Por: Viena Hernández
Tegucigalpa. – La defensa del extraditable Juan Orlando Hernández, en su intento de agotar todas las instancias para detener la extradición, anunció que se debe esperar que la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) informe si la inmunidad del Parlamento Centroamericano (Parlacen) aplica para los terceros países.
Así lo expusieron dentro del documento de apelación presentado el sábado 19 de marzo ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y ante el juez natural, Edwin Francisco Ortez Cruz, quien conoció y admitió la orden de extradición presentada por la justicia de Estados Unidos el miércoles 16 de marzo.
El equipo de abogados de Hernández, sostienen que existen dos casos donde la CCJ determinó que aplicaba la inmunidad cuando terceras naciones pedían extradición, estos fueron del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli y Martín Torrijos.
Sobre las posibilidades que busca con todo afán la defensa, el abogado y notario, Rodil Rivera, explicó a Criterio.hn que, aunque no ha estudiado el asunto con mayor profundidad, de acuerdo a su experiencia, esto es casi imposible, porque no puede prevalecer la inmunidad del Parlacen sobre el caso de Hernández solicitado por narcotráfico.
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El Parlacen no comprende delitos de tan alta magnitud, sobre todo cuando están relacionados a la justicia de Estados Unidos, lo cual reafirmó un funcionario del Parlamento.
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Al parecer, la defensa de JOH habría solicitado la inmunidad para Hernández, pero no aun no tienen respuesta. Al respecto, el abogado, detalló que jurídicamente esto no procede, en primer lugar, en Honduras no podría tener inmunidad porque existe un acuerdo de extradición y en el Parlacen no puede invocarse porque es un organismo internacional que no puede estar por encima de la ley hondureña.
Cabe recordar que, el 27 de enero, al abandonar la silla presidencial, Hernández se mostró desesperado por lograr protección, lo que quedó evidenciado cuando anunció que se unía al Parlacen y se le juramentó a través de la plataforma de Zoom, aunque se le advirtió que esta no lo podría cubrir.
“Mi apreciación es que a él se le cerraron las puertas”, apuntó el abogado, además recordó que la prensa israelí publicó que Hernández quiso pedir asilo en Israel cuando viajó acompañado de una comitiva en 2021, pero ese recurso tampoco dio resultado.
A esto agregó la intención de haber pedido asilo a Nicaragua, pero el presidente Daniel Ortega se habría negado para evitar mayores problemas con Estados Unidos, porque, aunque dio asilo a dos políticos salvadoreños, estos no han sido señalados por crímenes de narcotráfico.
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Dentro de la apelación, también establecen que hay 32 causas abiertas contra el expresidente en Honduras y, que, según la ley, con solo una denuncia se considera que el proceso judicial ya inició.
Como argumento de última hora, sus abogados están intentando sustentar la apelación contra la luz verde a la extradición. Rodil, reafirmó que, aunque Hernández tuviera alguna posibilidad jurídica, ningún juez podría aceptarla porque la influencia y presión de Estados Unidos sobre Honduras es de gran magnitud.
Por otra parte, señaló que el juez de extradición, Edwin Ortez Cruz, ya había sido cuestionado por la Embajada de Estados Unidos cuando fue candidato a magistrado por “sospechas de actos ilícitos”.
Aunque los magistrados sean controlados por el Partido Nacional no podrían oponerse a la extradición de Hernández.
Para el especialista en temas jurídicos, el exgobernante estaría gastando mucho dinero para evitar una extradición inminente que solo podría negociar ante la Corte de Distrito Sur de New York, tratándose de un hombre que cuenta con información de interés para Estados Unidos.
