Foto portada: Luther Castillo, Miriam Miranda y Edy Tabora han sido criminalizados por exigir derechos ante el Ministerio Público
Tegucigalpa.- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por movimientos populares contra las reformas al Código Penal que criminalizan la protestas y modifican la Ley de Lavado de Activos considerado un pacto de impunidad y una estocada a la lucha contra la corrupción.
El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), informó que fueron notificados que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió un recurso de inconstitucionalidad en contra del Decreto Legislativo 93-2021 contentivo a reformas al Código Penal que criminaliza la protesta social, la defensa de los territorios, promueve el despojo a favor de grupos económicos y obstruye al Ministerio Público para perseguir delitos de lavado de activos.
“Ese recurso de inconstitucionalidad que presentamos, fuimos informados que fue admitido. Para nosotros representa un paso importante sobre todo por el modelo de justicia constitucional de Honduras donde, la admisión de los recursos de constitucionalidad, son muy complejos, esto significa un avance porque la Corte Suprema está obligada a pronunciarse si avalarían o desaprobarían las reformas de noviembre de 2021”, manifestó Pedro Mejía, del Bufete Estudios para la Dignidad.
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En los primeros días del mes de octubre de 2021, la administración de Mauricio Oliva del Partido Nacional, valiéndose de un feriado nacional, aprobó el referido decreto catalogado como la estocada final a la lucha contra la corrupción constituyendo una vulneración a las garantías judiciales, el acceso de las comunidades originarias y étnicas a sus tierras ancestrales, el detrimento al ejercicio del espacio cívico y el derecho a la libertad de expresión, en beneficio de los proyectos extractivistas y económicos.
Con el voto de 71 diputados, en su mayoría del Partido Nacional en alianza con el Partido Liberal, se reformó, por ejemplo, el artículo 437 del Código Penal que representa una limitación en el actuar de la fiscalía, impedimento llevar a la justicia a personas cuyos bienes de origen sospechoso, no puedan comprobar su legalidad en la adquisición.
Además, se criminalizó la protesta social y se incluyó dentro de las Personas Políticamente Expuestas (PEPs) a las organizaciones de sociedad civil que investigan, denuncian y exponen actos de corrupción demostrando la persecución, amenazas y coacciones a organizaciones que se enfrentan contra la corrupción.
Con esa normativa, la justicia hondureña dictó libertad definitiva al comisionado en condición de retiro de la Policía Nacional, Ambrosio Maradiaga Ordóñez, quien invocó a su favor las reformas aprobadas. A Maradiaga Rodríguez se le acusó que, durante el 2007 a 2014, aumentó su patrimonio realizando movimientos financieros irregulares por un monto mayor a los siete millones de lempiras siendo acusado por el delito de Lavado de Activos, pero el caso quedó en la impunidad.
Sobre la modificación al delito de usurpación permitió criminalizar cualquier acción de movimientos populares incluso agravando el delito, para el caso, en el bajó Aguán, zona norte de Honduras, los conflictos por la tenencia de tierra se incrementaron, sin embargo, terratenientes han utilizado las reformas para criminalizar las acciones de campesinos situación que obligó al gobierno de Xiomara Castro nombrar una comisión que investigue las violaciones a derechos humanos.
“Desde la Plataforma Agraria en el valle del Aguán, hemos librado una lucha por la defensa del territorio donde los empresarios agroindustriales se han amparado en estas reformas que son dañinas y afectan el crecimiento económico-social en esta región porque les permite concentrar, al margen de la ley, el monopolio de tenencias de tierra amparados en grupos criminales, grupos paramilitares y teniendo el marco jurídico a su favor”, lamentó, Yoni Rivas miembro de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC)
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DEROGACIÓN DESDE EL CONGRESO NACIONAL, OTRA MEDIDA QUE IMPULSAN MOVIMIENTOS
Diferentes organizaciones de movimientos campesinos, indígenas, aglutinados en el Movimiento Amplio, la Plataforma Agraria, entre otras organizaciones de los departamentos de Cortés, Atlántida, Colón y Yoro, sostuvieron una reunión con la Comisión Especial del Congreso Nacional que investiga la aprobación irregular del Código Penal.
La Comisión Especial presidida por la diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Silvia Ayala, recibió a los representantes de los movimientos populares, junto a los apoderados legales del Bufete Estudios para la Dignidad quienes plantean que otra salida para eliminar el Decreto Legislativo 93-2021 podría ser mediante derogación en el Congreso.
“Para nosotros es importante ir avanzando en la toma de decisiones, en desmontar la estructura de persecución del uso del derecho penal para perseguir a la gente digna de este país, movimientos campesinos, movimientos indígenas, todos los sectores populares que confrontaron la dictadura y que está utilizó el derecho penal para recriminar”, señaló Víctor Fernández del MADJ.
A juicio de Fernández, esta comisión tiene la posibilidad de revocar la norma penal que atentan en contra del derecho a la movilización y participación social y que, además, pueden desmontar el pacto de impunidad que implica parte de la reforma penal que se produjo sobre la Ley de Lavado de Activos.
“Nos llevamos la esperanza que el informe que presente la Comisión pueda denunciar actos criminales del anterior Congreso Nacional en el marco de la implementación del nuevo código penal y sus reformas. El Congreso Nacional tiene la posibilidad de revocarlo directamente por iniciativa o por propuesta de esta Comisión, por eso hemos venido a dialogar con ella”, detalló.
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Los campesinos, indígenas, líderes comunales, entre otros, celebran la admisión del recurso de inconstitucional contra el referido decreto que violentan convenios internacionales y la propia Constitución por lo que exigen al Congreso Nacional poder derogar las reformas en beneficio de la mayoría.
Es importante indicar que las reformas al código penal de perseguir blinda a mandos militares y policiales responsables de cometer crímenes de lesa humanidad o de derechos humanos, también persigue las resistencias territoriales, y beneficia empresas criminales como lo señala Fernández.
“Empresas criminales, productos de pactos de impunidad, el sector económico se ha blindado para que esas empresas no entren al mundo de la criminalidad por disposición expresa del Estado de Honduras a través de este pacto de impunidad”, aseveró.
El propio director de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, en reiteradas ocasiones ha exigido al Congreso Nacional derogar dicho decreto y otros más que obstruyen la lucha contra la corrupción y la impunidad.
