunicado.
A casi siete años de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a favor de las comunidades Garífunas de Punta Piedra en Iriona, Colón y Triunfo de la Cruz en Tela, Atlántida, el Estado de Honduras sigue sin dar cumplimiento a las medidas de reparación por la violación del derecho a la propiedad colectiva de estas poblaciones y dictó una serie de reparaciones que a casi siete años siguen sin cumplirse.
Al punto que el Tribunal regional calificó en junio de 2021 como “insuficientes” y “lentos” los avances del Estado de Honduras con relación a la implementación de medidas provisionales y el cumplimiento de las sentencias de ambas comunidades.
Ayer, la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) emitió un pronunciamiento en el que instó al Ministerio Público a evitar perseguir o penalizar a los defensores del territorio y de derechos humanos por ejercer su labor, que es reconocida por el Estado de Honduras.
