Redacción: Marcia Perdomo
Tegucigalpa.- El Congreso Nacional aprobó el 25 de mayo de este año elevar a la categoría de heroína nacional a Berta Isabel Cáceres Flores. No obstante, sigue en pie la concesión en el río Gualcarque a la que se opuso y por cuya resistencia fue asesinada la noche del 2 de marzo de 2016.
Desde el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) la posición frente a la inconsulta e ilegal concesión del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en el río Gualcarque siempre ha sido clara: la cancelación definitiva de la misma.
La coordinadora del Copinh e hija de la defensora ambiental indígena asesinada hace seis años, Bertha Zúniga Cáceres, expresó a Criterio.hn que es importante crear un decreto especial en relación a esta concesión en particular.
Zúniga señaló que la recién aprobada y publicada Ley especial para garantizar el servicio de la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social, prevé que se rescindan los contratos de empresas que a mayo de 2023 no estén vendiendo energía al Estado.
“Sabemos que esa es una posibilidad, pero para nosotras también sería importante que se hiciera un decreto especial sobre esta concesión en particular. Ya que Berta Cáceres es heroína nacional, rendirle homenaje cancelando la concesión por la cual ella fue asesinada, contra la que ella luchó”, afirmó.
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Desde el Copinh se ha estado analizando la nueva Ley de energía y las observaciones indican que dado que la concesión ya está por cumplir diez años sin que se haya construido nada, está podría entrar dentro de los parámetros para rescindir contratos expuestos en el artículo 9 de la recién aprobada normativa.
ARTÍCULO 9.- PLAZO PARA INICIO DE SUMINISTRO DE GENERACIÓN. Conceder el plazo de un (1) año contado a partir de la publicación de la presente Ley, para el inicio del suministro de energía en aquellos casos de contratos que se encuentran firmados, publicados en el Diario Oficial “La Gaceta” y vigentes los permisos correspondientes. De no cumplirse las condiciones anteriores en el plazo establecido, el/los contratos deben ser rescindidos. Sin perjuicio de lo anterior, los contratos que tengan una ejecución de obra física mayor o igual a treinta por ciento (30%), los cuales tendrán un plazo de dos (2) años.
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) debe proceder de inmediato a revisar todos los contratos de generación suscritos y que no hayan iniciado operaciones a efecto de ajustar la fecha de inicio de operación de conformidad al plan de expansión de generación o en su caso, rescindirlos.
“Estamos tratando de construir fuerzas legales en torno a eso y ojalá tengamos recepción del Estado de Honduras para que esa empresa no se vaya solo por rescindir contratos, como seguramente se van a ir muchas más. Sino por el hecho de que hay irregularidades […] en ese proceso por estar vinculada a graves violaciones a derechos humanos”, compartió la coordinadora del Copinh.
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NO MÁS LICENCIAS QUE VIOLAN REQUERIMIENTOS AMBIENTALES
Sobre la actual gestión del titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente), Lucky Medina, la lideresa indígena dijo que “a priori tenemos confianza en una política distinta”. Sin embargo, hasta el momento no hay algo concreto sobre esto o que se esté realizando por parte de MiAmbiente.
Sí afirmó que desde el Copinh están tratando de tener acercamientos con la Secretaría para educar en qué consiste el derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada y cuáles son los últimos estándares.
Zúniga declaró que existe una aspiración de la población para que esta Secretaría no repita las prácticas que tuvo anteriormente, cuando otorgó licencias por interés político, económico, conveniencia, o incluso, violando los propios requerimientos ambientales.
“Dejamos abierta la puerta de la confianza de que puedan tomarse acciones constantes, establecerse protocolos para resarcir lo que ya se hizo mal, para evitar que situaciones como estas vuelvan a repetirse”, concluyó la lideresa.
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El pasado lunes, 20 de junio, después de cuatro audiencias postergadas, dieciséis minutos bastaron para dar lectura a la sentencia contra Roberto David Castillo Mejía, quien deberá cumplir un total de 22 años y seis meses de prisión por su participación como coautor en el asesinato de la ambientalista indígena Berta Isabel Cáceres.
Posteriormente, el martes 28 de junio, el Copinh presentó ante la oficina del fiscal general de Holanda una denuncia penal contra el banco holandés FMO y sus directivos, por suponerlos responsables de los crímenes de complicidad en actos de corrupción, malversación, blanqueo de dinero y violencia en su financiamiento al proyecto Agua Zarca.
