Redacción: Marcia Perdomo
Fotografías: Somos Muchas
Tegucigalpa. – El derecho a la maternidad deseada sigue siendo un sueño en Honduras, especialmente después de que el Congreso Nacional presidido por el conservador Partido Nacional blindó la despenalización del aborto.
El Centro de Derechos Reproductivos (CRR, por sus siglas en inglés) presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un amicus curiae para respaldar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Somos Muchas y 20 organizaciones en contra del decreto que prohíbe de forma absoluta la interrupción del embarazo.
La directora de CRR para América Latina y El Caribe, Catalina Martínez Coral, expresó que a través del amicus curiae esperan que la Corte tome conciencia que los derechos reproductivos son derechos humanos y estos incluyen el aborto, por lo que es necesaria al menos una despenalización parcial en Honduras.
Martínez Coral señaló que se busca que las mujeres adolescentes y niñas puedan acceder al aborto por tres causales específicas. Estas son: cuando el embarazo ponga en riesgo la vida o la salud de la mujer, cuando el embarazo sea el resultado de una violación sexual, o cuando el embarazo tenga una malformación incompatible con la vida fuera del útero.
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La plataforma Somos Muchas denunció que cada día, tres niñas menores de 14 años se convierten en madres producto de una violación sexual en Honduras y por consiguiente son obligadas a asumir una maternidad forzada por la prohibición de la interrupción del embarazo en todas sus formas.
La vocera de la plataforma de mujeres y feministas, Regina Fonseca subrayó que, sumada a esta realidad, otras 65 adolescentes entre 15 y 18 años también se enfrentan a la misma tragedia todos los días.
La directora del Centro de Derechos Reproductivos destacó que la penalización no evita los abortos, sino que lleva a que las “mujeres y niñas víctimas de violación tengan que recurrir a procedimientos inseguros, o asuman embarazos y maternidades forzadas”. Lo que impacta en mayor medida contra aquellas que tienen menores recursos económicos y que viven en zonas rurales.
Además, sostuvo que forzar a las sobrevivientes de violación sexual a asumir una maternidad vulnera más de nueve derechos fundamentales de mujeres y niñas, entre los que se incluyen derechos a la vida, la dignidad, la autonomía, la salud sexual y reproductiva, la no discriminación, el acceso a la información, la educación y a no ser sometidas a tortura o tratos crueles.
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En el amicus curiae se indicó que el aborto debería ser un servicio de salud esencial especialmente para las sobrevivientes de violación. A esto agrega que Honduras ha ratificado tratados internacionales en los que se establecen protecciones a la vida y la salud sexual y reproductiva de las niñas y mujeres.
El 13 de abril del 2021, organizaciones feministas interpusieron un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 196 del Código Penal que penaliza en su totalidad el aborto. Este fue admitido por la CSJ el 13 de julio del mismo año.
El año pasado, las feministas explicaron que mediante el recurso de inconstitucionalidad están solicitando a la Corte se revise el artículo 196 (párrafo 1) del Código Penal, el que penaliza absolutamente el aborto, y que además se revise la reforma constitucional aprobada a través del artículo 1 del decreto legislativo 192-2020, ratificado por el decreto legislativo 3-2021, que reforma el artículo 67 de la Constitución que prohíbe el aborto constitucionalmente.
Otras organizaciones regionales que han presentado amicus curiae ante la Corte Suprema de Justicia, son: la Federación Internacional de Gineco Obstetricia (FIGO) y Protegiendo los derechos de la salud reproductiva de las mujeres más vulnerables en Centroamérica y México (Ipas-CAM)
