“La justicia no ha podido actuar en un caso que ha sido tan mediático, que ha tenido tanta cobertura, y aun así no se puede accionar contra estas personas [los autores intelectuales]”, comparte Laura Zúniga.
Tegucigalpa.- “Han pasado 87 meses desde el asesinato de mi mami, de Berta Cáceres. Ha sido un proceso bastante difícil porque su asesinato evidenció el nivel con que se ataca a quienes defienden los territorios en Honduras”, afirma Laura Zúniga Cáceres, hija de la lideresa indígena asesinada la noche del 2 de marzo de 2016.
En entrevista exclusiva con Criterio.hn, Laura Zúniga señala la realidad en el manejo de un caso mediático y la dificultad judicial que enfrentan las y los familiares de otras y otros defensores cuyos homicidios continúan sin ser investigados por la justicia hondureña.
Para contexto, de acuerdo a los análisis anuales de Front Line Defenders se estima que entre 2016 a 2022, en Honduras fueron asesinadas 101 personas defensoras, diecisiete de estos se registraron en 2022. En los primeros seis meses de 2023, según registro realizado por Criterio.hn, se ha contabilizado el asesinato de unas trece personas ligadas a la defensoría de la tierra y el territorio, entre defensores y familiares.
¿DÓNDE ESTÁN LAS INVESTIGACIONES CONTRA LOS AUTORES INTELECTUALES?
La ausencia de responsabilidad hacia los autores intelectuales del crimen es algo que no permite alcanzar justicia en un caso que se ha mantenido relevante a lo largo de estos siete años, sostiene la hija de la emblemática lideresa indígena.
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“La justicia no ha podido actuar en un caso que ha sido tan mediático, que ha tenido tanta cobertura, y aun así no se puede accionar contra estas personas [autores intelectuales]. ¡Qué difícil es que la justicia actúe para quienes no han tenido la posibilidad de que a siete años de su asesinato se siga hablando de su caso!”, comparte.
Para Laura Zúniga Cáceres a siete años del crimen, algunas de las peticiones que se realizaron tanto desde el círculo familiar, como del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), tras el asesinato de su madre siguen vigentes, así como también se han logrado avances gracias a lo que ella llama “la lucha constante de las comunidades” nacionales e internacionales.
Zúniga Cáceres ejemplifica este extremo con la captura de uno de los implicados en el asesinato de su madre, David Castillo, quien no fue sino hasta seis años después del crimen que se logró finalizara esa parte del proceso judicial con una sentencia condenatoria, reconociendo el Estado de Honduras “que él fue parte de la estructura criminal que asesinó a mi mami”.
El 20 de junio de 2022, después de cuatro audiencias postergadas y a menos de un mes de que se cumpliera un año de que fuera declarado culpable por su coautoría en el asesinato de Berta Isabel Cáceres, Roberto David Castillo Mejía fue sentenciado a un total de 22 años y seis meses de prisión.
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“Pero siempre sigue vigente, por ejemplo, el llamado que se hace a que se investigue y se de un proceso legal en contra […] de los autores intelectuales de este asesinato, que nosotras como familia y además la organización del Copinh, hemos señalado a la familia Atala Zablah quienes eran socios de este asesino, David Castillo”, expresa.
Además, agrega “que [ellos] tenían los principales intereses en hacer retroceder la lucha de mi mami y pues que estas personas también han sido mencionadas y su actividad fue evidenciada en el juicio de David Castillo, como parte de la estructura criminal que asesinó a Berta Cáceres”.
PREOCUPA QUE CONCESIÓN DEL RÍO GUALCARQUE SIGA ACTIVA
Laura Zúniga Cáceres remarca que una de las exigencias que realizaron desde el primer día que conocieron del asesinato de su madre —y que mantiene vigencia e interpretan como falta de justicia en tanto no se obtenga— es que se llegue a los autores intelectuales. Sumado a esto, les preocupa que el origen del conflicto, la concesión del río Gualcarque para la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, sigue activa.
La hija de Berta Cáceres declara que ve avance en la suspensión de licencias de operaciones en otros procesos, pero le preocupa que proyectos como el que se pretendía construir en el río Gualcarque, “con evidentes vínculos criminales, siguen activos en el Estado hondureño”.
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“En este caso que es tan crucial, no solo para la justicia por Berta, por mi mami, sino también para el pueblo lenca y para darnos un mensaje de que las empresas no pueden asesinar a las personas, pues en este caso [la concesión del proyecto] sigue intacto”, lamenta.
No obstante, asegura que las comunidades siguen organizadas, hablando y creando estrategias que permitan alcanzar justicia para las comunidades y el pueblo, quienes subraya son los que sostienen al país.
El pasado 2 de junio, el Copinh conmemoró desde sus redes sociales los 87 meses que han transcurridos desde el asesinato de la lideresa ambientalista e indígena, Berta Cáceres, remarcando que desde el Ministerio Público se continúa resistiendo en avanzar a la captura de los principales responsables del crimen.
“Resulta inaceptable que, tras tanto tiempo transcurrido, aún no se haya logrado llevar ante los tribunales a aquellos que planificaron y perpetraron esta atrocidad contra una defensora de los #DDHH y del medio ambiente”, lee uno de los tuits publicados en sus redes sociales.
