Incumpliendo Ley de Contratación, el Gobierno de Honduras se apresta a preseleccionar empresas que construirán cárcel el Islas del Cisne
Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado detalles sobre el presupuesto o la fuente de financiamiento para la edificación de la cárcel de máxima seguridad en las Islas del Cisne
La falta de información ha sido un punto de controversia, ya que las instituciones responsables han eludido responder a las solicitudes de información realizadas por Criterio.hn
Tegucigalpa, Honduras. –Amparados en decretos de emergencia y con la reserva de información, que por ley debe ser pública, el Gobierno de Honduras se apresta a anunciar en las próximas horas el nombre de la empresa que supuestamente ha sido ganadora del proceso de contratación directa para la construcción de la mega cárcel en las Islas del Cisne.
Hasta el momento, las autoridades no han dado razón del presupuesto asignado o de qué institución saldrán los fondos para la edificación de esta prisión y mucho menos los nombres de las empresas que han participado en el proceso de ofertas.
Bajo este contexto de opacidad, el comandante de la Policía Militar y del Orden Público (PMOP) y a la vez presidente de la comisión interventora de los centros penales, Ramiro Muñoz, informó que hay tres empresas que cumplen con los requisitos para ser precalificadas, dos locales y una extranjera, como resultado de un supuesto proceso en el que 16 empresas mostraron interés, de las cuales 12 se habrían sometido al proceso.
Lo manifestado por Muñoz pone en tela de juicio la transparencia y atenta contra la Ley de Contratación del Estado, que establece que los procesos de contratación directa deben ser públicos, siendo la excepción cuando se exija que las operaciones del gobierno se mantengan secretas por temas de seguridad nacional, para lo cual se debe contar con el acuerdo de autorización por parte de la presidenta de la República.
Además, el artículo 63 numeral 4 detalla siete situaciones por las que se puede evocar la figura de contrataciones directas. Una de ellas es “cuando las circunstancias exijan que las operaciones del Gobierno se mantengan secretas”.
Muñoz argumentó que la secretividad obedece a motivos de seguridad de las empresas oferentes y que en las próximas horas se dará a conocer el nombre de la empresa ganadora.
En enero pasado, Criterio.hn realizó una solicitud de información, pero esta fue negada por el Instituto Nacional Penitenciario (INP) aduciendo que estaba bajo reserva. Sin embargo, la única información que estaba bajo reserva en aquel momento era la pertinente a los planos arquitectónicos, estados de fuerzas de seguridad pública y los informes e información de inteligencia penitenciaria, según la resolución SO-669-2023 que el mismo INP hizo referencia para negar la entrega de la información solicitada por este medio de comunicación.
En las últimas horas este medio digital se dio a la tarea de buscar en los portales de Transparencia y de Honducompras la documentación del proceso de contratación directa del cuestionado centro penitenciario, que se pretende edificar para albergar a 2,000 privados de libertad, pero únicamente se encontró un anuncio en medios de comunicación locales, publicado el 1 de julio, para la precalificación de empresas constructoras.
Bajo estos argumentos, el gobierno asume que datos como las ofertas, las empresas oferentes e incluso el presupuesto, es información reservada por asuntos de seguridad.
De interés: Gobierno niega información sobre costo y origen de fondos de cárcel en Islas del Cisne
BLINDAN INFORMACIÓN
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública permite a los titulares de las secretarías de Estado, instituciones, direcciones que la información pueda ser clasificada como reservada, es decir, que los ministros y directores de las instituciones obligadas evocan el artículo 17 que refiere la clasificación de la información reservada.
“Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley sobre la secretividad de datos y procesos y confidencialidad de datos personales y de información entregada por particulares al Estado bajo reserva; la clasificación de la información pública como reservada procede cuando el daño que puede producirse, es mayor que el interés público”, dice textualmente el referido artículo.
Los motivos para declarar la reserva de la información cuando su divulgación “ponga en riesgo o perjudique: la seguridad del Estado; la vida, la seguridad y la salud de cualquier persona, la ayuda humanitaria, los intereses jurídicamente tutelados a favor de la niñez y de otras personas o por la garantía de Hábeas Data”.
El director de Transparencia y Democracia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Juan Carlos Aguilar, dijo a Criterio.hn que, aunque la ley permite la reserva de la información, los procesos de licitación deben ser publicados en los portales de transparencia y compras del Estado.
No obstante, mencionó que el nombre de la empresa que construirá la cárcel de máxima seguridad en las Islas del Cisne podría ser declarado bajo reserva siempre y cuando esté justificado y cumpla con los parámetros de la Ley de Transparencia.
El entrevistado explicó que al ser declarados como tema de seguridad nacional, la información puede decretarse como secreta.
En pláticas con este medio digital, el analista precisó que las instituciones pueden pedir la reserva en todo lo que ellos consideren, pero esa reserva de información debe cumplir con lo establecido en la Ley de Transparencia.
Según la normativa existen seis causales para declarar como reservada la información, entre ellas: la seguridad del Estado, la conducción de las negociaciones y las relaciones internacionales, y la estabilidad económica, financiera y monetaria del país. En este caso, probablemente, el Gobierno justifique la reserva en la seguridad del Estado.
Mientras que el exsecretario de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (STLCC), Edmundo Orellana, explicó que la reserva de información como presupuestos y empresas que ganan, es válida únicamente si los datos están ligados a la defensa y seguridad nacional.
Orellana dijo a Criterio.hn que las instituciones encargadas de llevar el proceso de licitación pudieron solicitar la reserva de toda la información al catalogarla como seguridad nacional y añadió que “los contratos concernidos en el tema de seguridad y defensa nacional, pueden ser declarados en secretividad”.
Lea: Islas del Cisne: Documentos oficiales avalan protección, pero gobierno insiste con cárcel
CON DECRETO DE EMERGENCIA JUSTIFICAN CONSTRUCCIÓN DE CÁRCEL
Para la contratación directa en la construcción de la cárcel de máxima seguridad, el Gobierno de Xiomara Castro se ampara en el Decreto PCM 18-2024, aprobado por el Consejo de Ministros tras la masacre en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) en la murieron 46 privadas de libertad el 20 de junio de 2023.
El decreto antes citado contempla un estado de emergencia en el sistema penitenciario y delega a la Policía Militar del Orden Público (PMOP) el control de las 25 cárceles hondureñas.
La vigencia del estado de emergencia fue ampliada hasta el 31 de diciembre de 2024 mediante la aprobación del PCM 18-2024 que faculta a los militares a proceder con la compra y adquisición directa de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento adecuado de los centros penales.
Este decreto ejecutivo dio luz verde además a la finalización del centro penal en Naco, y la construcción del Centro de Reclusión de Emergencia (CRE) en una zona despoblada entre los departamentos de Gracias a Dios y Olancho.
La edificación del centro penal de máxima seguridad atenta contra los derechos humanos de los privados de libertad por la falta de comunicación con sus familiares, según los tratados internacionales sobre derechos humanos. Asimismo, se prevé que ocasionará un irreversible daño en el ecosistema en un área protegida.
También la inviabilidad de la obra obedece a los altos costos que va desde su construcción, operatividad y mantenimiento. De hecho, especialistas en seguridad estiman que el costo de construcción es de al menos 80 millones de dólares.
