Nación.

Acusación contra Teodoro Bonilla es sólida y bien fundamentada: Oscar Chinchilla

Teodoro Bonilla, vicepresidente del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial.

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Por: Redacción CRITERIO

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El Fiscal General del Ministerio Publico (MP), Oscar Chinchilla, dijo que el requerimiento fiscal presentado en contra del vicepresidente de la Judicatura de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Teodoro Bonilla, cuenta con los suficientes elementos de prueba para acusarlo de traficar con influencias en el desarrollo de sus funciones.

Teodoro Bonilla, vicepresidente del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial.
Teodoro Bonilla, vicepresidente del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial.

Por su parte Teodoro Bonilla declaró que,  tales acusaciones, no son ciertas y que hay sectores oscuros que han montado esta trama para perjudicarlo y desacreditarlo, que lo único que buscan es acabar con sus aspiraciones de convertirse en un magistrado de la CSJ.

Por su lado y en respuesta a Bonilla, el Fiscal General, dijo que “este es un caso donde a criterio del Ministerio Público, producto de las investigaciones, que se realizaron, creemos que existen los elementos necesarios para imputarle a él (Teodoro Bonilla), por el delito de tráfico de influencias”.

Chinchilla apuntó que, en el marco del Estado de Derecho, entiendo que él, deberá defenderse ante los tribunales de justicia.

El debate está planteado y “nosotros como Ministerio Publico creemos que él cometió un delito, pues tendrá la oportunidad de defenderse y demostrar o no lo contrario”, expresó Chinchilla.

El pasado 26 de septiembre,  el Ministerio Público presentó en la Secretaría de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un requerimiento fiscal contra el actual vicepresidente del Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla.

Al alto funcionario del Poder Judicial se le acusa por los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias, figuras delictivas contenidas en los artículos 349 y 369 del Código Penal vigente.

En este mismo requerimiento se acusa por abuso de autoridad y prevaricato a la magistrada de la Corte de Apelaciones, Delmis Elizabet López, y a la jueza con Jurisdicción Nacional, Liz María Núñez, por tráfico de influencias. La Fiscalía pidió en el escrito abrir antejuicio contra los tres funcionarios.