Por Jorge Cancino – @cancino_jorge
Se estima que en los dos centros de detención familiares en Texas, hay unas 1,000 mujeres con sus niños.
La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) volvió a fustigar el martes la política de detenciones de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) y exigió al gobierno a poner en libertad a madres y niños centroamericanos detenidos, algunos desde hace más de un año.
“El gobierno debería poner en libertad cuanto antes a estas madres y niños. Es lo que estamos esperando y que cierren estos centros. Esa es la meta”, dijo a UnivisionNoticias.com el abogado Víctor Nieblas, presidente de AILA al comentar la visita que realiza un grupo de ocho congresistas demócratas a centros en el sur de Texas.
Nieblas dijo que la delegación “reportará lo que nosotros ya sabemos. Se están dando cuenta del daño psicológico y del daño mental que sufren niños y madres encerradas en estos centros de ICE” tras ser detenidos en la frontera cuando intentaban pedir refugio en el país.
En junio del año pasado el presidente Barack Obama reconoció la existencia de una crisis en la frontera tras la detención, en lo que iba del año fiscal 2014, de unos 46 mil niños migrantes solos cuando intentaban entrar indocumentados a territorio estadounidense.
La mayoría de los niños proceden de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Nicaragua) y viajaron rumbo al norte a causa de la violencia y la pobreza en sus países de origen.
Poco más del 95% de los detenidos centroamericanos fueron fichados y entregados a familiares en Estados Unidos con una orden para presentarse ante las autoridades de inmigración, quienes decidirán sus futuros en Estados Unidos.
La ley William Wilberforce de Reautorización para la Protección de Víctimas del Tráfico de Personas (TVPRA, en sus siglas en inglés), aprobada por el Congreso en 2008, no permite que menores migrantes que viajen solos sean deportados de inmediato como ocurre con los mexicanos cuando son detenidos por la Patrulla Fronteriza. Deben ser entregados al Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS) para ser procesados y que un juez de inmigración decida sus futuros en en el país.
De los 46 mil niños citados por Obama en junio, el 73% eran originarios de Centroamérica, 25% mexicanos y 2% de otros países, según datos aportados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés).
Los mexicanos ya fueron deportados pero el resto fue procesados de acuerdo con lo estipulado por la ley de 2008. Poco menos del 5%, la mayoría madres con niños, fueron enviados a centros familiars de detención de ICE en Karnes City y Dilley, ubicados en el sur de Texas.
“No hay excusa para justificar lo que están gastando”, dijo Nieblas al referirse al presupuesto del DHS para los centros de detención de ICE. “Estamos pidiéndole a los congresistas que, como nosotros ya lo hemos hecho, levanten la voz para que el gobierno de oportunidad a estas madres y sus hijos se presenten antes las cortes de inmigración y presenten sus casos de asilo”.
Nieblas también se refirió al fallo emitido en abril por una jueza de distrito de California que dictaminó que la política actual viola el acuerdo judicial alcanzado en 1997 en el caso “Flores versus Meese”, que prohíbe la detención de menores de edad en instalaciones restrictivas.
La corte había fijado un plazo de 30 días para que el gobierno y quienes demandaron la política presentaran argumentos, “pero la semana pasada la corte emitió una extensión de este caso, donde los abogados están negociando los pasos a seguir”.
“Por ahora no hay una fecha, solo una extensión. Esperamos que una respuesta final ocurra pronto. Mientras, seguimos presionando para que se aclare la situación de estos inmigrantes”, indicó.
“Pero mientras eso ocurre, el presidente Obama puede hacer algo, acabar con esto ahorita. Ya sabemos que los niños están sufriendo, que están registrando daños psicológicos y están sufriendo”, precisó.
Nieblas también dijo que los jueces que ven los procesos de inmigrantes detenidos “siguen negando fianzas” y que en algunos casos han fijado montos de $25 mil dólares, una cifra impagable por un indocumentado.
En caso que las cortes resuelvan la demanda entablada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) el año pasado contra la detención de mujeres y niños migrantes, el DHS podría verse obligado a cerrar los centros familiares de Texas y otro en Filadelfia.
ICE defiende el funcionamiento de los centros de detención y asegura que sus instalaciones están convenientemente equipadas con aulas, salas de juegos y proporcionan asistencia médica en el lugar.
En una declaración escrita, dijo que en los centros de detención para familias los detenidos son tratados de manera efectiva y humana, se mantiene a las familias unidas y sus casos son escuchados.
La abogada Lilia Velázquez, profesora adjunta del California Western of Law de San Diego, California, insistió en que el debido proceso en estos casos no está en tela de juicio, sino en que “es inhumano detener a una madre y a su pequeño que huye de su país por causa de la violencia y llega a la frontera de Estados Unidos a pedir auxilio”.
