Tegucigalpa. –Honduras sigue inmersa en la corrupción e impunidad. La lucha emprendida en los últimos años contra este flagelo ha quedado cuesta arriba con la aprobación de reformas y leyes desde el Congreso Nacional.
De hecho, hablar de este tema ha trascendido las fronteras como ocurrió a finales de octubre en un foro organizado por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), en Washington, Estados Unidos, donde se expuso la realidad del llamado Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras) y en especial la de Honduras.
De acuerdo con mediciones de Transparencia Internacional, Honduras sigue bajando en el índice de percepción de corrupción, en su más reciente informe, publicado en enero de 2021, indicaba que el país cayó del puesto 146 al 157, siendo una de las naciones peor evaluadas por el organismo.
Según el índice, es el cuarto país más corrupto de América, solo por detrás de Nicaragua (159), Haití (170) y Venezuela (176).
EL HECHO:
Al foro de Washington asistieron varias figuras identificadas en la lucha anticorrupción como el exvocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez Mayor; el director de la Unidad Fiscal Especializada Contra las Redes de Corrupción (UFERCO), Luis Javier Santos y la directora del CNA, Gabriela Castellanos.
Castellanos manifestó que “en Honduras, el mecanismo de corrupción presenta como principal actor al señor Juan Orlando Hernández”. La afirmación la realizó cuando habló de los casos de corrupción que, como entidad, han presentado al Ministerio Público los que, en su mayoría, tienen vínculo con el gabinete que dirige Hernández desde el Poder Ejecutivo.
Por su parte, el director de la UFERCO, Luis Javier Santos, dijo que “el caso Pandora es una muestra de cómo ha evolucionado la corrupción; este caso pone en relieve la sustracción de fondos públicos para campañas políticas”.
Otro punto analizado en el conversatorio fue la influencia política en las estructuras de aplicación de justicia. Jiménez Mayor, exvocero de la MACCIH, comentó: “en Honduras todo está politizado, el bipartidismo está blindado y este es el pecado original de la corrupción e impunidad en el país”.
RETROCESO SIGNIFICATIVO
El informe de Transparencia Internacional, solo demuestra el retroceso de la lucha contra la corrupción en Honduras. Y es que, según el documento, es la peor posición del país en los últimos ocho años.
En Centroamérica, el único país que se mantiene en el umbral de los 50 a 55 puntos es Costa Rica, nación a la que el informe ubica, como la más transparente de la región.
Gabriela Castellanos, directora del CNA, afirma que la corrupción en Honduras está institucionalizada y, además, que se vincula al presidente Hernández, según los últimos casos presentados por la UFERCO, en seguimiento al trabajo previo realizado por la MACCIH.
VERIFICACIÓN: VERDADERA
Las declaraciones de Gabriela Castellanos son verdaderas porque, además, hay expedientes previos que la respaldan, uno de ellos, fue el caso “Corrupción sobre ruedas”, presentado por la MACCIH y la extinta Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y Corrupción (UFECIC), el que evidenció a una red de funcionarios de Casa Presidencial en actos de corrupción.
Este caso mostró la forma en cómo operó una red que estaba dirigida por Hilda Hernández, extinta hermana del presidente Hernández, en el drenaje de más de once millones de lempiras de recursos del Estado, que fue comprobada a través de más de 100 medios de prueba presentados por la UFECIC al Poder Judicial.
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Así como lo sostuvo Gabriela Castellanos, los casos de corrupción tienen una estrecha relación con personas de confianza de Hernández, prueba de ello, el caso Pandora que sirvió para desviar al menos de 282 millones de lempiras (unos USD 12 millones) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) para financiar, en el 2013, la campaña política de Juan Hernández en el Partido Nacional y también, del Partido Liberal. Según la MACCIH, este acto, también fue dirigido por Hilda Hernández.
Luis Javier Santos, enfatizó que este caso, demuestra la forma en cómo ha evolucionado la corrupción en Honduras.
VERIFICACIÓN: VERDADERA
La afirmación de Santos también es cierta, puesto que el caso Pandora, fue uno de los primeros expedientes analizados por la MACCIH y UFECIC, que mostraron y advirtieron sobre la metodología de saqueo de fondos públicos, a través de programas sociales canalizados por diputados a través de organizaciones no gubernamentales.
Antes, en esa misma línea, se había presentado el caso Red de Diputados, que usaba el mismo mecanismo para desviar fondos y que involucró en investigaciones al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva.
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La denuncia, que en su momento hizo Jiménez Mayor, le generó un ambiente de hostilidad que culminó con su renuncia al frente del organismo. Por tal razón, es que Jiménez Mayor en el foro realizado en Estados Unidos enfatizó que en Honduras los corruptos están blindados gracias a la influencia que tienen en los órganos de aplicación de justicia.
VERIFICACIÓN: VERDADERA
Tal y como lo manifestó Jiménez Mayor, de acuerdo con los registros de la UFECIC, 12 de 14 casos presentados por esa unidad están vinculados a una red de desvío de fondos, bajo el argumento de combate a la pobreza, instrumento que ha servido para que políticos hagan demagogia en tiempo electoral.
El abogado German Licona, lamentó que la corrupción e impunidad siga fortaleciéndose en el país y esto, en gran medida, se debe, desde su punto de vista, a la influencia política en los organismos de aplicación de justicia.
Para Licona, el Poder Judicial sigue demostrando que no responde a intereses de país, sino al de políticos que usan sus influencias para mantener su inmunidad.
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NUEVAS REFORMAS, OTROS ESCENARIOS DE IMPUNIDAD
El Congreso Nacional aprobó a inicios de octubre de 2021, nuevas reformas al Código Penal, encaminadas a limitar las funciones del Ministerio Público en procesos de investigación relacionados a delitos de lavado de activos.
Estas reformas fueron publicadas el 1 de noviembre de 2021, en el diario oficial La Gaceta y han sido rechazadas por diversos organismos de sociedad civil.
Las críticas las comenzó el director de la UFERCO, Luis Javier Santos, quien en sus redes sociales señaló: “se consolida el “pacto de impunidad” y se debilita la lucha contra la corrupción. Con la publicación en La Gaceta, entran en vigencia reformas aprobadas el 7 de octubre de 2021”.
Desde el punto de vista del abogado penalista, Raúl Paniagua, estas modificaciones solo muestran el detrimento de la lucha contra la corrupción y representan un triunfo para las personas y funcionarios que cometen delitos en el país.
Paniagua enfatiza en la necesidad de que las organizaciones de sociedad civil se unan para protestar en contra de estas reformas, que solo cultivan la semilla de la impunidad.
Por su parte Keneth Madrid, representante de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), cuestionó las reformas y enfatizó que es otro golpe a la ya hundida institucionalidad hondureña.
Bajo estas reformas, Madrid cree que Honduras seguirá retrocediendo en su lucha contra el flagelo y esto se evidenciará en futuros informes de mediciones realizados a nivel internacional.
