Las manchas del pasado obligó a las empresas a cobijarse en consorcios para seguir siendo contratadas por el Estado
Redacción Criterio.hn
Tegucigalpa.-Las empresas contratadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), Technology group ITG, para suministrar las regletas y generadores de energía por 1.9 millones de dólares y Comunicaciones Globales/Datasys Group, que manejará la base de datos por 10.9 millones de dólares, tienen procesos dudosos de adjudicación y sobrevaloración de contratos, de acuerdo a documentos en poder de Criterio.hn.
La contratación de las empresas fue anunciada recientemente por el CNE como parte de las previsiones señaladas en la Ley Electoral para las elecciones generales, previstas para el 28 de noviembre próximo, que garantiza la puesta en marcha de un sistema de transmisión y divulgación de resultados preliminares.
Para lograr lo estipulado en la ley, el CNE deberá contar con un sistema de transmisión que tenga interconexión directa con el servidor de los partidos políticos, salas de observación y los medios de prensa acreditados. Todas estas previsiones para evitar que se repita el fraude de 2017.
El CNE anunció que estará instalando al menos seis mil estaciones de transmisión electoral en los centros de votación para que los miembros de las Juntas Receptoras de Votos envíen los datos del nivel presidencial.
En ellos se leerá la huella digital que servirá para constatar la autenticidad de la identidad del elector y prestar el servicio de transcripción y escaneo del acta original de cierre.
El CNE asegura que el pasado 25 de agosto les adjudicó a las empresas los contratos porque cumplieron a cabalidad con los requerimientos técnicos y de ley.
Fue así como la Unidad de Compras y Contrataciones Electorales (UCCE) aprobó el proceso de adquisición número CNE-PEG-UCCE-001/2021 denominado “Implementación de Sistemas para Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), Escrutinio y Divulgación de Resultados”.
El lote número uno se adjudicó por 7 millones de dólares a la empresa argentina Grupo MSA S.A., que se encargará de la implementación integral de software de TREP, escrutinio y divulgación de resultados, con infraestructura centralizada (data center, servicios de nube, etc.); el lote número dos a la empresa Detasys Group S.A. con sede en Costa Rica y en consorcio con la empresa de capital nacional Comunicaciones Globales S.de R.L. Esta fusión, denominada “Consorcio Tecnológico Centroamericano”, pactó el contrato por 10.9 millones de dólares, por soporte técnico, 6,800 computadoras tipo NUC, notebook (todo en uno) y 2,400 impresoras-escaner (multifuncionales).
Y el lote número tres por 1.9 millones de dólares a la también empresa hondureña International Technology Group S.A., conformada también por la empresa Sistemas Abiertos, por 6,800 IPS con capacidad para 1000VA/500w, 6,800 regletas, extensiones eléctricas de al menos seis metros y considerar 1000 generadores portátiles destinados a los centros de votación que no cuentan con suministro eléctrico.
En los medios se ha hablado en los últimos días sobre supuestas irregularidades atribuidas a la empresa argentina Grupo MSA S.A, que se encargará específicamente de la transmisión de los resultados electorales. Este asunto pareciera incomodar al Partido Nacional, pues hasta el momento ha sido la institución política que ha enarbolado una bandera para que la contratación de esta empresa sea abortada.
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INDICIOS DE CORRUPCIÓN
En medio de este debate el equipo de investigación de Criterio.hn verificó el origen y el pasado de las dos empresas contratadas, Technology Group ITG y Comunicaciones Globales/ Datasys Group. En el caso de Technology Group ITG, se encontró que compone de otra empresa que tiene antecedentes de corrupción con relación a un contrato con el Instituto Hondureño de Seguridad Social IHSS) pactado en septiembre de 2011.
Technology group ITG, es una empresa conformada por la sociedad Sistemas Abiertos, del grupo empresarial Promociones Organizacionales y Producciones Amplias (Popa).
Sobre ese tema, René Alfaro, abogado mercantilista, explicó a Criterio.hn que la Ley de Contrataciones del Estado no les impide a estas empresas participar en procesos de licitación porque se trata de personas jurídicas independientes, aunque implique a los mismos socios y al Consejo de Administración esté conformado por ciudadanos que ejercen funciones en otras entidades.
“Son los mismos con distinto traje, por lo tanto las prácticas van a ser similares. Los antecedentes que tienen han demostrado que trabajan de esa forma, por lo tanto no podríamos esperar que hagan las cosas diferentes cuando se trata de los mismos socios y de la misma administración”, apuntó Alfaro.
El jurista cuestionó que cómo es posible que los consejeros del CNE hayan obviado que dentro de la estructura que conforman estas empresas contratadas hayan socios que en el pasado hayan sido sancionados por sus actuaciones en otras empresas.
“Tuvieron ese comportamiento, por lo tanto, es objeto de discusión que vayan a trabajar de una forma diferente cuando los mismos socios ya estuvieron involucrados en un acto de corrupción”, agregó.
La adjudicación del Sistema para Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP se llevó a cabo bajo un mecanismo especial de contratación directa, aprobado por el Congreso Nacional porque el CNE se vio atado económicamente, en virtud de que el Poder Legislativo no aprobó el presupuesto en el plazo requerido.
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A juicio de Alfaro, las reglas de las licitaciones, aunque se trate de una contratación directa, tendrían que haber tenido requisitos, y uno de esos podría haber sido “que no pudiesen participar empresas cuyos socios sean los mismos en tanto porcentaje de empresas que han tenido sanciones o hayan estado involucradas o que están en proceso de investigación o que ya tengan responsabilidades penales”.
CORRUPCIÓN CASO IHSS
Cuando se develó el escándalo de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), a doce días de finalizar el mandato presidencial de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), las autoridades hondureñas nombraron una comisión interventora y suspendieron de sus cargos a la junta directiva y al entonces director ejecutivo de la institución, Mario Zelaya Rojas, hoy privado de libertad por varios delitos.
Esa comisión emitió sus tres primeros informes en febrero, abril y julio de 2014, los que dejaron al descubierto una trama que habría incluido, entre otros ilícitos, compra y distribución de medicamentos adulterados, retenciones por ley a los salarios de los trabajadores del Seguro Social que no fueron entregadas a las entidades correspondientes y sobrevaloración en la contratación de servicios.
El primer informe presentado a inicios de 2014, describe que la empresa Sistemas Abiertos, fue el proveedor del contrato “Adquisición de una Solución Integral de Administración Hospitalaria, Gestión del Paciente y Gestión Clínica del Ihss” (Mofihss), suscrito con las autoridades el 27 de septiembre de 2011 por 35.4 millones de dólares, que posteriormente se amplió en 8.5 millones de dólares más, a través de un adendum para hacer un total de 43.9 millones de dólares.
La Comisión constató que el precio de este equipo se sobrevaloró en aproximadamente 12.2 millones de dólares.
El 12 de febrero de 2015, la Junta Interventora del IHSS presentó otro informe en el que analizó la ejecución de la consultoría otorgada a la empresa Sistemas Abiertos. Este Informe detalló el fracaso de la consultoría y estimó que esta no se ejecutó en un 98 %, así como una sobrevaloración de precios por más de 11 millones de dólares.
Sobre esa misma empresa, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) notificó en enero de 2018 un nuevo informe al Ministerio Público (MP), que concluye en el hallazgo de indicios de responsabilidad penal por nuevas irregularidades detectadas en el IHSS.
El documento apunta además que, al momento de la ejecución de la auditoría, y finalizada la relación contractual con la Empresa Sistemas Abiertos S. A., se evidenció que se utilizaba el sistema informático anterior a la implementación del Mofihss (uso de aplicaciones de software denominado “Sistemático”).
El proyecto Mofihss fue adjudicado a la Empresa Sistemas Abiertos S. A. de C. V y en su auditoría el TSC detalla el hallazgo de 27 irregularidades que concluyen en indicios de responsabilidad penal, al no encontrarse soportes documentales que justifiquen legalmente la inversión.
La empresa Sistemas Abiertos S. A. de C. V, fue fusionada con la sociedad Technology Group ITG y de acuerdo con la información de desembolsos efectuados y registrados hasta el 31 de diciembre de 2013, el monto pagado por el IHSS a la Empresa Sistemas Abiertos, por el proyecto Mofihss fue por la suma de 599 millones de lempiras, valor no redimible para el IHSS, dadas las graves inconsistencias a las que fue sujeto el proceso de compra y los incumplimientos al contrato.
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO: COMUNICACIONES GLOBALES
Mientras que Comunicaciones Globales (Datasys Group), que ha sido contratada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para manejar la base de datos, mediante un sistema de identificación biométrica de los electores en las Juntas Receptoras de Votos, tiene anotaciones preventivas en la Oficina Normativa de Contrataciones y Adjudicaciones del Estado(Oncae), por el incumplimiento de un contrato por 33 mil dólares, suscrito el 23 de diciembre de 2016 con la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad.
El 7 de agosto de 2018, la Oncae solicitó, mediante el oficio número SDS-UCP-458-2018, que se publicara en el Registro de Anotaciones Preventivas el incumplimiento del contrato de la sociedad Comunicaciones Globales.
“Para rescindir por incumplimiento por parte de Comunicaciones Globales S. de R.L. del contrato de Suministro de Bienes y Servicios No.SS-UCP-170-2016, “Adquisición de Equipo Especializado, Equipo Auxiliar, Instrumentos y Suministros varios para uso de los Laboratorios de la Policía Científica y Criminalística de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Licitación No. SS-PICSC-LPI-128-2016 suscrito en fecha 23 de diciembre del 2016 entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad y la Empresa Comunicaciones Globales S. de R.L.”, describe el oficio de la Oncae.
CONSORCIO TECNOLÓGICO CENTROAMERICANO
De acuerdo con el Registro Mercantil de Tegucigalpa, el 7 de septiembre de 2021, fue inscrito un consorcio entre Datasys Group con sede en San José Costa Rica, representada por el costarricense Rodolfo Salazar Valverde y la sociedad mercantil Comunicaciones Globales para la ejecución del contrato“Proveedor de equipo de cómputo, impresoras y soporte técnico”, adjudicado por el Consejo Nacional Electoral por 10.9 millones de dólares.
El consorcio girará bajo la denominación: Consorcio Tecnológico Centroamericano, CTC.
CONSORCIO STARK
Por otra parte, el 18 de julio de 2019, la empresa Comunicaciones Globales y los señores Rodolfo Zacharías Velásquez Chinchilla, Alvaro René Morgan Villeda, en representación de Flores y Flores Ingeniería, Ricardo Rogelio Figueroa Romero, de nacionalidad salvadoreño, Benito Arturo Zelaya Calix y Wigberto Valeriano Arguijo, conformaron el Consorcio Stark, luego de ganar una licitación con el Gobierno de Honduras.
Antes de esta fusión, con Comunicaciones Globales, el 12 de junio de 2019, el Consorcio Stark fue favorecido con la licitación LPN-001-2019, “Contratación de Servicios de Construcción llave en mano del Centro de Coordinación y Operación del Sistema Nacional 911, en la zona sur del país”. Este contrato es por 50 millones de lempiras.
Según el CNE, el Sistema para Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP fue adjudicado a las empresas nacionales Technology group ITG y Comunicaciones Globales/ Datasys Group y a la empresa argentina Grupo MSA S.A., por cumplir a cabalidad los requerimientos técnicos y de ley, pero con los hallazgos de esta publicación, se evidencia que la primera está relacionada al desfalco del Seguro Social y la otra tiene un historial de incumplimiento de contratos, lo que pone en duda que el proceso electoral se desarrolle con transparencia.
Un comentario
Fijo ya tienen laa elecciones aseguradas parapapi.