Antitransparencia: el virus que matará a Honduras

El IAIP pone en suspenso el acceso a la información pública

“La emergencia no debe favorecer el oscurantismo”: Amada Ponce, directora del Comité para la Libre Expresión (C-Libre).

Por: Redacción CRITERIO

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Ilustración: Guillermo Burgos

Tegucigalpa. –La gente en los barrios y colonias de las principales ciudades o en las aldeas y caseríos, poco o nada sabe de cómo se manejan los fondos en Honduras en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus (Covid-19). Las horas pasan y las sospechas de que algo no anda bien se evidencia en los comentarios en las redes sociales, en los chats de amigos y de las familias.

La opacidad hace que Honduras se ubique como el cuarto país más corrupto de la región latinoamericana, únicamente superado por Venezuela, Nicaragua y Guatemala, según el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional de 2019, presentado en enero pasado.

La falta de transparencia y rendición de cuentas profundiza los altos niveles de pobreza y exclusión social como resultado del saqueo en las arcas públicas, flagelo que se ha elevado en los últimos años y que permite que 65,000 millones de lempiras sean dilapidados cada año, según el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).

SUPENDEN EL ACCESO A LA INFORMACIÓN

Ante la propagación del Covid-19 en Honduras se aprobó en febrero pasado una emergencia sanitaria que, además de medidas de control, contempla la aprobación sistemática de fondos de emergencia para compras y contrataciones directas y que a la fecha rondan los 500 millones de dólares (más de 12 mil millones de lempiras).

Los fondos están siendo ejecutados por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), una instancia integrada por instituciones del gobierno y de la sociedad civil, que en el marco del golpe de Estado de 2009 fue creada para la ejecución y administración de los fondos que correspondan a las declaratorias de emergencia, ya sea por parte del Poder Ejecutivo o las alcaldías municipales, sin cumplir con los requerimientos establecidos en la Ley de Presupuesto, la Ley de Contratación del Estado o cualquier otra ley relacionada.

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El manejo de los recursos está levantando suspicacias porque no existe transparencia y porque en el marco de la emergencia el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) decretó la no aplicabilidad de la Ley de Acceso a la Información Pública justificando que la información fluye por parte de los oficiales de transparencia y éstos no están yendo a sus oficinas porque todas las actividades están paralizadas para evitar la propagación del coronavirus.

La medida comenzó a aplicarse desde el lunes 16 de marzo, según lo dio a conocer el IAIP en un comunicado de prensa y se extendió hasta el 29 de marzo, de acuerdo con un segundo comunicado en el que se argumenta la vigencia del Decreto Ejecutivo PCM-021-2020, mediante el cual se aprobó un estado de excepción y se suspendió varios derechos fundamentales. Inexplicablemente, la suspensión de garantías involucra el derecho a la libre emisión del pensamiento.

En las Declaraciones de la Relatoría para la Libertad de Expresión a nivel continental, se ha establecido que el libre acceso a la información pública es consustancial al derecho a la libre expresión, es decir no existe uno sin el otro, por lo que ante la decisión del gobierno de suprimirla, el IAIP  estaba obligado a exigir la prevalencia de esta garantía, porque riesgo, emergencia y calamidad no significa renunciar a la transparencia, según la opinión de juristas.

La directora del Comité para la Libre Expresión (C-Libre), Amada Ponce, dijo a CRITERIO que en esa organización hay mucha preocupación sobre la manera en la que el gobierno está manejando la emergencia por el Covid-19, por lo que en los últimos días y a partir de la aprobación del Decreto Ejecutivo PCM 021-2020, el lunes 16 de marzo, ha emitido sendos comunicados y alertas.

Ponce dijo además que C-Libre le comunicó su preocupación al Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza. Lanza emitió el 19 de marzo un comunicado haciendo un llamado para que los gobiernos apliquen firmemente sus leyes de acceso a la información para garantizar que todas las personas, especialmente los periodistas, tengan acceso a la misma.

Asimismo, para que proporcionen información veraz sobre la naturaleza de la amenaza que supone el coronavirus. “Los gobiernos de todo el mundo están obligados, en virtud de las normas de los derechos humanos, a proporcionar información fidedigna en formatos accesibles a todos, prestando especial atención a garantizar el acceso a la información por parte de las personas con acceso limitado a Internet o a aquellas personas en condición de discapacidad a las cuales se les dificulte el acceso”, establece el relator.

El comunicado instituye que el derecho de acceso a la información significa que los gobiernos deben hacer esfuerzos excepcionales para proteger el trabajo de los periodistas. “El periodismo cumple una función crucial en un momento de emergencia de salud pública, en particular cuando tiene por objeto informar al público sobre información crítica y monitorear las acciones del gobierno”, apunta Edison Lanza.

En un Twitter, ante la decisión del gobierno de Honduras, Edison Lanza publicó: “Es el tipo de medidas desproporcionadas y que afecta el derecho de la población a acceder a información completa sobre el #Covid19. Instamos a revisar la medidas”.

Gobierno de #Honduras suspende derechos y garantías constitucionales, entre ellos libertad de expresión (art.72 Const.). Es el tipo de medida desproporcionada y que afecta el derecho de la población a acceder a información completa sobre el #Covid19. Instamos a revisar la medida pic.twitter.com/g0ihjm3W1O

— Edison Lanza (@EdisonLanza) March 19, 2020

Ponce detalló además que C-Libre ha tenido pláticas con los comisionados del IAIP y “hay preocupaciones” en ellos, sin embargo, los funcionarios refirieron que no existe en este momento condiciones en el país para garantizar el libre acceso a la información pública.

La defensora de la libertad de expresión dijo además que la Ley de Sinager tiene varias contradicciones porque los oficiales de acceso a la información pública pertenecen a diferentes instituciones estatales, y el Estado debió prever el mecanismo de transparencia para garantizar la información de oficio, es decir, la que debe ser expuesta sin que la gente tenga que pedirla.

A ejemplo de las falencias, Ponce señaló que no existe un plan de manejo de fondos, tampoco se ha publicado el presupuesto, ni se ha divulgado un formato o forma en que se harán las adquisiciones de acuerdo con las necesidades de la emergencia.

Señaló que, aunque los oficiales de acceso a la información pública no estén en funciones y aunque la ley de Sinager no sea clara de cómo debe ser la transparencia en el uso de los fondos, y aunque se esté en un Estado de emergencia, el Estado debe cumplir con los estándares internacionales.

De su lado la periodista y precursora de la Ley de Acceso a la Información Pública, Vilma Gloria Rosales, considera que el IAIP, como institución responsable del cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública, debe instar al Sinager para que informe a la ciudadanía cómo se están gastando los fondos de emergencia; por ejemplo, dónde se compró y a qué precio se compró el equipo médico y de bioseguridad que dice el gobierno haber adquirido.

“En medio de la emergencia el valor de la transparencia es fundamental”, consideró Rosales y en especial en las acciones realizadas por el Sinager, que debe cumplir con el principio de ética y transparencia, establecido en el artículo 4, numeral 8, de su ley.

Lo que establece el artículo 4, numeral 8 de la Ley de Sinager: ÉTICA Y TRANSPARENCIA: La ética, la transparencia, la responsabilidad y la rendición de cuentas deben guiar todas las ejecutorias del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER). Todas las acciones del Sistema deben tener la publicidad y ejecución necesaria, lo mismo que ser objeto de fiscalización y control por los sistemas de acuerdo a lo establecido en las leyes del país.

CADENAS

De momento el gobierno se ha limitado a hacer cadenas nacionales de radio y televisión, hasta en tres emisiones diarias, copando al pueblo hondureño con información vaga, específicamente de los casos positivos que se van reportando y sobre casos sospechosos y de supuestas medidas económicas y sociales a implementarse en el marco de la emergencia, pero no tiene ningún portal de trasparencia para informar sobre las compras y contrataciones y sobre otras actividades que se están ejecutando.

La información sobre el coronavirus está siendo manejada desde el sitio web https://covid19honduras.org/Comunicados, en el cual se debe instalar un enlace sobre transparencia y colocar en este sitio los presupuestos, las licitaciones, compras y otras actividades, dijo la directora de C-Libre, Amada Ponce, quien consideró que hay un claro interés del gobierno de guardar silencio.

También existe una clara señal de querer utilizar fondos que deberían ser para la emergencia, para otros fines, por la falta de transparencia en el uso de los recursos públicos, apuntó la defensora de la libertad de expresión.

El gobierno hondureño ha venido confeccionando un marco legal que favorece el ocultamiento de la información pública. Para ese fin entró en vigencia el 7 de marzo de 2014 la Ley para la Desclasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa, más conocida como Ley de Secretos Oficiales, que blinda la información en 16 instituciones del Estado.

Asimismo, la Ley de Inteligencia y los acuerdos ministeriales, 842-2018 de la Secretaría de Finanzas que declara en secreto la información relacionada a las exoneraciones fiscales y el 1402-2018 de MiAmbiente, que establece secretividad en las licencias y otros trámites ambientales.

La opacidad genera espacios que favorecen la corrupción e impiden la veeduría social y el trabajo de investigación de los medios independientes, lo que llevó a la desaparecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), a pedir en reiteradas ocasiones, al Congreso Nacional, una reforma a la Ley de Secretos Oficiales, pero nunca hubo respuesta a su demanda.

En febrero pasado la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró parcialmente la inconstitucionalidad de la Ley de Secretos Oficiales. La resolución se adoptó por mayoría de votos, y al no alcanzar unanimidad pasó al pleno de magistrados del Poder Judicial, sin que hasta el momento haya existido algún pronunciamiento.

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La falta de transparencia y de rendición de cuentas ha sido una constante en Honduras a tal grado que dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, no cuentan actualmente con un portal de transparencia que ofrezca información actualizada y relevante. En el caso de Casa Presidencial, el portal estuvo inactivo por varios meses y en la actualidad está activo, pero no brinda información, ya que la mayoría de las publicaciones reporta cero actividades relacionadas a concesiones y otras acciones de rendición de cuentas.

Entre tanto, el portal del Congreso Nacional está inactivo desde el 18 de febrero de 2020, supuestamente, en proceso de mantenimiento.

El Colegio de Periodistas no ha emitido ningún comunicado oficial censurando la decisión del gobierno de suspender esta garantía constitucional, apenas se sumaron, tímidamente, a una iniciativa de la Asociación de Medios de Comunicación que pidió la derogación del PCM en lo relativo al Artículo 72.

La Asociación de Medios de Comunicación pide a @Presidencia_HN derogar PCM 21-2020 que suspende garantía de libertad de expresión, consignado en artìculo 72 constitucional, ya que en esta hora crucial que atraviesa el país el papel del periodismo es fundamental para el bien común pic.twitter.com/Y5DJTbU0qE

— CPH Honduras (@ColegioPeriodi1) March 18, 2020