Tegucigalpa, Honduras.- Aunque menos de una semana se instruyó y dotó de equipamiento a la Policía Militar del Orden Público (PMOP) para intervenir en los barrios y colonias más peligrosos de San Pedro Sula, zona norte de Honduras, la violencia y la delincuencia experimentaron un considerable incremento, manteniendo en zozobra a la población, que está exigiendo resultados positivos a las medidas implementadas por las autoridades de seguridad.
Evidencia de lo anterior fue el incidente ocurrido el 20 de abril en un concesionario de vehículos, ubicado en la 6 calle entre el bulevar Juan Pablo II y la Avenida Circunvalación de la ciudad norteña. Al lugar llegaron al menos ocho hombres vestidos con lo que parecían ser uniformes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), con la intención de asaltarlo. Lo que cumplieron después de amedrentar a los clientes y al personal del local.
Después del hecho, la Secretaría de Seguridad, liderada por Gustavo Sánchez, ofreció 100 lempiras de recompensa para obtener información a cambio de dar con el paradero de los malhechores, quienes paradójicamente, vestían indumentaria policial y armas de grueso calibre, algo que se volvió normal de observar en los hechos delictivos registrados en diferentes partes del país.
De igual manera, como muestra de la creciente criminalidad, precisamente la mañana de este lunes 22 de abril, empresarios y transportistas del norte hondureño se manifestaron en la carretera CA-5 para exigir soluciones a las autoridades de seguridad, debido a que las maras y pandillas continúan exigiendo tarifas desmedidas en el cobro de extorsión.
“Queremos expresar el sufrimiento que estamos experimentando; es algo insoportable. El transporte urbano no puede seguir pagando extorsiones diarias a diferentes estructuras criminales. Estamos pagando seis veces; tenemos seis números de teléfono de diferentes grupos delictivos a los que les pagamos extorsión todos los días”, relató uno de los transportistas que participaba en la protesta en la zona norte del país.
El transportista explicó que los pagos a estas agrupaciones criminales se están realizando a través de la billetera digital ‘Tigo Money’. “Las autoridades dicen que no pueden intervenir porque no tienen control sobre la empresa (…) nuestra pregunta es, ¿qué solución nos ofrecen? Porque no vamos a poder seguir trabajando para entregar nuestro dinero a estas bandas delincuenciales”.
Y en la escalada de la violencia, San Pedro Sula continúa siendo uno de los epicentros de los asesinatos en Honduras. La ciudad industrial, como se le conoce a San Pedro Sula, según los datos de la misma Policía Nacional, es únicamente superada en índice de muertes violentas por Olancho, al nororiente del país, y seguida por Tegucigalpa, en la zona centro de Honduras.
De hecho, según datos lanzados en marzo de 2024 por Worldupdates, la capital industrial es la más peligrosa en Centroamérica y, a nivel regional, ocupa el segundo lugar, después de Caracas, Venezuela. A nivel global, ocupa el sexto lugar. Sin embargo, esto genera cuestionamientos, ya que San Pedro Sula fue la principal ciudad en la que se instauró el estado de excepción a finales de 2022.
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CRIMINALIDAD SE DESATA EN MEDIO DE INTERVENCIÓN MILITAR
Lo paradójico del caso es que estos actos delincuenciales se están desarrollando después de que la Policía Militar del Orden Público comenzara a intervenir varios barrios y colonias de San Pedro Sula, donde las maras y pandillas mantienen en zozobra a la población. Además, la urbe continúa bajo un estado de excepción, al igual que la mayor parte del país, impuesto por el gobierno de Xiomara Castro desde el seis de diciembre de 2022.
La Policía Militar de Orden Público desde el pasado 17 de abril desplegó su presencia en varios barrios y colonias de Tegucigalpa, en la zona central, y San Pedro Sula, al norte de Honduras. Esta medida responde a la intimidación ejercida por maras y pandillas en los lugares seleccionados, según lo indicado por las autoridades.
En síntesis, el director de la Policía Militar, coronel Ramiro Muñoz, señaló que, por ejemplo, en la colonia Satélite y El Reparto en San Pedro Sula, se establecerán destacamentos con asignación de entre 10 a 12 militares. Estos se movilizarán en motocicletas, recientemente entregadas, dentro de estas áreas con el objetivo de disuadir la comisión de delitos.
«Es de destacar que la presencia de la policía militar en las calles siempre ha sido constante. Sin embargo, con esta entrega de 35 motocicletas, se fortalece la capacidad de la policía militar para intervenir en estas comunidades conflictivas. Ahora habrá nueve destacamentos en los lugares más peligrosos. A partir de hoy, estos destacamentos estarán activos», mencionó Muñoz en declaraciones a los medios de comunicación el pasado 17 de abril.
«Lo que está ocurriendo es una muestra de que en temas de seguridad el país no está avanzado. Las autoridades argumentan que la violencia está disminuyendo, que el índice de muertos está bajando, pero la comisión de los delitos comunes y la extorsión continúan cobrando poder en el país, principalmente en las ciudades más importantes, y estamos identificando que está mutando a otros sectores», dijo en conversación con Criterio.hn Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
Castañeda criticó los escasos resultados positivos que se han logrado durante el estado de excepción, el cual fue establecido específicamente para emprender una lucha directa contra la extorsión perpetrada por las diferentes maras y pandillas. «Las autoridades tienen una deuda pendiente con la población, especialmente con los grupos más vulnerables que han sido históricamente afectados por este delito», evaluó el abogado.
A pesar del continuo aumento de la criminalidad tanto en la zona norte como en otras regiones del país, las autoridades de seguridad siguen presumiendo de obtener los resultados esperados, durante el año o más que han prolongado la emergencia nacional. Sin embargo, analistas advierten que la población podría agotar su paciencia ante la falta de respuestas y tomar medidas por su cuenta, como ha quedado en evidencia, a través de medios de comunicación, que civiles supuestamente asesinan a delincuentes.
