Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa.- En Honduras regularmente se nombran juntas interventoras cuando se destapa un nuevo escándalo de corrupción en las diferentes instituciones del Estado. ¿Qué tan eficientes son para solventar el problema? Es una interrogante que la ciudadanía y analistas realizan, especialmente luego que se reveló la sobrevaloración en compras de hospitales móviles y mascarillas que realizó Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H).
El economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Ismael Zepeda lamenta que cuando estos modelos se aplican en Honduras lo que hacen es desaparecer la institución como ocurrió con el Fondo Vial, cambiar el nombre como en el caso de Soptravi, que pasó a llamarse Insep; o dejar a la junta interventora con una temporalidad infinita como ocurre con la del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS); sin que al final se investigue y se deduzcan responsabilidades a los autores del delito.
Zepeda no duda que uno de estos desenlaces espera a Invest-H y expresó que: “La junta interventora le va a dar a largas al asunto y no vamos a realmente ver la deducción de responsabilidad hacia el exdirector o exdirectora, hacia los gerentes, su administrador o los técnicos que también son responsables de las compras. No van a hacer nada, lastimosamente”.
“Cuando uno por ejemplo escucha la declaración de algunos narcotraficantes en Estados Unidos cuando declararon contra el hermano del presidente, Tony Hernández; mencionan que la depuradora de la Policía Nacional, más bien quitaba a agentes que sí realizaban un combate real al narcotráfico o eran desplazados a zonas donde no hay flujo de narcóticos. Eso es un ejemplo de lo que hacen las juntas interventoras en Honduras”, explicó Zepeda.
¿Y la auditoría forense?
Recientemente, el general de brigada José Ernesto Leva Bulnes fue nombrado fue juramentado como presidente de la Junta Interventora de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) y según lo establecido por el gobierno, la Junta Interventora “apoyará el proceso para sanear la situación administrativa, financiera y funcional de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H). En caso de ser necesario, el periodo de intervención podrá ser ampliado hasta el cumplimiento de los objetivos”.
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Sin embargo, el actuar de la junta interventora desde ya causa resquemor. La secretaria ejecutiva de Democracia Sin Fronteras, Melissa Elvir, señala que una de las primeras decisiones que tuvo que tomar la junta fue el de realizar una auditoría forense de los fondos utilizados durante la pandemia y de esta forma brindar una rendición de cuentas efectivas a la ciudadanía.
“No solamente se trata de llegar a tomar decisiones de las actividades y de las acciones que van a realizar a futuro; sino sobretodo que se realicen investigaciones exhaustivas de lo que pasó y no pasó, de qué línea sacaron el presupuesto que usaron, quién dio las directrices para hacer esas compras”, especificó Elvir. Además agregó que esta auditoría forense debe cubrir los últimos tres años, desde el momento en que dejó de ser la Cuenta del Milenio y se convirtió en Invest-H.
Junta interventora del IHSS
Proliferación de juntas interventoras
En 2019 Juliette Handal, expresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), criticó que el Gobierno tiene 70 juntas interventoras dentro del Estado y que las mismas funcionan de forma paralela a las instituciones que intervienen y que son pagadas por los hondureños y sin necesidad. Asimismo, cuestionó: ¿Entonces, para qué están las instituciones como la última interventora de salud y en el Hospital Escuela Universitario de Tegucigalpa, que según el gobierno es para solucionar la crisis del centro asistencial?
Para el expresidente del Colegio Hondureño de Economistas, Hugo Noé Pino, estas interventoras tienen el propósito de “tapar las irregularidades” y no mejorar el manejo de las instituciones. “Más que revelar irregularidades, lo que van a ir a hacer es esconder las irregularidades que han sido denunciadas por diferentes instancias”
El nombramiento de juntas interventoras se ha convertido en la estrategia de control implementada en los últimos 11 años de la administración estatal a cargo del Partido Nacional de Honduras, durante ese periodo Criterio.hn pudo constatar el nombramiento de más de 20 juntas de intervención en instituciones públicas centralizadas y descentralizadas, entre estas la del Registro Nacional de las Personas.
