Tegucigalpa.- En el sexto aniversario del asesinato de la líder indígena, Berta Cáceres, el pueblo Lenca y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) exigieron el cese de la concesión del río Gualcarque, cuya ilegalidad encausó el asesinato de la ambientalista.
El reclamo fue realizado durante el discurso de la coordinadora general del Copinh e hija de la lideresa lenca, Bertha Zúniga Cáceres, quien calificó como una vergüenza que siendo su madre, una galardonada y reconocida defensora de las luchas de los pueblos indígenas, de las mujeres y de la naturaleza, el proyecto hidroeléctrico al que se opuso sigue vigente «en manos de un consorcio fantasma vinculado a banqueros hondureños».
Zúniga expresó que como organización tienen claro que la lucha por la justicia no ha terminado y que la responsabilidad que pesa sobre las instancias de justicia es muy grande. Declaró que si bien «es un logro que un militar, empresario y femicida como Roberto David Castillo Mejía esté tras la rejas»; aún faltan los autores intelectuales y la justicia integral al pueblo Lenca organizado a Copinh.
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La lideresa Lenca aludió que el nuevo contexto de país no cambia la deuda y deber del Estado y del sistema de justicia. «Hoy tenemos un nuevo gobierno que miramos con entusiasmo, pero reconociendo que el poder fáctico lo tiene estos grupúsculos criminales que propiciaron la muerte de nuestra compañera» afirmó.
Si bien saludó la decisión de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente) de declarar a Honduras territorio libre de minería a cielo abierto, hizo un llamado a las comunidades afectadas, a las organizaciones territoriales y a la población a garantizar que el decreto sea materializado. «Marchemos con la claridad de Berta de que los grandes cambios se dan por el esfuerzo permanente de los pueblos», manifestó.
Urgió a la población en general a continuar organizándose de forma comunitaria y a través de la movilización social para el desmontaje del modelo de concesionamiento que violenta los derechos de las comunidades y generar otras relaciones sociales basadas en la justicia, el desarrollo comunitario y el desmontaje de la corrupción.
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El lunes 4 de abril, a la 1:30 de la tarde, nueve meses después de la condena de Roberto David Castillo Mejía como coautor del asesinato de la ambientalista y lideresa Lenca, Berta Cáceres, el Tribunal en Materia Penal finalmente dará lectura a la sentencia. Legalmente el procedimiento tiene siete meses de retraso, sin que la Corte haya brindado una explicación sobre el porqué de la demora.
En su discurso, Zúniga sostuvo que a través del COPINH y sus abogados han «logrado desnudar las estructuras mafiosas detrás de los crímenes contra liderazgos territoriales como el de Berta, en el que se coluden los empresarios del sector extractivo, las fuerzas de seguridad del Estado de Honduras, la clase política tradicional, el funcionariado estatal en su mayoría corrupto y la banca nacional e internacional ante la mirada observadora de la comunidad internacional».
