Fuentes revelan que las instituciones responsables de garantizar el cambio de nombre se culpan mutuamente, evadiendo la resolución internacional
La falta de voluntad política sería una de las razones principales por las cuales se sigue incumpliendo el cambio de nombre de las personas transgenero en Honduras
Tegucigalpa, Honduras. – A casi cuatro años de la sentencia Vicky Hernández, el Estado de Honduras sigue sin cumplir la totalidad de las medidas ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (Corte IDH), entre ellas, el reconocimiento de la identidad de las personas transgénero en el Documento Nacional de Identificación (DNI), un proceso que continúa paralizado, según denuncian organizaciones LGBTIQA+.
En 2022, durante el reconocimiento de responsabilidad del Estado por el asesinato de Vicky Hernández, la presidenta Xiomara Castro, prometió garantizar el cambio de identidad de género en documentos oficiales antes del 28 de junio, sin embargo, dicha promesa continua pendiente a pocos meses de su salida del poder.
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¿POR QUÉ SIGUEN SIN GARANTIZAR EL ACCESO AL CAMBIO DE NOMBRE?
Para conocer la respuesta a esta interrogante Criterio.hn intentó comunicarse con el comisionado presidente del Registro Nacional de las Personas (RNP), Oscar Rivera, para indagar en las razones de la lentitud en el proceso y la etapa en la que se encuentra, sin embargo, hasta la publicación de este artículo no se obtuvo respuesta.
Por otro lado, Alex Flores, de la defensoría de personas LGBTIQA+ del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, (CONADEH), durante la presentación del Informe Anual KAI de 2024, refirió el tema del cambio de nombre señalando que las instituciones responsables son únicamente el Registro Nacional de las Personas (RNP) y la Procuraduría General de la República (PGR), apuntando a que son las que deben de rendir informes directos de lo que está pasando en relación al cumplimiento de ese punto resolutivo.
Flores explicó, que desde el CONADEH se han realizado dos requerimientos de información a ambas instituciones, debido a las contradicciones de responsabilidad, acciones que afirmó les parecen preocupantes.
El representante de CONADEH, hizo mención de la conformación de una mesa interinstitucional que se llevó a cabo en 2022, señalando la creación de un borrador para el protocolo del cambio de nombre y arguyó como desde dicha institución se remitieron las recomendaciones correspondientes para que se pudiesen cumplir los estándares de la materia, sin embargo, afirmó que desde ese mismo año se ha ido dando seguimiento y que no ven un avance de ese mismo punto.
Flores señaló, que en 2023 se retomaron las reuniones y que durante ese año se remitió un borrador a las autoridades del Registro Nacional de las Personas, además de ello, remarcó que durante diciembre de ese mismo año se informó que el borrador fue remitido a la representación legal del caso Vicky Hernández, para que se realizarán los análisis y que posteriormente devolvieran el instrumento con una contrapropuesta.
El funcionario apuntó, a que en la actualidad el retraso responde a que ahora se está involucrando a otras instituciones, por lo que han identificado que se está postergando el proceso cuando ya se emitieron todas las recomendaciones, y se identificó que si se puede cumplir y que esto se debe a una falta de voluntad política por parte de las personas encargadas de garantizar el cumplimiento de la sentencia.
POSTURA DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DEL CASO
Larissa Velásquez, abogada de la Red Lésbica Cattrachas, organización que presentó el caso de Vicky Hernández ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, explicó durante una entrevista con Criterio.hn, que el proceso para la identidad de género y el reconocimiento de las personas trans, es importante y que se trata de una lucha histórica que se obtuvo mediante la sentencia por el caso de la activista.
Velásquez, señaló que, esta medida representa apuestas políticas dentro de distintos escenarios entre ellos remarcó el cumplimiento de las adecuaciones en el reglamento de del Registro Nacional de las personas, que según informó, no requiere de requisitos tediosos.
La jurista afirmó, que, desde Cattrachas se ha remitido toda la información necesaria para el acompañamiento del proceso sobre cómo debería ser la adecuación de la normativa, sin embargo, recalcó que, hasta el momento no han tenido una respuesta de cómo van con el protocolo.
Velásquez aseguró, que la última información que conocieron fue que la Procuraduría General de la República y el Registro Nacional de las Personas estaban trabajando en conjunto para la realización de una nueva presentación del borrador del protocolo, no obstante, señaló que no hay ningún avance sustancial con el que se pueda determinar cuándo se tendría el cumplimiento de la obligación internacional.
La jurista agregó, que la lentitud en el proceso podría deberse a los costos políticos que significan las personas LGBTIQA+, en todo el proceso del cumplimiento de los derechos.
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PERSPECTIVA DE LAS ORGANIZACIONES
Dany Montecinos, coordinador de la organización Kukulcán, expresó a Criterio.hn que las organizaciones habían tenido una gran expectativa en el último trimestre de 2024, cuando se conoció de dos procesos que estaban cerca de finalizar.
Montecinos señaló, que durante enero no sucedió ni se conoció nada referente al tema, por lo que a criterio propio, considera que el tema comienza a debilitarse, pues señala que está quedando de lado y que los meses políticos por las elecciones podrían prolongar la pausa.
El defensor manifestó, que si no se pudo realizar el proceso durante 2024 es muy difícil que se realice durante este primer trimestre de 2025, sin embargo recalcó que guardan la esperanza que al menos este año se pueda llegar a resolver el tema al igual que las otras recomendaciones de la sentencia.
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¿PODRÍA UN CAMBIÓ DE GOBIERNO RETRASAR AÚN MÁS EL PROCESO?
A criterio del coordinador de la Asociación Kukulcán, Dany Montecinos, un cambio de gobierno en el que llegarán al poder otros partidos políticos podría llegar a ser un reto mayor, pues en el pasado los partidos tradicionales no han incluido dentro de sus agendas los derechos de las personas LGBTIQA+.
Montecinos remarcó, que si bien no ha habido un avance significativo a favor de los derechos de las personas LGBTIQA+, reconocen que el gobierno de Libre es el único que ha abordado el tema, y aseguró que aunque no se concluyera durante esta administración, el Estado de Honduras adquirió un compromiso internacional, por lo cual, cualquiera de los partidos que llegue al poder tienen la obligación de garantizar la medida ordenada.
Brandy Torres, abogada de la Red Lésbica Cattrachas, explicó durante una entrevista con Criterio.hn que es un panorama incierto lo que pueda pasar en las próximas elecciones y con los derechos de las personas LGBTIQA+, sin embargo, señaló que el cambio de nombre en el documento es una medida que forma parte de una sentencia y que ya están todas las declaraciones establecidas por lo que el proceso se debería de agilizar.
La jurista remarcó que como organización han realizado las actuaciones correspondientes, por lo que ahora es responsabilidad del Estado cumplir, principalmente del Registro Nacional de las Personas. Además, aseguró que continuarán impulsando el cumplimiento no solo del cambio de nombre, sino también la sentencia en su conjunto.
Según lo expuesto por Torres, en caso de que se llegasen a observar procesos que estén intentando ser dilatados o que no se pueda dialogar para exigir el cumplimiento está la opción de solicitar una audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para llegar a estrategias y procedimientos que garanticen el cumplimiento de la misma.
El 28 de junio de 2009, en medio del toque de queda impuesto tras el Golpe de Estado, la activista LGBTIQA+ y defensora de derechos humanos Vicky Hernández fue asesinada en San Pedro Sula, convirtiéndose en una de las primeras víctimas de la represión.
A casi cuatro años de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado de Honduras continúa incumpliendo parte de las medidas ordenadas, entre ellas, el acceso al cambio de nombre para personas transgénero, una acción fundamental y necesaria para garantizar su derecho a la identidad y reconocimiento.
